Ana Rita Hinojosa Delgado

Expediente 957/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
957/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • Ana Rita Hinojosa Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se declara que la sentencia en el presente juicio ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción. Por otro lado, al haberse negado la suspensión definitiva, el original de dicha incidencia es susceptible de destrucción. El duplicado de dicho expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que en autos, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento total dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente juicio, este juzgado procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión civil 182/2016 antes 81/2016, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, confirmó la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Uruapan, Michoacán el catorce de diciembre de dos mil quince, en la cual concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para que el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio a través de la Subdirección respectiva en Cadereyta de Montes, Querétaro, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la cancelación por caducidad de los asientos registrales sobre los inmuebles embargados en el juicio ejecutivo mercantil de origen; y En caso de volver a pronunciarse en torno a la cancelación aludida, debería otorgar la garantía de audiencia a la sucesión quejosa. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable allegó a los autos copia de las determinaciones siguientes determinaciones en las que realizo lo que continuación se precisa: Canceló las inscripciones marginales realizadas en los inmuebles en cita, acompañando certificación electrónica expedida por la Subdirección vinculada al cumplimiento, por lo que quedó subsistente el embargo trabado en el juicio de origen. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. No es obstáculo para lo anterior el hecho que no exista constancias con relación al segundo de los efectos, en razón a que dicha actuación de la autoridad responsable está subordinada a la petición que las partes interesadas realicen ante ella, lo que hace que dicho actuar sea dependiente a una conducta posible e incierta, lo que no es compatible con el pronunciamiento de ésta determinación pues no puede depender de la voluntad de las partes. Al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Asimismo, devuélvase a la Juez Mixto de Primero Instancia en Cadereyta de Montes, Querétaro, las constancias que remitieron como apoyo a sus informes justificados, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formó con ellas. Finalmente, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta asentada por el fedatario judicial adscrito a este Juzgado, de la cual se desprende que no le fue posible emplazar al tercero interesado en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones asentadas en su ocurso. Ahora bien, atento a que el Juez Quinto de Primera Instancia Penal, en esta ciudad, comunicó que no existe el acto reclamado y al efecto allegó diversas constancias derivadas de la causa penal 68/2016 de su índice, de las que se evidencia que en seis de mayo del año que transcurre, dictó una resolución en la que determinó negar la orden de aprehensión, en contra de la aquí quejosa; en razón de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que señala que a quien le resulta el carácter de tercero interesado en un juicio del orden penal, es a la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad; consecuentemente, al no encontrarse en ninguno de los supuestos que la ley prevé, se le desconoce a Alejandro Straffon Báez el carácter de tercero indicado por la aquí quejosa en su escrito de demanda; y por tanto, que sea innecesario su llamamiento. En ese contexto, téngase la constancia actuarial de cuenta, agregada a los autos para que obre como constancia. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que proveniente del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, mediante el cual informa que la ejecutoria del presente juicio se encuentra en vías de cumplimiento; en consecuencia, se requiere a la autoridad oficiante a efecto que con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, siga informando de manera inmediata todo hecho que tenga relación con las convivencias entre la parte quejosa y sus descendientes, así como las acciones que lleve a cabo para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Lo anterior bajo el apercibimiento que de ser omiso en atender al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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