Ana Patricia Torres Silva

Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
156/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Patricia Torres Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ? VALORACIÓN: No es de relevancia documental. ? DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. ? DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    RESOLUCION DE INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. [...] SEGUNDO. Estudio. La parte quejosa se inconformó contra la notificación por lista del acuerdo preventivo de siete de abril de dos mil veintiuno, pues considera que es ilegal, por las consideraciones siguientes: Dice que no debió notificarse por lista sino que debió seguirse el mismo criterio que en un diverso juicio de amparo indirecto también de conocimiento de este juzgado de Distrito en donde, al recibirse la demanda por declinación de competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, la radicación en el juzgado se le notificó en el domicilio procesal del juicio de origen. Al efecto explica que ella promovió diverso juicio de amparo que, previa determinación de incompetencia por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, se radicó en este juzgado de Distrito bajo el número ********************, y en el acuerdo respectivo igualmente se le hizo un requerimiento que se notificó en el domicilio procesal que obraba en las actuaciones del juicio de origen del acto reclamado, pese a que en la demanda solicitó que las notificaciones se hicieran por lista -lo mismo que en la demanda origen del presente juicio de amparo-. Esto es, en aquel caso, a fin de no afectar su derecho de acceso a la justicia, se ordenó realizarle la citada prevención en ********************, lo que le permitió poder cumplir con el requerimiento Sobre esta base dice que como el mismo juzgado de Distrito que conoce de ambos juicios y como se trata de la misma hipótesis, es inadmisible que se siguieran criterios distintos pues contrario a lo que sucedió en el juicio ********************, en este, el auto preventivo no se le notificó de forma personal pese a tener las constancias donde se puede apreciar un domicilio físico o bien un buzón electrónico; incluso no se hizo requerimiento a la autoridad responsable para conocer de un domicilio, simplemente realizó la notificación por lista, lo que estima contraría el ordinal 26 fracción I inciso b) de la ley de amparo, puesto que los requerimientos deben ser de forma personal. Finaliza diciendo que la combatida notificación le dejó en estado de indefensión y por ende, no tuvo la oportunidad de cumplir con el requerimiento que se le hizo. Argumentos que resultan infundados por las consideraciones siguientes. En ese sentido, cabe señalar que el objeto del incidente de nulidad de notificaciones en el juicio de amparo, el cual procede a petición de parte interesada, es de revisar la legalidad de la notificación del acto procesal, es decir, que se hayan cumplido las formalidades que establece la ley de la materia para hacer del conocimiento del afectado, los acuerdos o resoluciones que se dicten en el juicio de amparo, con el objeto de que el particular esté en aptitud de hacer valer oportunamente sus derechos y la resolución puede emitirse en el sentido de declarar la nulidad (que puede consistir en la orden de que se practique correctamente la misma y sin irregularidades) o bien su validez. El artículo 32 de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones de amparo que no se hagan de acuerdo con los preceptos 24 a 31 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, son nulas; de lo que lógicamente se concluye que, las notificaciones, para su validez deben cumplir con lo regulado en tales numerales. En este caso se considera que la notificación que se impugna de irregular se efectúo acorde a lo dispuesto por los artículos en comento. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario traer a colación lo que disponen los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción III, inciso a), y 29, de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: En forma personal: [.] c) Los requerimientos y prevenciones; [.] Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: I. El número del juicio o del incidente de suspensión de que se trate; II. El nombre del quejoso; III. La autoridad responsable; y, IV. La síntesis de la resolución que se notifica. El actuario asentará en el expediente la razón respectiva". De los preceptos transcritos se desprende que deben realizarse de manera personal, entre otras, las notificaciones relativas a los requerimientos y prevenciones; se observa cuáles son las reglas para realizar las notificaciones personales y, entre ellas, se encuentra la consistente en que tratándose de una notificación personal, cuando no obre en autos un domicilio para para oír notificaciones, esas notificaciones personales al quejoso deben realizarse por lista; y por su parte, el último de los artículos en comento establece los requisitos que deben contener las notificaciones por lista. En ese orden de ideas, no asiste razón jurídica a la agraviada al decir que es ilegal la notificación del auto de radicación de su demanda de amparo que a la vez formuló una prevención. Esto, porque si bien es cierto -como sostiene la quejosa- que por disposición expresa de la ley de la materia, el acuerdo que contenga una prevención debe notificarse de manera personal; también es cierto que las notificaciones personales sí pueden realizarse mediante lista y en este caso resulta relevante que de manera expresa y puntual, en su demanda de amparo, la quejosa manifestó que toda clase de notificaciones se le hiciera por lista, por lo que debe entenderse que se incluye las personales. Luego, este Juzgado, al radicar la demanda de amparo, mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, previno a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, narrara los hechos y abstenciones que constituyeron los antecedentes de los actos reclamados; y, atendiendo a la manifestación expresa de la propia promovente, en el sentido de que "toda clase de notificaciones" se le hicieran por lista, se ordenó realizar la notificación por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?page Name=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. En tal virtud, el fedatario de la adscripción, en ocho de abril de dos mil veintiuno, realizó la notificación por lista ordenada en acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno; lista en la que hizo constar el número del juicio de amparo (222/2022) el nombre de la quejosa, que es ********************, la autoridad responsable, Séptima Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y la síntesis de la resolución que se notificaba; además, en el expediente se asentó la razón respectiva. En ese orden de ideas, opuesto a lo argumentado por la quejosa, la notificación del acuerdo preventivo se realizó ajustado a la legislación de la materia, pues que se hiciera mediante publicación por lista no desconoce que de acuerdo con esa legislación, las prevenciones y requerimientos deben notificarse de manera personal. Solo que una forma de realizar una notificación personal es a través de la publicación por lista cuando en el amparo no se proporcione o no exista un domicilio de la parte a notificar, que fue lo que sucedió en este caso en que la demanda no proporcionó un domicilio para oír notificaciones y, por lo contrario, de forma expresa la quejosa solicitó que todo tipo de notificaciones se le hicieran por lista. Es decir, fue con base en lo solicitado por la peticionaria de amparo, que se ordenó efectuarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, de modo que la notificación que ahora impugna así se hizo y cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley de Amparo, tratándose de esa naturaleza (por lista). Sin que para arribar a una conclusión contraria le beneficie lo que dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia pues, como se explicó, la notificación personal bien puede hacerse mediante publicación por lista cuando la parte a quien deba notificarse no hace designación de domicilio. Además, contrario a lo expuesto por la quejosa, en casos como el que se analiza, el juzgador de amparo no está obligado a realizar investigación acerca un domicilio donde pudiera llevarse a cabo la notificación; por ejemplo, requiriendo a diversas dependencias que tengan registros de personas físicas, por conducto de la autoridad responsable mediante informe o a través de las constancias del juicio de origen. Esto, porque esa regla aplica cuando se trata de llevar a cabo el emplazamiento al tercero interesado o la primera notificación al particular señalado como responsable y se desconoce su domicilio, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que sí impone esa obligación. Pero no para situaciones como la que se estudia, en que la notificación de que se trata se dirige a la parte quejosa -no tercero interesada o particular señalado como responsable-. Tanto más que en el presente asunto, la quejosa, muto propio, señaló que solicitaba que todo tipo de notificaciones en el amparo se le hicieran por medio de lista; por lo que debe entenderse que tal forma de ser notificada proviene de la voluntad expresa de la promovente por considerar más cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. De ahí que precisamente por haber señalado que era su voluntad que las actuaciones del juicio de amparo se le notificaran por lista, desde la emisión y notificación del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno por el cual el Tribunal Colegiado de Circuito declaró su incompetencia por razón de vía, la inconforme quedó enterada de la continuación del juicio ante los juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato y, por lo mismo, desde aquella comunicación estuvo en aptitud de conocer y estar pendiente de la tramitación del juicio en el lugar de su continuación. Máxime que al aceptar la competencia y avocarse al conocimiento de la demanda, este juzgado federal informó al Tribunal Colegiado de Circuito que originalmente recibió ese escrito, lo que hizo con transcripción del acuerdo cuya notificación combate ahora la quejosa, el cual se tuvo por recibido en ese órgano colegiado el veintisiete de abril del citado año e igualmente se ordenó notificar pero fue hasta el nueve de junio siguiente que la inconforme promovió el presente incidente, señalando incluso que se enteró de la radicación del juicio en este juzgado a través de actuaciones de la autoridad señalada como responsable y no por atender las notificaciones del tribunal de amparo que tenía el deber de verificar. De modo tal que la notificación impugnada no trasgrede su derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla; pues se entiende que el señalamiento de las listas como domicilio procesal de la quejosa proviene de su propia voluntad por considerarlo más conveniente o mas acorde con sus intereses y, a través de ese medio, el órgano de amparo cumplió con su deber de dar a conocer su determinación y se entiende que la inconforme estaba en aptitud de conocerla, sobre todo tomando en cuenta que desde que el Tribunal Colegiado de Circuito emitió su determinación declinando competencia y ordenando la remisión al juzgado de Distrito con sede en Irapuato, a través de la respectiva notificación que ordenó esa superioridad, quedó enterada de la continuación del juicio por la vía indirecta, del conocimiento de los juzgados de Distrito en el Estado con sede en Irapuato. Así que no es verdad que con la actuación impugnada se le vedara su derecho de acceso a la justicia. De lo que se concluye, que la notificación del auto preventivo, ordenada y realizada por medio de lista, se realizó acorde a lo dispuesto a la Ley de Amparo y se insiste, porque así lo solicitó la ahora inconforme. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la jurisprudencia 2a./J. 47/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, página 152, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. El artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar, en lo que respecta a su domicilio, uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como, por ejemplo, en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado, en su primera comparecencia, no es el señalamiento de su domicilio particular, sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio, la ley de la materia prevé, en su artículo 30, fracción II, una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso, consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones, éstas se harán mediante lista, medida que es acertada, pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del Ordenamiento Fundamental, como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste, pues aun si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento". Aunado a lo anterior, tampoco le asiste razón jurídica a la inconforme al referir que este juzgado debió ordenar la notificación cuestionada en el domicilio que se desprendiera de las constancias del juicio de origen del acto reclamado porque ese criterio se aplicó en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, donde también se le hizo un requerimiento y se le notificó en el domicilio procesal que obraba en las actuaciones, pese a que ella señaló en su demanda que las notificaciones se hicieran por lista. Al efecto debe decirse que al margen de las decisiones procesales que se asumieron en el juicio de amparo que invoca, ello no puede determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación que ahora se estudia, pues los juicios de amparo son independientes unos de otros (salvo el caso que se cumpla con los supuestos para la acumulación) y su tramitación es autónoma. Lo cierto es que en todos los casos este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a velar por la debida integración de los juicios de amparo hasta su total conclusión, pero de manera independiente y autónoma, así que lo decidido en uno de ellos no determina la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de otro. Como en el caso, que aun cuando en un determinado asunto se asumiera el criterio de notificar una prevención en un determinado domicilio, ello no desvirtúa el hecho de que la notificación cuestionada se ajustó a la normativa que rige las notificaciones personales. Si que sea obstáculo que ambos juicios de amparo se radicaron en este mismo juzgado federal y que por lo tanto lo actuado en uno de ellos constituye para el órgano un hecho notorio pues es la propia autoridad federal quien tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Sin embargo, que sea un hecho notorio no constriñe al órgano a resolver en determinado sentido ni genera para las partes algún derecho dentro del procedimiento del juicio de amparo, como en el caso lo pretende la parte quejosa, para invocar como hecho notorio que en otro juicio de amparo se conoció de un domicilio procesal en el que -dice- pudo haberse llevado a cabo la notificación que ahora cuestiona. En ese sentido, lo relevante es que este Juzgado estaba constreñido a tramitar el juicio de amparo indirecto acorde a lo que dispone la Ley de Amparo, lo que no se contrarió al ordenar la notificación a la parte quejosa en la forma solicitada por ésta, esto es, por medio de lista; lista que, a su vez, cumplió con los requisitos de la legislación en cita, como quedó apuntado con antelación. Sin tener la obligación de investigar un domicilio. De ahí que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, debe subsistir la notificación del auto preventivo de siete de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, al resultar infundados los agravios formulados por la parte incidentista (quejosa), es improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Es improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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