Ana Paola Abreu Bastar
Expediente 593/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 50 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ana Paola Abreu Bastar
- Carlos Armando Reyna Díaz Del Castillo
- Ana Paola Abreu Bastar y Otros.
- Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ana Paola Abreu Bastar, contra el acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. El cinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de veinte del precitado mes, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018 de su índice, del que se obtiene que dejó insubsistente lo determinado en el punto quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte. Por oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del auto de esa misma data, del que se advierte, en lo medular, que requirió a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de que le informaran si en su base de datos habían registros a nombre de Carlos Javier Reyna Cervantes. Luego, el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. Por oficio recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, la responsable transcribió el proveído de catorce del precitado mes, del que se advierte que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes realizó el pago de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos), mediante recibo de depósito 17268 de tres de diciembre de dos mil veinte, a favor de sus acreedores alimentarios, debiendo la cantidad de $40,749.86 (cuarenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos). Asimismo, que se decretó el embargo precautorio sobre los bienes muebles del referido demandado, consistente en: a) Vehículo tipo Sedan, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG93, del Estado de Tabasco. b) Vehículo tipo Mazda, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG99, del Estado de Tabasco. Mediante oficio recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, informó que los referidos vehículos quedaron debidamente BLOQUEADOS en el Padrón Vehicular del Estado de Tabasco, que obra en la Secretaría de Finanzas de esta ciudad, con la finalidad de no realizar ningún trámite de baja o cambio de propietario ante las diversas Receptorías de Rentas dependientes de esa Dirección. Luego, por oficio recepcionado el once de junio de dos mil veintiuno, la jueza responsable informó que solicitó informes a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de conocer la situación económica, laboral y fiscal de Carlos Javier Reyna Cervantes. Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de nueve del precitado mes, dictado en la controversia de origen, del que se advierte en lo medular que la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, le comunicó que Carlos Javier Reyna Cervantes, es trabajador de dicha empresa, con un salario mensual de $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que ordenó girar oficio para comunicarle el descuento decretado; asimismo, adjunta los oficios 4694, 4695 y 4696, librados con motivo del referido acuerdo. Mediante oficio recepcionado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable, remitió copia certificada del acuerdo de dos del precitado mes y año, del que se advierte que la precitada empresa le informó que en dicha oficina no se realiza ningún tipo de pago en efectivo, ya que todos se realizan a través de transferencia bancaria, por lo que solicitó a la aquí quejosa proporcionara diversa documentación para efectos de realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia. Por oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, del que se obtiene que: La pensión alimenticia provisional que adeuda el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, cuantificada desde agosto de dos mil dieciocho hasta el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, es por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 moneda nacional), ya con el descuento del pago parcial por la suma de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), realizado el día treinta de noviembre de dos mil veinte; misma que la empresa OPEX Perforadora sociedad anónima de capital variable, descontara sobre el ingreso del precitado demandado, un 10% (diez por ciento adicional), hasta que se cubra el monto total adeudado. Una vez que se haya cumplido con el 10% adicional, dicha empresa deberá hacer efectivo la pensión alimenticia consistente en el 30% (treinta por ciento), decretada a favor de Ana Paula Abreu Bastar y el menor de iniciales C.E.R.A., sobre el ingreso que obtiene Carlos Javier Reyna Cervantes. A través del oficio recibido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable remitió copia certificada del proveído de veintinueve de noviembre del precitado año, del que se advierte que: El descuento adicional al 10% (diez por ciento) por pensión alimenticia provisional, sería aplicado a partir de la quincena del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hasta que se cubra dicho monto por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N). Los montos retenidos por concepto de pensión alimenticia, serían depositados a la cuenta de la acreedora alimentaria -aquí quejosa- el treinta de noviembre último. También, determinó hacer efectivo el apercibimiento al actor Carlos Javier Reyna Cervantes, en el que quedará a su cargo pagar las pensiones alimenticias retenidas, consistentes en el 30% del ingreso de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), que resulta ser la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), por veintiocho meses, adeudando un total de $67,200.00 (sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N); descuento que se hará una vez se paguen las pensiones que en efecto retroactivo le corresponde a la -aquí quejosa- Ana Paola Abreu Bastar. Luego, por oficio recepcionado el cuatro de enero de dos mil veintidós, la responsable adjuntó copia certificada del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, del que se obtiene en lo medular que la empresa OPEX Perforadora, sociedad anónima de capital variable, le informó que realizó un pago por la cantidad de $1,080.00 (mil ochenta pesos moneda nacional), toda vez que en cuanto al monto restante adujo que lo ha intentado realizar en diversas ocasiones, pero refiere que la cuenta de la aquí quejosa se encuentra limitada en depósitos. Por oficio recibido el trece de enero de dos mil veintidós, la responsable envió copia certificada del proveído de once del precitado mes, del que se advierte que la aquí quejosa recibió depósitos en su cuenta bancaria; asimismo, requirió a la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, para que informe a qué conceptos corresponden las cantidades depositadas a Ana Paola Abreu Bastar. Mediante oficios recepcionados el veintinueve de marzo, ocho de abril, veintisiete de mayo, de dos mil veintidós, nueve y veinticuatro de junio, cinco y catorce de julio, ocho y veintiocho de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento del fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR De la ejecutoria de amparo se obtiene que se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa, para que la autoridad responsable: Dejara insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, de su índice. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otro en el que implementara las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeuda por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que en proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de ese mismo año, dictado en el juicio natural. Asimismo, como ha quedado establecido en los antecedentes relatados previamente, adoptó las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeudaba por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Lo que se corrobora con lo establecido en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, en el que asentó que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, se encuentra al corriente con la continuación del pago de la pensión alimenticia en favor de la aquí quejosa. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. No obstante, se le hace saber a la parte quejosa que, en caso de que el demandado en el juicio natural incumpla nuevamente con el pago de la pensión alimenticia y la autoridad responsable reincida en la omisión de adoptar las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, lo haga con la debida oportunidad, tendrá expedito su derecho de promover -dentro del término de quince días siguientes a la última determinación de la que tenga conocimiento- ante este órgano jurisdiccional federal, la denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, que instituyen lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda. Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió". Como se aprecia, la repetición del acto reclamado se da en aquellos casos en que, otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable, al momento de dar cumplimiento al fallo protector, emite uno nuevo, distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, insistiendo en su conducta lesiva, en los mismos términos que el primero, no obstante el otorgamiento de la protección constitucional. De modo que, la repetición de acto reclamado se actualizará en aquellos casos en que, el nuevo se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la determinación que fue materia de la ejecutoria que se tuvo por cumplida. Por tanto, la parte quejosa, en caso de que la autoridad responsable insista en repetir la omisión reclamada en este juicio constitucional, tendrá expedito su derecho para promover, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 25/94, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 5/94, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." Así como la Jurisprudencia, con registro 2016694, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 53 de Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo". Similar criterio se sostuvo en la ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de denuncia de repetición de acto reclamado 1/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el que se declaró fundada la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, relativa al incidente de denuncia de repetición de acto reclamado, emitida en el juicio de amparo 559/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, promovida por la parte quejosa el once de diciembre de dos mil dieciocho, por la repetición del acto reclamado relacionado con la sentencia concesoria de amparo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, y que se tuvo por cumplida el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así como, el criterio emitido en la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el cuaderno de inconformidad administrativa 1/2020, en el que declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado pronunciada en el juicio de amparo 1578/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Así, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento original, consistente en original del acuse de recibo del escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, con sello autógrafo del Juzgado Quinto Familiar de Centro, Tabasco, y que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Empero, para la devolución de las documentales exhibidas, deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 16/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIOS DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ACTUAL. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintinueve de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Ana Paola Abreu Bastar, contra el acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. El cinco de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de veinte del precitado mes, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018 de su índice, del que se obtiene que dejó insubsistente lo determinado en el punto quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte. Por oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del auto de esa misma data, del que se advierte, en lo medular, que requirió a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de que le informaran si en su base de datos habían registros a nombre de Carlos Javier Reyna Cervantes. Luego, el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. Por oficio recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, la responsable transcribió el proveído de catorce del precitado mes, del que se advierte que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes realizó el pago de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos), mediante recibo de depósito 17268 de tres de diciembre de dos mil veinte, a favor de sus acreedores alimentarios, debiendo la cantidad de $40,749.86 (cuarenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y seis centavos). Asimismo, que se decretó el embargo precautorio sobre los bienes muebles del referido demandado, consistente en: a) Vehículo tipo Sedan, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG93, del Estado de Tabasco. b) Vehículo tipo Mazda, del año dos mil dieciséis, de color aluminio metálico, con número de serie 3MZBM2U74GM272958, número de motor 21D6NG99, del Estado de Tabasco. Mediante oficio recibido el dos de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, informó que los referidos vehículos quedaron debidamente BLOQUEADOS en el Padrón Vehicular del Estado de Tabasco, que obra en la Secretaría de Finanzas de esta ciudad, con la finalidad de no realizar ningún trámite de baja o cambio de propietario ante las diversas Receptorías de Rentas dependientes de esa Dirección. Luego, por oficio recepcionado el once de junio de dos mil veintiuno, la jueza responsable informó que solicitó informes a diversas dependencias e instituciones bancarias, para efectos de conocer la situación económica, laboral y fiscal de Carlos Javier Reyna Cervantes. Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del acuerdo de nueve del precitado mes, dictado en la controversia de origen, del que se advierte en lo medular que la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, le comunicó que Carlos Javier Reyna Cervantes, es trabajador de dicha empresa, con un salario mensual de $21,600.00 (veintiún mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que ordenó girar oficio para comunicarle el descuento decretado; asimismo, adjunta los oficios 4694, 4695 y 4696, librados con motivo del referido acuerdo. Mediante oficio recepcionado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable, remitió copia certificada del acuerdo de dos del precitado mes y año, del que se advierte que la precitada empresa le informó que en dicha oficina no se realiza ningún tipo de pago en efectivo, ya que todos se realizan a través de transferencia bancaria, por lo que solicitó a la aquí quejosa proporcionara diversa documentación para efectos de realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia. Por oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete del precitado mes, del que se obtiene que: La pensión alimenticia provisional que adeuda el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, cuantificada desde agosto de dos mil dieciocho hasta el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, es por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 moneda nacional), ya con el descuento del pago parcial por la suma de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), realizado el día treinta de noviembre de dos mil veinte; misma que la empresa OPEX Perforadora sociedad anónima de capital variable, descontara sobre el ingreso del precitado demandado, un 10% (diez por ciento adicional), hasta que se cubra el monto total adeudado. Una vez que se haya cumplido con el 10% adicional, dicha empresa deberá hacer efectivo la pensión alimenticia consistente en el 30% (treinta por ciento), decretada a favor de Ana Paula Abreu Bastar y el menor de iniciales C.E.R.A., sobre el ingreso que obtiene Carlos Javier Reyna Cervantes. A través del oficio recibido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable remitió copia certificada del proveído de veintinueve de noviembre del precitado año, del que se advierte que: El descuento adicional al 10% (diez por ciento) por pensión alimenticia provisional, sería aplicado a partir de la quincena del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hasta que se cubra dicho monto por la cantidad de $30,749.86 (treinta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 86/100 M.N). Los montos retenidos por concepto de pensión alimenticia, serían depositados a la cuenta de la acreedora alimentaria -aquí quejosa- el treinta de noviembre último. También, determinó hacer efectivo el apercibimiento al actor Carlos Javier Reyna Cervantes, en el que quedará a su cargo pagar las pensiones alimenticias retenidas, consistentes en el 30% del ingreso de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), que resulta ser la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), por veintiocho meses, adeudando un total de $67,200.00 (sesenta y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N); descuento que se hará una vez se paguen las pensiones que en efecto retroactivo le corresponde a la -aquí quejosa- Ana Paola Abreu Bastar. Luego, por oficio recepcionado el cuatro de enero de dos mil veintidós, la responsable adjuntó copia certificada del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, del que se obtiene en lo medular que la empresa OPEX Perforadora, sociedad anónima de capital variable, le informó que realizó un pago por la cantidad de $1,080.00 (mil ochenta pesos moneda nacional), toda vez que en cuanto al monto restante adujo que lo ha intentado realizar en diversas ocasiones, pero refiere que la cuenta de la aquí quejosa se encuentra limitada en depósitos. Por oficio recibido el trece de enero de dos mil veintidós, la responsable envió copia certificada del proveído de once del precitado mes, del que se advierte que la aquí quejosa recibió depósitos en su cuenta bancaria; asimismo, requirió a la empresa Opex Perforadora sociedad anónima de capital variable, para que informe a qué conceptos corresponden las cantidades depositadas a Ana Paola Abreu Bastar. Mediante oficios recepcionados el veintinueve de marzo, ocho de abril, veintisiete de mayo, de dos mil veintidós, nueve y veinticuatro de junio, cinco y catorce de julio, ocho y veintiocho de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias relacionadas con el cumplimiento del fallo protector. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR De la ejecutoria de amparo se obtiene que se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa, para que la autoridad responsable: Dejara insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, dictado en el expediente 733/2017 y su acumulado 289/2018, de su índice. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otro en el que implementara las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeuda por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que en proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente lo determinado en el apartado quinto del auto de veinticinco de junio de ese mismo año, dictado en el juicio natural. Asimismo, como ha quedado establecido en los antecedentes relatados previamente, adoptó las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, cumpliera con la totalidad de los pagos y sumas que adeudaba por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. Lo que se corrobora con lo establecido en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, en el que asentó que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, se encuentra al corriente con la continuación del pago de la pensión alimenticia en favor de la aquí quejosa. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. No obstante, se le hace saber a la parte quejosa que, en caso de que el demandado en el juicio natural incumpla nuevamente con el pago de la pensión alimenticia y la autoridad responsable reincida en la omisión de adoptar las medidas de aseguramiento necesarias e idóneas para lograr que Carlos Javier Reyna Cervantes, lo haga con la debida oportunidad, tendrá expedito su derecho de promover -dentro del término de quince días siguientes a la última determinación de la que tenga conocimiento- ante este órgano jurisdiccional federal, la denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, que instituyen lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Artículo 200. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado. En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda. Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió". Como se aprecia, la repetición del acto reclamado se da en aquellos casos en que, otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, la autoridad responsable, al momento de dar cumplimiento al fallo protector, emite uno nuevo, distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, insistiendo en su conducta lesiva, en los mismos términos que el primero, no obstante el otorgamiento de la protección constitucional. De modo que, la repetición de acto reclamado se actualizará en aquellos casos en que, el nuevo se basa en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la determinación que fue materia de la ejecutoria que se tuvo por cumplida. Por tanto, la parte quejosa, en caso de que la autoridad responsable insista en repetir la omisión reclamada en este juicio constitucional, tendrá expedito su derecho para promover, en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 25/94, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quince, del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia 4a./J. 5/94, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete del número ochenta y uno, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales." Así como la Jurisprudencia, con registro 2016694, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 53 de Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo". Similar criterio se sostuvo en la ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el cuaderno de denuncia de repetición de acto reclamado 1/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el que se declaró fundada la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, relativa al incidente de denuncia de repetición de acto reclamado, emitida en el juicio de amparo 559/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, promovida por la parte quejosa el once de diciembre de dos mil dieciocho, por la repetición del acto reclamado relacionado con la sentencia concesoria de amparo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, y que se tuvo por cumplida el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Así como, el criterio emitido en la ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el cuaderno de inconformidad administrativa 1/2020, en el que declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, que declaró infundada la denuncia de repetición del acto reclamado pronunciada en el juicio de amparo 1578/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Así, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento original, consistente en original del acuse de recibo del escrito de veinticuatro de junio de dos mil veinte, con sello autógrafo del Juzgado Quinto Familiar de Centro, Tabasco, y que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Empero, para la devolución de las documentales exhibidas, deberán agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 16/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Quinto Familiar de Centro, Tabasco, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el proveído de veinticinco de los actuales, dictado en el expediente 733/2017 de su índice, del que se obtiene que el demandado Carlos Javier Reyna Cervantes, se encuentra al corriente con la continuación del pago de la pensión alimenticia en favor de la aquí quejosa Ana Paola Abreu Bastar. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, a través del cual en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de nueve de los actuales, solicita prórroga para efectos de dar cumplimiento al mismo. Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental de la justicia pronta, mismo que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que fijen las leyes. Por su parte, el numeral 192 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga" Del precepto transcrito se desprende que la autoridad responsable debe cumplir con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; salvo que este órgano jurisdiccional amplié ese término previa solicitud de aquella, en donde justifique la complejidad del caso. Sin embargo, en el oficio de cuenta la referida autoridad no aporta suficientes elementos que permitan determinar la complejidad del asunto. Además, de autos se advierte que desde el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, se ha solicitado a la juez de mérito el cumplimiento del fallo protector, por lo que esta juzgadora considera que ha contado con el tiempo suficiente para ello; en consecuencia, se niega la prórroga solicitada. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la precitada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes al en que quede notificada del presente acuerdo, remita un informe en el que establezca, de manera desglosada, las sumas que adeuda Carlos Javier Reyna Cervantes, por concepto de pensión alimenticia en favor de Ana Paola Abreu Bastar y del menor de identidad reservada, de iniciales C.E.R.A. En caso de que el deudor alimentario se encuentra al corriente con los pagos, el informe deberá contener los pagos realizados, los períodos comprendidos, adjuntando y relacionando los comprobantes correspondientes. A manera de ejemplo, del desglose que debe efectuar en el aludido informe, se proporciona la siguiente tabla: Fila Fecha Importe Periodo que comprende Documento que lo justifica Dicha tabla sólo es ilustrativa, puede ser modificada o ajustada de la manera que considere conveniente. Se le hace saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de treinta de mayo pasado. Notifíquese.
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