Ana Mónica Díaz Díaz
Expediente 490/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Mónica Díaz Díaz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de agente del Ministerio Público, adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, por propio derecho; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. INGRID MALENY MERAZ MARRUFO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.8e 05/12/22 13:14:46 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 490/2021 Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de agente del Ministerio Público, adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 490/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." El arábigo transcrito en primer término dispone que es improcedente el juicio de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el segundo dispositivo establece que las personas morales oficiales podrán solicitar el amparo cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y otras leyes le encomiendan. De acuerdo con lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados de actos jurídicos que realice como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular, es decir, que únicamente podría tener el carácter de autoridad responsable, pero no de quejoso. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a.lJ. (sic) 171/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, tomo XXIII, página 467, que dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Lo anterior es así, porque el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Efectivamente, el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar los derechos fundamentales del gobernado, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 7° de la Ley de Amparo, es permisible a la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública que hagan uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando la norma general, el acto u omisión que reclamen afecten sus intereses patrimoniales y que no actúen provistas del "jus imperium", sino en el mismo plano de igualdad con los particulares. En este contexto, tenemos que no basta que el Estado, por conducto de uno de sus órganos, acuda al juicio de amparo como parte litigante, ya que ello no implica que al tratar de reclamar el acto que deriva de un juicio natural, pueda considerarse como un derecho del hombre o como un derecho fundamental, para efecto de que la autoridad que lo emitió estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual; ya que únicamente les está permitido a las autoridades acudir en juicio de amparo, cuando defienden derechos patrimoniales, porque entonces tales personas no actúan en funciones de autoridad. De ahí que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Apoya lo anterior tesis 111.30.T.6K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte y es localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página: 2475, registro: 2005501, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." También resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la página 1949, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, PROMOVIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo; regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Esa excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Ahora bien, es correcto considerar que se actualiza la causal de improcedencia, a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. de la ley en cita y 103, fracción I, de la Constitución Federal, cuando el amparo sea promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación, al tratar de defender la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado. Lo anterior, porque si el representante social presenta demanda de garantías, en la que aduce que lo hace como particular y no investido de su función pública, pero de sus conceptos de violación se advierte, que el acto que reclama es con la pretensión de defender la legalidad de actos de autoridad, se actualiza la falta de legitimación ad causam, para promover el juicio de garantías, por no ser titular de un derecho como gobernado. Esto es, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional." En el caso concreto la parte quejosa reclama: La sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo Primero Civil de Primer Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en el juicio civil 943/2018, por medio de la cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa en contra del diverso auto de treinta de abril del presente año, en el que se señaló fecha de audiencia y depuración de pruebas, y se acordó que se debe continuar con el procedimiento con la Agente del Ministerio Público, atendiendo a que no se presentó la representante de la sucesión. En las relatadas condiciones, se advierte que la promovente carece de legitimación para instar el juicio de amparo, en calidad de parte formal y representante social del juicio civil que controvierte, porque esta intervención no la despoja de su carácter de autoridad, ni lo convierte en titular de derechos fundamentales; sino que, por el contrario, constituye el ejercicio de una de sus atribuciones. Por tanto, es inconcuso que, Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo Primero Civil de Primer Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, como órgano del estado, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, dado que los actos que tacha de inconstitucionales no afectan sus intereses patrimoniales, ya que debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad, dado que en el procedimiento de origen interviene como Agente del Ministerio Público en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público y por tanto, no quedó despojado de imperio. De ahí que, al reclamar la parte quejosa actos que no afectan sus intereses patrimoniales, y no actuar en un plano de igualdad, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7° de la ley reglamentaria, dado que no está legitimada para promover el presente juicio de amparo. Resulta aplicable el criterio visible en la página 461, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 228670, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PUBLICO.CARECE DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS, CUANDO ES PARTE FORMAL EN LOS JUICIOS CIVILES. El Ministerio Público carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en calidad de parte formal y representante social en los juicios civiles, porque esta intervención no lo despoja de su carácter de autoridad, y por el contrario, constituye el ejercicio de una de sus atribuciones, ni lo convierte en titular de derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional, por regla general, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, establecidas para proteger los derechos fundamentales de las personas físicas o morales, por lo que es una condición necesaria para su procedencia que quien lo promueva sea capaz de ser titular de esas garantías, de las que no goza el poder público, porque precisamente están constituidas para proteger a los particulares frente a los actos de autoridad. Esta regla sólo admite la excepción comprendida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que dispone que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas, lo que tiene su fundamento en que se ha considerado que el Estado puede obrar con un doble carácter en sus relaciones con los particulares, como entidad pública y como ente semejante a una persona moral de derecho privado, y que en esta última situación actúa en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, por lo que debe gozar de iguales prerrogativas. Es por esto que si una autoridad no se encuentra en ese caso de excepción, carece de legitimación para ejercitar la acción constitucional. No sería óbice el hecho de que el Ministerio Público con la calidad mencionada quede facultado para promover e interponer los recursos ordinarios en esos procedimientos, porque esta circunstancia por sí sola no confiere la legitimación para promover el juicio de garantías, debido a que éste, en cuanto a su procedencia, guarda autonomía en relación a los procedimientos de las autoridades de instancia, de aquí que si el Ministerio Público no se encuentra en los supuestos que permiten el ejercicio de la acción constitucional, carece de legitimación, aunque sí la tenga para intervenir en otros juicios. Se desecha demanda de amparo. Por lo antes expuesto, al actualizarse las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, relacionada con el 7° de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. No obstante, dado que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle Fernando Montes de Oca sin número, colonia Juárez, Nicolás Romero, Estado de México, se comisiona al actuario a efecto de lo que se constituya en tal domicilio y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Se habilitan días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que señala en la demanda de amparo, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 0
- Principal
Aviso: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente señala: Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de agente del Ministerio Público, adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Décimo Primero Civil de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 490/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 7°. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." El arábigo transcrito en primer término dispone que es improcedente el juicio de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el segundo dispositivo establece que las personas morales oficiales podrán solicitar el amparo cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, esto es, cuando esa afectación tenga como origen la actuación del organismo público dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realiza actividades como persona moral particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y otras leyes le encomiendan. De acuerdo con lo anterior, una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados de actos jurídicos que realice como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular, es decir, que únicamente podría tener el carácter de autoridad responsable, pero no de quejoso. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a.lJ. (sic) 171/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, tomo XXIII, página 467, que dice: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Lo anterior es así, porque el objetivo del juicio de amparo es dirimir las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en tanto que tales derechos subjetivos públicos sólo se otorgan a los gobernados y no a las entidades públicas. Efectivamente, el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar los derechos fundamentales del gobernado, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 7° de la Ley de Amparo, es permisible a la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública que hagan uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando la norma general, el acto u omisión que reclamen afecten sus intereses patrimoniales y que no actúen provistas del "jus imperium", sino en el mismo plano de igualdad con los particulares. En este contexto, tenemos que no basta que el Estado, por conducto de uno de sus órganos, acuda al juicio de amparo como parte litigante, ya que ello no implica que al tratar de reclamar el acto que deriva de un juicio natural, pueda considerarse como un derecho del hombre o como un derecho fundamental, para efecto de que la autoridad que lo emitió estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo como si se tratara de una garantía individual; ya que únicamente les está permitido a las autoridades acudir en juicio de amparo, cuando defienden derechos patrimoniales, porque entonces tales personas no actúan en funciones de autoridad. De ahí que resulte jurídicamente inaceptable que los organismos públicos o dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, invoquen violación de derechos fundamentales cuando los actos que defienden derivan de su actuar como autoridad. Apoya lo anterior tesis 111.30.T.6K (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte y es localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página: 2475, registro: 2005501, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." También resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la página 1949, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, PROMOVIDO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra el Estado, creó el juicio de amparo, queda al margen de toda discusión, que los órganos del Estado no gozan de garantías individuales y, por lo mismo no están legitimados para promover juicios de amparo; regla general a la que se ha opuesto una excepción, que se contempla en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. Esa excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. Dicha equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas a través del juicio constitucional. Ahora bien, es correcto considerar que se actualiza la causal de improcedencia, a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. de la ley en cita y 103, fracción I, de la Constitución Federal, cuando el amparo sea promovido por el agente del Ministerio Público de la Federación, al tratar de defender la legalidad de actos de autoridad y no de intereses patrimoniales de derecho privado. Lo anterior, porque si el representante social presenta demanda de garantías, en la que aduce que lo hace como particular y no investido de su función pública, pero de sus conceptos de violación se advierte, que el acto que reclama es con la pretensión de defender la legalidad de actos de autoridad, se actualiza la falta de legitimación ad causam, para promover el juicio de garantías, por no ser titular de un derecho como gobernado. Esto es, la condición para el ejercicio de la acción constitucional implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de un derecho y, que de acuerdo con la Ley de Amparo, se considere particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional." En el caso concreto la parte quejosa reclama: La sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Décimo Primero Civil de Primer Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en el juicio civil 943/2018, por medio de la cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa en contra del diverso auto de treinta de abril del presente año, en el que se señaló fecha de audiencia y depuración de pruebas, y se acordó que se debe continuar con el procedimiento con la Agente del Ministerio Público, atendiendo a que no se presentó la representante de la sucesión. En las relatadas condiciones, se advierte que la promovente carece de legitimación para instar el juicio de amparo, en calidad de parte formal y representante social del juicio civil que controvierte, porque esta intervención no la despoja de su carácter de autoridad, ni lo convierte en titular de derechos fundamentales; sino que, por el contrario, constituye el ejercicio de una de sus atribuciones. Por tanto, es inconcuso que, Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo Primero Civil de Primer Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, como órgano del estado, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, dado que los actos que tacha de inconstitucionales no afectan sus intereses patrimoniales, ya que debido a la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, los órganos del Estado no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad, dado que en el procedimiento de origen interviene como Agente del Ministerio Público en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público y por tanto, no quedó despojado de imperio. De ahí que, al reclamar la parte quejosa actos que no afectan sus intereses patrimoniales, y no actuar en un plano de igualdad, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7° de la ley reglamentaria, dado que no está legitimada para promover el presente juicio de amparo. Resulta aplicable el criterio visible en la página 461, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 228670, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PUBLICO.CARECE DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS, CUANDO ES PARTE FORMAL EN LOS JUICIOS CIVILES. El Ministerio Público carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en calidad de parte formal y representante social en los juicios civiles, porque esta intervención no lo despoja de su carácter de autoridad, y por el contrario, constituye el ejercicio de una de sus atribuciones, ni lo convierte en titular de derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional, por regla general, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, establecidas para proteger los derechos fundamentales de las personas físicas o morales, por lo que es una condición necesaria para su procedencia que quien lo promueva sea capaz de ser titular de esas garantías, de las que no goza el poder público, porque precisamente están constituidas para proteger a los particulares frente a los actos de autoridad. Esta regla sólo admite la excepción comprendida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que dispone que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas, lo que tiene su fundamento en que se ha considerado que el Estado puede obrar con un doble carácter en sus relaciones con los particulares, como entidad pública y como ente semejante a una persona moral de derecho privado, y que en esta última situación actúa en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, por lo que debe gozar de iguales prerrogativas. Es por esto que si una autoridad no se encuentra en ese caso de excepción, carece de legitimación para ejercitar la acción constitucional. No sería óbice el hecho de que el Ministerio Público con la calidad mencionada quede facultado para promover e interponer los recursos ordinarios en esos procedimientos, porque esta circunstancia por sí sola no confiere la legitimación para promover el juicio de garantías, debido a que éste, en cuanto a su procedencia, guarda autonomía en relación a los procedimientos de las autoridades de instancia, de aquí que si el Ministerio Público no se encuentra en los supuestos que permiten el ejercicio de la acción constitucional, carece de legitimación, aunque sí la tenga para intervenir en otros juicios. Se desecha demanda de amparo. Por lo antes expuesto, al actualizarse las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, relacionada con el 7° de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ana Mónica Díaz Díaz, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Civiles de Primera Instancia en Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. No obstante, dado que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle Fernando Montes de Oca sin número, colonia Juárez, Nicolás Romero, Estado de México, se comisiona al actuario a efecto de lo que se constituya en tal domicilio y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Se habilitan días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que señala en la demanda de amparo, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 0
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