Ana Patricia Lozoya Martínez
Expediente 811/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 06/12/2019
Partes del expediente
- Ana Patricia Lozoya Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En consecuencia, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo y la fracción III, del diverso vigésimo primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión y la destrucción del duplicado, en virtud de que se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva de los actos reclamados en el presente asunto.
- Principal
. Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. Orden de archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Orden de depuración. Ahora, toda vez que en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Se formula requerimiento a la parte quejosa. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documento original exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se ordena dar vista en los incidentes. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos y Delegado de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por medio del cual, remitió copia certificada de la constancia de notificación relativa al la cédula de infracción número de folio 253277270 a la aquí quejosa. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Patricia Lozoya Martínez, contra actos del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana Número 133, dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, cuyos efectos consistieron esencialmente, en: "..DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. Atento al sentido que rige el presente fallo con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, fracción I de la Ley de Amparo, se otorga la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los siguientes efectos: La autoridad señalada como responsable 2) Policía Vial con número de orden 3431 adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco deberá notificar personalmente o por medio de correo certificado la cédula de notificación de infracción con el número de folio 25327727-0, que se le impuso a la aquí quejosa Ana Patricia Lozoya Martínez, como propietaria del vehículo marca Volkswagen, Jetta 4 puertas, modelo 2004, color beige, con placas de circulación JHU9796. b) La protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución que se les atribuyen a las diversas responsables, 4) Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana Número 133, dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, y el 5) Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Sub Secretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para el efecto de que dejen sin efecto el procedimiento administrativo de ejecución, para lograr el pago de la infracción de tránsito, lo que también abarca al acto que realizó la autoridad que practicó la diligencia.". Por acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: Mediante auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Subprocurador Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual, informó que en atención al requerimiento de nueve de abril pasado, no resultaba dable la cancelación del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente al requerimiento de pago y embargo con número de folio M618004025816, correspondiente al vehículo que porta las placas JHU9796, toda vez que, éste fue pagado con anterioridad, a saber, el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, por lo tanto, el Sistema Integral de Información Financiera, no permite se afectara ese estatus. En efecto, de la constancia remitida por la señalada autoridad responsable consistente en la impresión del sistema relativo a la Consulta por Folio o Clave de Crédito se advierte que con relación al requerimiento M618004025816, se realizó el pago correspondiente el diecinueve de enero del año en curso. Lo anterior pone de manifiesto que al haber realizado la parte quejosa el pago del requerimiento impugnado, consintió el mismo; lo que en consecuencia evidencia, la desaparición de la intención de la quejosa de continuar con la ejecución de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa; por lo cual, resulta inconcuso que el cumplimiento de la sentencia de amparo, respecto al señalado acto reclamado, quedó sin materia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 aplicado por analogía y 214, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe del Área de Amparos y Delegado de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por medio del cual, remitió copia certificada de la constancia de notificación relativa al la cédula de infracción número de folio 253277270 a la aquí quejosa., En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, o en su caso, con la imposibilidad material, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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