Ana Patricia Moreno Batista

Expediente 649/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
649/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2016

Partes del expediente

  • Ana Patricia Moreno Batista
  • Ana Patricia Moreno Batista y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Queda firme el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo y anexos que presenta ANA PATRICIA MORENO BATISTA, contra actos de la autoridad responsable TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO DOS, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 649/2016... Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el cual, literalmente establece: se puede concluir que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Bajo esa línea, este juzgador considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el acto reclamado consistente en el auto emitida el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por la el Tribunal Unitario Agrario, Distrito Dos, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 75/2016, en el que tuvo a la parte quejosa por no admitidas las pruebas ofrecidas de su parte mediante escrito presentado ante la responsable el diecinueve de octubre del presente año; lo cual constituye un acto procesal, ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro del procedimiento; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, de ahí que no cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por ende, como se adelantó, no se advierte afectación de forma directa y material algún derecho sustantivo sobre la quejosa, esto es, sobre sus bienes, posesiones, o derechos, por lo que tal violación de momento no entra en los supuestos descritos, dado que quedaría subsanado si se llega a dictar sentencia y ésta le favorece y si no resulta así, tal afectación a sus derechos fundamentales sólo se producirá en el momento en que se emita la sentencia definitiva en el procedimiento y ésta resulte contraria a los intereses de la parte quejosa en función de dicha violación, pudiendo recurrir dicha sentencia, así como la violación procesal antes aludida, e incluso si llegara a ser nuevamente desfavorable a sus intereses -como se adelantó- podrá promover amparo directo y ahí reclamar tanto la sentencia definitiva como las violaciones procesales que han trascendido al fallo, conforme la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos legales antes expuestos. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Pasaje Guanajuato, 1174, planta baja, Centro Cívico y Comercial de esta ciudad; autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ARMANDO SERRANO BUSTOS y JUAN ROBERTO SILVA LEPE. Finalmente, en apego al TRANSITORIO SEGUNDO, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo permanecerá vigente la d normatividad federal en la materia."; por consiguiente, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Federal |de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada), hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, sin perjuicio de que, conforme al artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, será la unidad administrativa correspondiente la que en su momento determine lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Marilú Nirvana Millán González, que autoriza y da fe.- DOY FE.-

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