Ana Patricia Cazan Sosa

Expediente 1438/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1438/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Patricia Cazan Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitido en este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo con el número 1438/2022-V-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. De conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente: la omisión de judicializar la carpeta de investigación. Ahora bien, en contra de la omisión reclamada, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 217 de la citada normativa. En ese sentido, si en el presente asunto se señala como acto reclamado: la omisión de judicializar la carpeta de investigación; resulta inconcuso que por tratarse de una omisión de la fiscalía surgida durante la etapa de investigación, en su contra es procedente el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de éste puede impugnarse la omisión en la que en su caso hubiere incurrido dicha autoridad. Lo anterior, pues como ya quedó expuesto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la procedencia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se limita a las determinaciones taxativamente ahí previstas, sino que, en general, se refiere a actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, destacando que el diverso artículo 109, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, establece el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones, inactividad o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por ello, se insiste, en el caso, que la parte quejosa debió haber agotado el aludido recurso innominado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en las jurisprudencias citadas con antelación, para cumplir con el principio de definitividad, y al no haberlo hecho así, es incuestionable que se actualizó el motivo de improcedencia invocado. Ahora, del contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el Juez de Control una vez interpuesto el recurso innominado, convocará a una audiencia para decidir en definitiva, es decir, en aquella resolverá de plano lo puesto a su conocimiento; de ahí que, no se requiera una disposición expresa respecto a la suspensión del acto, ya que resolución del medio de impugnación en cita es inmediato. Por tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve de inmediato y en definitiva. En esta tesitura, se ha demostrado, entonces, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 217 de la citada normativa. Además, dicha improcedencia es notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional, y es indudable si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera la parte quejosa durante la tramitación del juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional, promovida por Ana Patricia Cazan Sosa. Notifíquese personalmente.

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