Ana Patricia Pérez Hernández
Expediente 64/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/03/2021
Partes del expediente
- Ana Patricia Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de cinco de abril de dos mil veintiuno y se notifica por lista a la parte quejosa ------el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración; ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal y carece de relevancia documental, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su depuración. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años; en virtud, de que como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante, de conformidad con el artículo 15 del acuerdo en mención. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, es el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de depuración; ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal y carece de relevancia documental, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su depuración. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años; en virtud, de que como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante, de conformidad con el artículo 15 del acuerdo en mención. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, es el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar que mediante sentencia de siete de agosto de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del amparo en revisión RT-34/2020 en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dejara insubsistente el acto reclamado y ajustara su actuación a los plazos previstos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, con el fin de que se llevara cabo la audiencia de desahogo de pruebas y se restituya a la parte quejosa en el pleno goce derecho de su derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./886/2020, recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Presidente de la citada responsable remitió copia certificada del proveído de dieciséis del mismo mes y año, del que se desprende el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios, ofrecida por la parte actora a cargo de ******, en el expediente laboral ******. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable en copia certificada, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios, ofrecida por la parte actora en el expediente laboral *****, a cargo de *****, respetando los plazos previstos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
C. En cumplimiento al citatorio de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se notifica, por medio de lista, a la parte quejosa, el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, que dice: "Toluca, Estado de México; ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar que mediante sentencia de siete de agosto de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en los autos del amparo en revisión RT-34/2020 en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México dejara insubsistente el acto reclamado y ajustara su actuación a los plazos previstos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, con el fin de que se llevara cabo la audiencia de desahogo de pruebas y se restituya a la parte quejosa en el pleno goce derecho de su derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio TECA400F/104010/A.I./886/2020, recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Presidente de la citada responsable remitió copia certificada del proveído de dieciséis del mismo mes y año, del que se desprende el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios, ofrecida por la parte actora a cargo de ******, en el expediente laboral ******. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la responsable en copia certificada, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial para hechos propios, ofrecida por la parte actora en el expediente laboral *****, a cargo de *****, respetando los plazos previstos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Por tanto, resulta que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
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