Ana Olivia Albarran Salazar

Expediente 1552/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1552/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Ana Olivia Albarran Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d), se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Se aperturó Incidente de suspensión. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó el juicio fuera de audiencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Atento a su contenido, téngase por satisfecho el requerimiento formulado en autos, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en virtud de que como se advierte de autos el siete de los actuales se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite diversas constancias relativas al acto reclamado, para todos los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó: a).- Las multas efectuadas por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, emitidas dentro del expediente *******, cada una, por la cantidad de $****** (**********). b).- La retención de las percepciones de la quejosa realizada por las diversas autoridades responsables del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, por dicho monto. c).- Las consecuencias jurídicas del acto precisado en el inciso a), que se traducen en que se lleve a cabo nuevamente la retención de las percepciones de la quejosa a fin de hacer efectivo el cobro de la diversa multa. Ahora bien, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, así como las documentales exhibidas en autos, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintidós, dejó sin efectos la ejecución de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, realizando las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo, asimismo remite la constancia de veintiocho de febrero del año en curso, de la que se advierte que fue devuelta a la quejosa, la cantidad de $******** (**********), a través del título de crédito ********, de la ***********, por lo que es evidente que en el caso el acto reclamado, cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dejar sin efectos la ejecución de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, practicar las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo y devolver a la quejosa, la cantidad de $******** (**********), hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    En atención al proveído de ocho de febrero del año en curso, se notifica por lista que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional de merito a la parte quejosa, el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, el cual es del tenor siguiente: "Cuernavaca, Morelos; siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite diversas constancias relativas al acto reclamado, para todos los efectos legales conducentes. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó: a).- Las multas efectuadas por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, emitidas dentro del expediente *******, cada una, por la cantidad de $****** (**********). b).- La retención de las percepciones de la quejosa realizada por las diversas autoridades responsables del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, por dicho monto. c).- Las consecuencias jurídicas del acto precisado en el inciso a), que se traducen en que se lleve a cabo nuevamente la retención de las percepciones de la quejosa a fin de hacer efectivo el cobro de la diversa multa. Ahora bien, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, así como las documentales exhibidas en autos, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintidós, dejó sin efectos la ejecución de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, realizando las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo, asimismo remite la constancia de veintiocho de febrero del año en curso, de la que se advierte que fue devuelta a la quejosa, la cantidad de $******** (**********), a través del título de crédito ********, de la ***********, por lo que es evidente que en el caso el acto reclamado, cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dejar sin efectos la ejecución de la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, practicar las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno respectivo y devolver a la quejosa, la cantidad de $******** (**********), hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020."

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano