Ana Rosa Amezcua Martínez
Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Ana Rosa Amezcua Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual, comunica que en sesión virtual de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió el conflicto competencial 10/2023, por medio del cual se declaró competente para conocer de la demanda de amparo presentada por Ana Rosa Amezcua Martínez, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Lo anterior, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintiocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibida similar información, acordándose lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Resolución Intégrese la promoción electrónica signada por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual, remite testimonio de la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el conflicto competencial 10/2023, de su índice, en la cual, el órgano colegiado de su adscripción resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer de la demanda de amparo presentada por ********************por propio derecho". Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente en el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, proveniente del Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional; mismo que registró y admitió con el número********************de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la resolución que emita el órgano colegiado oficiante.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que transcribe el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 152/2023-XII, de su índice, a través del cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado. Del análisis a los argumentos vertidos por la autoridad oficiante, de manera respetuosa no se comparten; por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador, insiste en declinar la competencia, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: 1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues -se insiste- la parte quejosa reclama de manera toral: - La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión formulada el quince de noviembre de dos mil veintidós, a la cual la responsable le asignó el número de folio 2,198, 565-42102, presentada en la Oficina de Atención al Derechohabiente de Tultitlán, Estado de México. En ese tenor, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, conlleva un principio de ejecución, pues el pago de dicha pensión está intrínsecamente ligado a su domicilio, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el Municipio de Naucalpan, pues en el escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente de Tultitlán, Estado de México, del que se advierte el lugar de pago (Tultitlán), así como su domicilio (Emiliano Zapata mza 1, lt. 2, ampl buenavista 1ra. Secc, Tultitlán, México). Apoya a la presente determinación, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Sirve de apoyo, por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Realizadas las acotaciones de mérito, se aprecia que no se surte la competencia por territorio de este juzgado de Distrito para conocer de la demanda de referencia, motivo por el cual se actualiza el supuesto precisado anteriormente, relativo a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se haya ejecutado, se ejecute o pretenda ejecutarse, y que no corresponde a la demarcación territorial atribuida a este órgano jurisdiccional en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, la determinación anterior se sustenta en la ejecutorias emitidas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ambos con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro de los conflictos competenciales 3/2023 y 34/2022, de sus índices, respectivamente, en las que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. CONFLICTO COMPETENCIAL De ahí, que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes.
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