Ana Patricia Cortes Baños
Expediente 362/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Patricia Cortes Baños
- Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de cuatro de mayo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. ...
- Principal
Visto; el estado procesal que guarda el expediente se advierte que se omitió girar los comunicados relativos, dirigidos al Juez y Agente del Ministerio Público del Fuero Común, ambos adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado adscrito al Sector Central y Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, todos con sede en esta ciudad, a fin de notificarles el proveído de cuatro del mes y año en curso, por el cual se decretó el sobreseimiento por auto del presente juicio de amparo; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales expídanse los comunicados de mérito.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, con el que remite copias fotostáticas certificadas deducidas de la causa penal 51/2015-I, de las que se advierte que el treinta de abril de dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión contra la aquí quejosa, Ana Patricia Cortés Baños, por los delitos de lesiones calificadas y aborto, cometidos en agravio de Grecia Jeraldine de la Cruz López. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se advierten que en el caso, es evidente que cambió la situación jurídica de la promovente de amparo respecto a la orden de aprehensión reclamada; por consiguiente, al actualizarse, en el caso, de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo procedente, es sobreseer el juicio en términos de dicho numeral, en base a las siguientes consideraciones. Ahora bien, la parte quejosa en esta instancia constitucional reclamó: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO ORDENADORA.- Señalo al C. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. B).-COMO EJECUTORAS: 1.-Señalamos al C. Comandante de la Policía Investigadora Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Central. 2.- El C. Comandante Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado adscrito a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Sector Central. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- Se reclama la Orden de Aprehensión girada en nuestra contra en virtud de que se encuentra fuera de todo procedimiento legal, pues no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Se reclama la ejecución o cumplimiento de la Orden de Aprehensión, girada por la autoridad señalada como ordenadora." Asimismo, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: 1.- El doce de mayo de dos mil quince, el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa, por los delitos de lesiones calificadas y aborto, cometidos en agravio de Grecia Jeraldine de la Cruz López, dentro de la causa penal 51/2015-I. 2.- Posteriormente, previos los trámites de ley, el treinta de abril de este año, dicha autoridad dictó auto de formal prisión contra Ana Patricia Cortés Baños, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos especificados en el párrafo que antecede. Por tanto, es evidente que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, actualizándose la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la ley de mérito, por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada ley, toda vez que se actualiza en la especie una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo décimo séptimo, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo séptimo, junio de dos mil ocho, materia penal, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Se hace extensivo el sobreseimiento decretado a las autoridades señaladas por la disconforme con el carácter de ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consultable en la página doscientos ochenta y seis, volumen noventa y uno y noventa y seis, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, materia común, cuyo rubro y texto rezan: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y, se ordena dejar sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diez de mayo del presente año. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista a la parte quejosa para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: ".al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia." Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que el recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Desde otro aspecto, en relación al informe justificado que rinde el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, agréguese únicamente para que obre como corresponda, sin que haya lugar a proveer al respecto, dado el sobreseimiento fuera de audiencia precisado en párrafos que anteceden. Por otra parte, debido a lo voluminoso de las documentales deducidas de la causa penal 51/2015-I, se ordena formar un tomo de pruebas y guardarse por separado. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Quejoso se le notifca por medio de lista publicada en estrados del juzgado el auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.
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