Ana Paulina Vázquez Padilla
Expediente 1641/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/10/2023
Partes del expediente
- Ana Paulina Vázquez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y tomando en cuenta que se negó la medida cautelar, se considera susceptible de destrucción el cuaderno original, de suerte que, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo y previo a la realización de la visita de inspección correspondiente, deberá destruirse y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del referido acuerdo general, realícese la anotación de DESTRUCCIÓN en la carátula del cuaderno original. En tanto que, de existir el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, por lo que, una vez concluido el plazo de seis meses, contado a partir del presente acuerdo y previo a la realización de la visita de inspección correspondiente, deberá destruirse y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, es destruible, ya que se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio; consecuentemente, una vez cumplido el término de tres años, contado a partir del presente acuerdo y previo a la realización de la visita de inspección correspondiente, deberá destruirse y remitirse, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. b) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en el cuaderno incidental correspondiente. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. En principio, es pertinente señalar que en la sentencia dictada por este juzgado el quince de agosto de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, con el fin de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Así, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos que se estiman transgredidos, el amparo tendrá el efecto de que las responsables: Dejen insubsistente el acuerdo de ********************, reclamado. Emitan otro acuerdo, que sea suscrito por el Gobernador del Estado de Jalisco y que sea refrendado por los secretarios del ramo que correspondan, en términos de lo que disponen los artículos 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en el que conforme a las normas legales vigentes y a los requisitos correspondientes, atiendan de manera exhaustiva, fundada y motivada las solicitudes de prórroga formuladas por la quejosa, subsanando todos los vicios evidenciados en este este fallo y con libertad de jurisdicción, resuelvan sobre la procedencia o no de las solicitudes de mérito. Se insiste en que lo anterior no significa que de manera automática, ante las solicitudes de la parte quejosa para prorrogar sus concesiones, la autoridad tenga que responder en sentido afirmativo a la concesionaria; sin embargo, en respeto a los principios de legalidad y de seguridad jurídica, las autoridades están obligadas a emitir respuesta fundada y motivada, congruente y certera sobre tales aspectos. Sin que este juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad para pronunciarse en forma detallada como se indica, porque corresponderá a las responsables, en su caso, al ser las rectoras del procedimiento de origen, las que deben resolver sobre el particular, ya que de otra manera este órgano jurisdiccional, se estaría sustituyendo a las facultades de las responsables que les son propias, lo que no es dable, por ser éste, un órgano de control constitucional, por lo que el efecto del amparo se constriñe sólo a dejar insubsistente el acto y emitir una nueva resolución. Inconformes con la sentencia el Gobernador y el Secretario General, ambos del Estado de Jalisco, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer, por razón de turno, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registro con el número 479/2019 y, en sesión de dos de julio de dos mil veinte, lo resolvió en los siguientes términos: PRIMERO. Queda intocado el resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por su considerando tercero. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma el fallo impugnado. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos que se indican en la propia sentencia recurrida. CUARTO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por la parte quejosa. De esta forma, las autoridades responsables con el fin de cumplir con la ejecutoria, deben demostrar que cumplieron con lo siguiente: A) Las autoridades responsables deben de emitir una determinación por la cual dejen insubsistente el acuerdo de ********************. B1) Las autoridades responsables deben emitir un nuevo acuerdo suscrito por el Gobernador del Estado y que sea refrendado por los secretarios del ramo que correspondan, en términos de lo que disponen los artículos 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. El acuerdo debe emitirse conforme a las normas legales vigentes y a los requisitos correspondientes; en él se deben atender, también, de manera exhaustiva, fundada y motivada, las solicitudes de prórroga formuladas por la quejosa, subsanando todos los vicios evidenciados en el fallo y con libertad de jurisdicción, deben resolver sobre la procedencia o no de las solicitudes de mérito. Con el fin de subsanar los vicios de forma evidenciados en la ejecutoria -debido a que se estimaron dogmáticos los argumentos empleados en el acto reclamado-, las autoridades responsables, en el nuevo acuerdo que emitan, deben atender lo siguiente: B2) Deben considerar la condición cuarta, párrafo tercero, del clausulado de los contratos de concesión, por lo que: B2.1) Solo de manera fundada y motivada pueden exigir requisitos adicionales a los pactados, tales como requerir un estudio del ingreso y gastos derivados de las concesiones otorgadas. B2.2) Solo con una justificación legal y suficiente pueden adicionar al tema del aforo vehicular, elementos diversos que no se desprenden de lo acordado por las partes. B2.3) Deben sustentar suficientemente si la información exhibida por la quejosa permite o no determinar si ésta obtuvo la inversión que se indicó que tiene derecho y si permite o no validar lo relativo a los ingresos y gastos. B3) Las autoridades al tomar su decisión deberán considerar los argumentos realizados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, en los que recomendó que la quejosa siguiera operando los tramos concesionados, por las diversas razones que expuso. B4) En caso de que las autoridades estimen que la quejosa debe exhibir documentación que requiere la intervención de una empresa "certificada", deberán precisar a qué tipo de empresa se refieren y, en su caso hacer el requerimiento correspondiente -de ser procedente-, a efecto de que se pueda subsanar dicha deficiencia dentro de un plazo razonable, brindando lineamientos claros de las especificaciones en que requiera la información que le sea presentada. B5) Al valorar las pruebas documentales aportadas deberán exponer si acreditan o no un aforo menor al proyectado y por qué, con el fin de que la quejosa tenga conocimiento de las razones por las que llega a tal conclusión. B6) Atiendan las manifestaciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en la parte que indicó que debía solicitarse a la concesionaria que realizara modificaciones a los estudios presentados al solicitar la prórroga de que se trata. B7) En el supuesto de que consideren que la cantidad de seguro contratada para el caso de siniestro debe ser superior a la que ampara la póliza de la empresa quejosa, deberán especificar de dónde obtuvieron que esa cantidad era insuficiente y demás datos o elementos que permitan dotar de seguridad a la solicitante de dónde se obtuvo que se requería una suma mayor y cuál es el parámetro con el que se evalúa que la póliza que tiene es insuficiente. B8) Reparen la incongruencia existente al abordar el tema de la necesidad de reencarpetamiento requerido para los tramos carreteros, debido a que, por una parte, señalaron que se encontraban en condiciones óptimas y, por otra, que debía ser efectuada una reparación. Ahora, se hace la aclaración de que -atendiendo a las consideraciones formuladas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la inejecución de sentencia ******************** de su índice- por lo que ve al punto B2.3), únicamente en el caso de que estimaran necesario analizar si la información exhibida por la quejosa permitía o no determinar si ésta obtuvo la inversión que se indicó que tiene derecho y si permitía o no validar lo relativo a los ingresos y gastos, debían fundar y motivar la necesidad de incorporar ese aspecto al momento de emitir la resolución correspondiente. Luego, en cuanto al punto B8), relativo a reparar la incongruencia existente al abordar el tema de reencarpetamiento requerido para los tramos carreteros, dicha obligación, solo debería atenderse, en el supuesto de que insistieran en la necesidad de ponderar tal aspecto, siempre y cuando se fundara y motivara la razón para hacerlo; pues en caso de que consideraran innecesario abordar dicha problemática, válidamente podían omitirlo. Cabe señalar que mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito el veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Coordinador Jurídico de la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual, entre otras cosas, se dejó insubsistente, en todos sus efectos jurídicos, el acuerdo de ********************. Ahora, mediante oficio recibido el tres de agosto de dos mil veintitrés, el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, informó que se había dado cumplimiento a la ejecutoria con la emisión de la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés en el procedimiento administrativo ********************, del que anexo copia certificada. Con el oficio y anexos mencionados, por auto de cuatro de agosto de la presente anualidad se dio vista a la parte quejosa. A continuación, se examinará el contenido de la resolución de trece de julio de dos mil veintitrés para verificar si con ésta se acataron o no los extremos del fallo protector: En el considerando primero se estableció la competencia del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. En el considerando segundo se dijo que era oportuna la presentación de las solicitudes de prórroga de los contratos de concesión para la construcción, explotación y conservación de los tramos carreteros de jurisdicción estatal denominados "********************" y "Libramiento Carretero de********************". En el considerando tercero se determinó que la personalidad y personería de la parte solicitante quedó demostrada. En el considerando cuarto se analizaron las constancias acompañadas a las solicitudes de prórroga. En el considerando quinto se estudió la procedencia de la solicitud de los títulos de concesión, para lo cual se destacaron las razones por las cuales se solicitaba la prórroga y se efectuó un análisis del marco legal y doctrinal que rige los contratos de concesión y se sostuvo que: En la especie si bien en el tercer párrafo de las cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión de los Libramientos Carreteros de la ciudad de ********************y de********************, se había establecido que la proyección de tránsito previsto por la concesionaria en cuanto a su composición y aforos, resultaba inferior a aquél efectivamente obtenido con motivo de la operación de ambos tramos carreteros, aquella tendría derecho a solicitar una prórroga para obtener la total recuperación de la inversión efectuada, pues expresamente se estipuló que la procedencia de dichas prórrogas respecto de la vigencia de ambos contratos de concesión quedaba sujeta al juicio o decisión del Gobierno del Estado de Jalisco. Del contenido de la cláusula "Décima Segunda" de ambos contratos de concesión se pactó que el otorgamiento de las concesiones no creaba o constituía -a favor de la parte concesionaria- derechos reales, ni acción posesoria respecto de los tramos carreteros materia de las concesiones; y si bien era cierto que ese derecho podía ser prorrogado, la extensión de su vigencia no era propiamente un derecho adquirido del concesionario, y que éste lo hubiera incorporado a su esfera jurídica por la sola suscripción de ambos contratos de concesión, sino que se trataba simplemente de una posibilidad de extender o prorrogar el derecho a explotar ambos tramos carreteros por un período adicional. La obligación de esa autoridad de garantizar la prestación del servicio público de carreteras para el traslado y transporte de personas y mercancías cumpliendo con las mejores condiciones en favor del público usuario, constituía una cuestión de orden público e interés social. La autoridad administrativa estaba obligada a realizar, previo al otorgamiento o renovación de cualquier concesión, un estudio de las modalidades y condiciones de otorgamiento de la misma, con el objeto de que se garantizara la eficiencia y eficacia de los bienes de dominio público y la preservación del interés público, lo que permitía ajustar la actuación de esa autoridad al principio de verdad material que rige los actos y procedimientos administrativos. Al entrar al estudio de las solicitudes de prórroga determinó: Falta de cumplimiento de la condición establecida en las cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión. En relación a este tópico la responsable aseveró que: No se cumplió con la condición establecida en las cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión, ya que sostuvo que las documentales exhibidas carecían de valor probatorio para acreditar que la proyección de tránsito había sido inferior a las previstas en los contratos de concesión, para que, en su caso, el Gobierno del Estado de Jalisco estuviera en aptitud legal y contractual de analizar la procedencia de otorgar la prórroga solicitada para ampliar la vigencia de las concesiones otorgadas. Una vez realizada la revisión, análisis y adminiculación de las constancias exhibidas por la solicitante concluyó que no era factible tener por acreditado, ni siquiera de manera indiciaria, que la proyección de tránsito (cantidad y calidad de los usuarios de ambos tramos carreteros), hubiera sido inferior a aquellas que originalmente habían sido proyectadas, previo a la celebración de los contratos de concesión, para que en su caso, se estuviera en aptitud de analizar la procedencia de las solicitudes de prórrogas de las concesiones inicialmente otorgadas. Las solicitudes de prórroga de los contratos de concesión resultaban improcedentes, debido a que la solicitante no acreditó que durante la vigencia de los contratos el aforo real de los usuarios que utilizaron los tramos carreteros concesionados fuera inferior al proyectados "al llevarse a cabo la operación de la carretera", según se estableció en el tercer párrafo de las respectivas cláusulas cuarta y quinta, de los contratos de concesión. Al determinar que eran improcedentes las solicitudes de prórroga de las concesiones, estimó que era innecesario el análisis de cualquier elemento adicional "al tema del aforo vehicular", pues consideró que era ocioso realizar el estudio de cualquier otro tema cuando las solicitudes de prórroga eran improcedentes en sí mismas. No eran de tomar en cuenta las documentales aportadas por la concesionaria en atención a los requerimientos que se le formularon mediante oficios ********************, de veinticinco de abril, ********************, de cinco de julio y ********************, de veintiuno de octubre, todos de dos mil trece, pues refirió que en ellos se habían requerido aspectos diversos a los estudios propios del aforo vehicular de ambos tramos carreteros. Consideró que su estudio resultaba no solo ocioso, sino también inconducente, en atención a lo previsto en el tercer párrafo de las respectivas cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión en análisis, ya que la condición que obligatoriamente debió satisfacer la concesionaria era que exhibiera los respectivos estudios de los aforos y la composición de los usuarios de los tramos carreteros en cuestión. Este juzgado en el párrafo 134 de la ejecutoria que se cumplimentaba determinó que: "(.) las responsables, sin justificación legal para hacerlo adicionaron al tema del aforo vehicular, elementos diversos que no se desprenden de lo acordado entre las partes, en los contratos correspondientes (...)", pues destacó que el estudio de la procedencia del estudio de las solicitudes de prórroga estaba condicionado únicamente a que se cumpliera con el tercer párrafo de las respectivas cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión; aunado a que la petición contenida en los oficios de mérito había sido injustificada, como lo había señalado este juzgador. Análisis relativo a la conveniencia de prorrogar el derecho de uso, aprovechamiento o explotación de los tramos carreteros concesionados, atendiendo a los principios de interés social y orden público. En relación a este punto mencionó que: En atención a los efectos y lineamientos del fallo constitucional que se atendía, por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós se había ordenado reponer el procedimiento, con el fin de salvaguardar el orden público y el interés social, por lo que era necesario actualizar las opiniones técnica que en su oportunidad había otorgado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco mediante los oficios ********************y ********************a través de los cuales se habían remitido opiniones técnicas en las que se había dado cuenta de las condiciones materiales, operativas y de logística en que se encontraban los tramos carreteros en el mes de abril de dos mil catorce y cuyo análisis se había ordenado por este juzgado federal como parte de los lineamientos del fallo judicial, en específico, el lineamiento identificado como "B3". Mediante diversos oficios la Secretaría de Infraestructura y de Obra Pública había exhibido los documentos a través de los cuales acreditó la actualización de las opiniones Al oficio ********************, adjuntó los dictámenes técnicos contenidos en los oficios ********************, correspondiente al Libramiento carretero de la ciudad de ********************y ********************, correspondiente al Libramiento carretero de********************. Al oficio ********************, adjuntó información complementaria a los dictámenes técnicos referidos en el inciso anterior. Al oficio ********************, remitió copia certificada de la sentencia del diverso juicio de amparo ********************, dictada por este juzgado, así como el oficio ********************, elaborado con motivo de ese mismo expediente. Del análisis de la documentación referida se advertía que la vigencia del contrato de concesión del Libramiento carretero de ciudad de ********************feneció el quince de mayo de dos mil catorce; y, por otra parte, que la vigencia del contrato de concesión del Libramiento carretero de******************** feneció el veinticuatro de octubre de dos mil catorce. La aquí quejosa no solo mantuvo la posesión de los tramos carreteros materia de las concesiones, sino que también siguió explotando la operación del servicio público de carreteras de dichos tramos carreteros, cobrando a los usuarios de los mismos las cuotas y peajes respectivos. La peticionaria de amparo estuvo de facto en posesión de los tramos carreteros materia de las dos solicitudes de prórroga -sin autorización alguna o títulos habilitantes que así lo permitieran-, explotando la operación del servicio público de carreteras, desde que feneció la vigencia de los contratos de concesión y hasta el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. La anterior circunstancia había sido reconocida y confesada por la quejosa, por conducto de su Administrador General Único, ******************** mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, de modo que la moral quejosa mantuvo la operación y explotación del servicio público de los tramos carreteros en cuestión por un período adicional de cinco años más allá de la vigencia del contrato de concesión por lo que ve ********************; y por un período adicional de cuatro años casi once meses más allá de la vigencia del contrato de concesión relativo al Libramiento carretero de********************. De acuerdo a lo indicado en las opiniones técnicas contenidas en los oficios ******************** (correspondiente al ********************) y ******************** (correspondiente al libramiento carretero de********************), la empresa concesionaria no había cumplido con las obligaciones a su cargo, consistentes en la conservación de los tramos carreteros, con las características técnicas que se referían en los respectivos "Anexos 4", de los contratos de concesión, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública había emitido sus opiniones técnicas concluyendo que en la actualidad resultaba inviable prorrogar la vigencia de dichos contratos de concesión. La aludida Secretaría había manifestado en sus actualizaciones que tenía atribución y suficiencia presupuestal para continuar con la conservación de ambos tramos carreteros, en lo relativo al elemento técnico de su conservación y, que desde que fueron recuperados los tramos carreteros y hasta la fecha, no se cobraba peaje o cuota alguna a los usuarios por su utilización, lo que representaba un beneficio para las comunidades que circulan por dichas vías de comunicación. Por lo que ve a la recomendación realizada en su oportunidad por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco mediante las opiniones técnicas remitidas mediante oficios ********************y ********************en el sentido de que a esa fecha era procedente prorrogar los contratos de concesión por cinco años más, dicho plazo se cumplió de facto, pues la solicitante mantuvo la posesión material de los tramos carreteros materia de las solicitudes de prórroga, en ambos casos, hasta el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. No era viable ni conveniente para el Gobierno del Estado de Jalisco otorgar la prórroga de la vigencia de los contratos de concesión, en razón de que: Actualmente el Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con la capacidad económica, técnica y operativa para prestar el servicio público que estuvo concesionado en ambos tramos carreteros, sin la necesidad de particulares. Esto hacía innecesario el cobro de peaje, por lo que la población podía circular de manera gratuita. Esa autoridad no podía dejar de tomar en cuenta la determinación técnica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco emitida mediante los oficios ******************** (correspondiente al ********************) y ******************** (correspondiente al libramiento carretero de********************), en el sentido de que resultaba inviable, por las razones técnicas vertidas, prorrogar la vigencia de los contratos de concesión celebrados con la aquí quejosa. Con lo anterior se satisfacía lo ordenado en el lineamiento identificado como "B6)" de la ejecutoria que se cumplimentaba. El resolutivo de la determinación fue: R e s o l u t i v o s: Único. Se considera improcedente prorrogar la vigencia de los contratos de concesión celebrados con ´********************para la construcción, explotación, operación, mantenimiento y conservación de los tramos carreteros identificados como ´********************y ´Libramiento de********************.´ Finalmente, el acuerdo se suscribió por el Gobernador Constitucional ante el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Transporte y el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, todos del Estado de Jalisco, en el entendido que estos últimos lo refrendaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 de la Constitución Política, 7, fracción III, 15, fracción III, 16, fracción I, 17, fracciones IV y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco. Enseguida se realizará una comparativa entre los efectos de la ejecutoria de amparo y lo informado por las responsables en relación al cumplimiento, a fin de realizar una valoración sobre el cumplimiento: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO QUE SE INFORMÓ POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES VALORACIÓN A) Las autoridades responsables deben de emitir una determinación por la cual dejen insubsistente el acuerdo de ********************. A) El Coordinador Jurídico de la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el cual, entre otras cosas, se dejó insubsistente, en todos sus efectos jurídicos, el acuerdo de ********************. B1) Las autoridades responsables deben emitir un nuevo acuerdo suscrito por el Gobernador del Estado y que sea refrendado por los secretarios del ramo que correspondan, en términos de lo que disponen los artículos 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. B1) La resolución de trece de julio de dos mil veintitrés emitida en el procedimiento administrativo ******************** fue suscrita por el Gobernador Constitucional ante el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Transporte y el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, todos del Estado de Jalisco, estos últimos lo refrendaron de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 de la Constitución Política, 7, fracción III, 15, fracción III, 16, fracción I, 17, fracciones IV y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco. El acuerdo debe emitirse conforme a las normas legales vigentes y a los requisitos correspondientes; en él se deben atender, también, de manera exhaustiva, fundada y motivada, las solicitudes de prórroga formuladas por la quejosa, subsanando todos los vicios evidenciados en el fallo y con libertad de jurisdicción, deben resolver sobre la procedencia o no de las solicitudes de mérito. Con el fin de subsanar los vicios de forma evidenciados en la ejecutoria -debido a que se estimaron dogmáticos los argumentos empleados en el acto reclamado-, las autoridades responsables, en el nuevo acuerdo que emitan, deben atender lo siguiente: B2) Deben considerar la condición cuarta, párrafo tercero, del clausulado de los contratos de concesión, por lo que: B2.1) Solo de manera fundada y motivada pueden exigir requisitos adicionales a los pactados, tales como requerir un estudio del ingreso y gastos derivados de las concesiones otorgadas. B2.1) En el acuerdo emitido en cumplimiento no se requirió a la parte quejosa por un estudio del ingreso y gastos derivados de las concesiones otorgadas. B2.2) Solo con una justificación legal y suficiente pueden adicionar al tema del aforo vehicular, elementos diversos que no se desprenden de lo acordado por las partes. B2.2) No se adicionó un tema diverso al aforo vehicular. B2.3) Deben sustentar suficientemente si la información exhibida por la quejosa permite o no determinar si ésta obtuvo la inversión que se indicó que tiene derecho y si permite o no validar lo relativo a los ingresos y gastos. B2.3) Se determinó que las solicitudes de prórroga de los contratos de concesión resultaban improcedentes, debido a que la solicitante no acreditó que durante la vigencia de los contratos el aforo real de los usuarios que utilizaron los tramos carreteros concesionados fuera inferior al proyectados "al llevarse a cabo la operación de la carretera", según se estableció en el tercer párrafo de las respectivas cláusulas cuarta y quinta, de los contratos de concesión. Al determinar que eran improcedentes las solicitudes de prórroga de las concesiones, se consideró que era innecesario el análisis de cualquier elemento adicional "al tema del aforo vehicular", pues sostuvo que era ocioso realizar el estudio de cualquier otro tema cuando las solicitudes de prórroga eran improcedentes en sí mismas. B3) Las autoridades al tomar su decisión deberán considerar los argumentos realizados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, en los que recomendó que la quejosa siguiera operando los tramos concesionados, por las diversas razones que expuso. B3) En atención a los efectos y lineamientos del fallo constitucional por acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós se ordenó reponer el procedimiento con el fin de actualizar las opiniones técnica que en su oportunidad había otorgado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco mediante los oficios ********************y ********************a través de los cuales se habían remitido opiniones técnicas en las que se había dado cuenta de las condiciones materiales, operativas y de logística en que se encontraban los tramos carreteros en el mes de abril de dos mil catorce y cuyo análisis se había ordenado por este juzgado federal como parte de los lineamientos del fallo judicial, en específico, el lineamiento identificado como "B3". La responsable señaló que mediante diversos oficios la Secretaría de Infraestructura y de Obra Pública había exhibido los documentos a través de los cuales acreditó la actualización de las opiniones Al oficio ********************, adjuntó los dictámenes técnicos contenidos en los oficios ********************, correspondiente al Libramiento carretero de la ciudad de ********************y ********************, correspondiente al Libramiento carretero de********************. Al oficio ********************, adjuntó información complementaria a los dictámenes técnicos referidos en el inciso anterior. Al oficio ********************, remitió copia certificada de la sentencia del diverso juicio de amparo ********************, dictada por este juzgado, así como el oficio ********************, elaborado con motivo de ese mismo expediente. Del análisis de la documentación referida advirtió que la vigencia del contrato de concesión del Libramiento carretero de ciudad de ********************feneció el quince de mayo de dos mil catorce; y, por otra parte, que la vigencia del contrato de concesión del Libramiento carretero de******************** feneció el veinticuatro de octubre de dos mil catorce. Por lo anterior, afirmó que la aquí quejosa no solo mantuvo la posesión de los tramos carreteros materia de las concesiones, sino que también siguió explotando la operación del servicio público de carreteras de dichos tramos carreteros, cobrando a los usuarios de los mismos las cuotas y peajes respectivos. Y, que la peticionaria de amparo estuvo de facto en posesión de los tramos carreteros materia de las dos solicitudes de prórroga -sin autorización alguna o títulos habilitantes que así lo permitieran-, explotando la operación del servicio público de carreteras, desde que feneció la vigencia de los contratos de concesión y hasta el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. Adujo que la anterior circunstancia había sido reconocida y confesada por la quejosa, por conducto de su Administrador General Único, ******************** mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, de modo que la moral quejosa mantuvo la operación y explotación del servicio público de los tramos carreteros en cuestión por un período adicional de cinco años más allá de la vigencia del contrato de concesión por lo que ve ********************; y por un período adicional de cuatro años casi once meses más allá de la vigencia del contrato de concesión relativo al Libramiento carretero de********************. Y, que de acuerdo a lo indicado en las opiniones técnicas contenidas en los oficios ******************** (correspondiente al ********************) y ******************** (correspondiente al libramiento carretero de********************), la empresa concesionaria no había cumplido con las obligaciones a su cargo, consistentes en la conservación de los tramos carreteros, con las características técnicas que se referían en los respectivos "Anexos 4", de los contratos de concesión, por lo que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública había emitido sus opiniones técnicas concluyendo que en la actualidad resultaba inviable prorrogar la vigencia de dichos contratos de concesión. Agregó que la aludida Secretaría había manifestado en sus actualizaciones que tenía atribución y suficiencia presupuestal para continuar con la conservación de ambos tramos carreteros, en lo relativo al elemento técnico de su conservación y, que desde que fueron recuperados los tramos carreteros y hasta la fecha, no se cobraba peaje o cuota alguna a los usuarios por su utilización, lo que representaba un beneficio para las comunidades que circulan por dichas vías de comunicación. Por lo que ve a la recomendación realizada en su oportunidad por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco mediante las opiniones técnicas remitidas mediante oficios ********************y ********************en el sentido de que a esa fecha era procedente prorrogar los contratos de concesión por cinco años más, indicó que dicho plazo se cumplió de facto, pues la solicitante mantuvo la posesión material de los tramos carreteros materia de las solicitudes de prórroga, en ambos casos, hasta el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve.. B4) En caso de que las autoridades estimen que la quejosa debe exhibir documentación que requiere la intervención de una empresa "certificada", deberán precisar a qué tipo de empresa se refieren y, en su caso hacer el requerimiento correspondiente -de ser procedente-, a efecto de que se pueda subsanar dicha deficiencia dentro de un plazo razonable, brindando lineamientos claros de las especificaciones en que requiera la información que le sea presentada. B4) Las autoridades no pidieron a la quejosa documentación que requiriera la intervención de una empresa "certificada". B5) Al valorar las pruebas documentales aportadas deberán exponer si acreditan o no un aforo menor al proyectado y por qué, con el fin de que la quejosa tenga conocimiento de las razones por las que llega a tal conclusión. B5) Falta de cumplimiento de la condición establecida en las cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión. La responsable aseveró que: No se cumplió con la condición establecida en las cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión, ya que sostuvo que las documentales exhibidas carecían de valor probatorio para acreditar que la proyección de tránsito había sido inferior a las previstas en los contratos de concesión, para que, en su caso, el Gobierno del Estado de Jalisco estuviera en aptitud legal y contractual de analizar la procedencia de otorgar la prórroga solicitada para ampliar la vigencia de las concesiones otorgadas. Mencionó que una vez realizada la revisión, análisis y adminiculación de las constancias exhibidas por la solicitante se concluía que no era factible tener por acreditado, ni siquiera de manera indiciaria, que la proyección de tránsito (cantidad y calidad de los usuarios de ambos tramos carreteros), hubiera sido inferior a aquellas que originalmente habían sido proyectadas, previo a la celebración de los contratos de concesión, para que en su caso, se estuviera en aptitud de analizar la procedencia de las solicitudes de prórrogas de las concesiones inicialmente otorgadas. Asimismo, que las solicitudes de prórroga de los contratos de concesión resultaban improcedentes, debido a que la solicitante no acreditó que durante la vigencia de los contratos el aforo real de los usuarios que utilizaron los tramos carreteros concesionados fuera inferior al proyectados "al llevarse a cabo la operación de la carretera", según se estableció en el tercer párrafo de las respectivas cláusulas cuarta y quinta, de los contratos de concesión. Al determinar que eran improcedentes las solicitudes de prórroga de las concesiones, estimó que era innecesario el análisis de cualquier elemento adicional "al tema del aforo vehicular", pues consideró que era ocioso realizar el estudio de cualquier otro tema cuando las solicitudes de prórroga eran improcedentes en sí mismas. Precisó que no eran de tomar en cuenta las documentales aportadas por la concesionaria en atención a los requerimientos que se le formularon mediante oficios ********************, de veinticinco de abril, ********************, de cinco de julio y ********************, de veintiuno de octubre, todos de dos mil trece, pues refirió que en ellos se habían requerido aspectos diversos a los estudios propios del aforo vehicular de ambos tramos carreteros. Consideró que su estudio resultaba no solo ocioso, sino también inconducente, en atención a lo previsto en el tercer párrafo de las respectivas cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión en análisis, ya que la condición que obligatoriamente debió satisfacer la concesionaria era que exhibiera los respectivos estudios de los aforos y la composición de los usuarios de los tramos carreteros en cuestión. Acotó que este juzgado en el párrafo 134 de la ejecutoria que se cumplimentaba determinó que: " las responsables, sin justificación legal para hacerlo adicionaron al tema del aforo vehicular, elementos diversos que no se desprenden de lo acordado entre las partes, en los contratos correspondientes , pues destacó que el estudio de la procedencia del estudio de las solicitudes de prórroga estaba condicionado únicamente a que se cumpliera con el tercer párrafo de las respectivas cláusulas "Cuarta" y "Quinta" de los contratos de concesión; aunado a que la petición contenida en los oficios de mérito había sido injustificada, como lo había señalado este juzgador. B6) Atiendan las manifestaciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en la parte que indicó que debía solicitarse a la concesionaria que realizara modificaciones a los estudios presentados al solicitar la prórroga de que se trata. B6) La responsable determinó que no era viable ni conveniente para el Gobierno del Estado de Jalisco otorgar la prórroga de la vigencia de los contratos de concesión, en razón de que: Actualmente el Gobierno del Estado de Jalisco contaba con la capacidad económica, técnica y operativa para prestar el servicio público que estuvo concesionado en ambos tramos carreteros, sin la necesidad de particulares. Esto hacía innecesario el cobro de peaje, por lo que la población podía circular de manera gratuita. Esa autoridad no podía dejar de tomar en cuenta la determinación técnica de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco emitida mediante los oficios ******************** (correspondiente al ********************) y ******************** (correspondiente al libramiento carretero de********************), en el sentido de que resultaba inviable, por las razones técnicas vertidas, prorrogar la vigencia de los contratos de concesión celebrados con la aquí quejosa. B7) En el supuesto de que consideren que la cantidad de seguro contratada para el caso de siniestro debe ser superior a la que ampara la póliza de la empresa quejosa, deberán especificar de dónde obtuvieron que esa cantidad era insuficiente y demás datos o elementos que permitan dotar de seguridad a la solicitante de dónde se obtuvo que se requerí una suma mayor y cuál es el parámetro con el que se evalúa que la póliza que tiene es insuficiente. B7) Las autoridades no abordaron este tópico, por lo que no exigieron nada a la parte quejosa al respecto. B8) Reparen la incongruencia existente al abordar el tema de la necesidad de reencarpetamiento requerido para los tramos carreteros, debido a que, por una parte, señalaron que se encontraban en condiciones óptimas y, por otra, que debía ser efectuada una reparación. B8) Si bien la autoridad no reparó esta incongruencia, ésta solo debía atenderse en el supuesto de que insistieran en ponderar tal aspecto, de modo que si las autoridades no insistieron en este punto, no se les podía exigir algo más. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, es conservable, ya que se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, consérvese en su integridad y, una vez se cumplan tres años a partir del presente acuerdo, transfiérase a los depósitos documentales a cargo de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. b) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de CONSERVABLE. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en el cuaderno incidental correspondiente. Finalmente, del estado de autos se advierte que mediante proveídos de ********************, se ordenaron formar los Tomos I y II de los cuadernos de pruebas con las constancias remitidas por la autoridad responsable; por lo que, al resultar innecesaria su permanencia, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo.
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