Ana Miriam Cabrera Rodríguez

Expediente 769/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
769/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Ana Miriam Cabrera Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene a Francisco Javier Silva Gómez, como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que sí tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro único 18428. Quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por habérselas otorgado expresamente. Ahora bien, téngase al promovente solicitando la devolución de los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvase los documentos de referencia, previo cotejo, autorizando a las personas que indica para recibirlos, así como copia certificada que de la misma se deje en autos y acta de entrega que al efecto se levante. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ana Miriam Cabrera Rodríguez, por su propio derecho y en representación de los menores José Carlos Martínez Cabrera y Juan de Dios Martínez Cabrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 769/2019, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia dentro del lugar donde este juzgado ejerce su jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en lo siguiente: El oficio 0183/2019 de treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable dio respuesta a la petición de la quejosa, en que solicitó registrar a sus dos menores hijos con los nombres de José Carlos Martínez Cabrera y Juan de Dios Martínez Cabrera. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Oficial del Registro Civil con residencia en La Piedad, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado [fojas 24 a 27], consistente en el oficio aquí reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió como complemento a su informe, consistentes en la petición de la quejosa y su respuesta. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causas de sobreseimiento del presente juicio de amparo, ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna, por lo que se procede a entrar al estudio de los actos reclamados. Quinta. Estudio de los motivos de inconformidad. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618 del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, la peticionaria del amparo por sí, y en representación de sus dos menores hijos, se duele de la negativa del oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, a registrar a sus dos menores hijos con los nombres y apellidos: José Carlos Martínez Cabrera y Juan de Dios Martínez Cabrera. En este apartado, es menester traer a glosa la respuesta reclamada, para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve: Posteriormente, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos por la quejosa, de los que se advierte que se duele de dos aspectos, el primero: Que la respuesta del Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, es contradictoria, porque admite que como madre de los menores, puede poner a su elección el nombre de sus hijos, pero luego niega tener facultades para declarar la invalidez de un determinado precepto, e inaplicarlo. El anterior argumento es infundado. Para dar sustento a la anterior afirmación, es menester señalar que como quedó establecido en la ejecutoria que derivó del cuaderno de varios 912/2010, así como el amparo directo en revisión 1046/2012, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución. Así, todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas. En efecto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. Sin embargo, si bien las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, lo cierto es que no están facultadas para inaplicarlas o declarar su inconstitucionalidad, aun en el supuesto de que las estimen contrarias a los derechos humanos que a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VII/2014, visible a fojas 222 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2005879 del epígrafe y rubro: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. NO ESTÁN FACULTADAS PARA INAPLICAR NORMAS QUE ESTIMEN DEROGADAS POR EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Las autoridades administrativas, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin que estén facultadas para inaplicarlas o declarar su inconstitucionalidad. En congruencia con lo anterior, si se toma en consideración que el artículo noveno transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, contiene una cláusula derogatoria indeterminada y que para establecer si una norma fue derogada por la citada disposición constitucional es necesario un análisis de constitucionalidad de normas, se concluye que las autoridades administrativas no están facultadas para inaplicar normas por considerarlas derogadas por el citado precepto transitorio, aun en el supuesto de que las estimen contrarias a los derechos humanos que a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De modo que, en el caso en estudio, el Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, no tiene facultades para inaplicar las disposiciones del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en concreto los preceptos 56, último párrafo y 58. Sobre este tópico, también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1640/2014, se pronunció en el sentido de que las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la tesis CIV/2014, consultable en la página 1097 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007573 de rubro y texto siguientes: "CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales." Continuando con el análisis respectivo, el segundo aspecto que aduce la quejosa, es que la respuesta del Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, viola en perjuicio de sus menores hijos el contenido y alcance del derecho humano al nombre, contenido en el artículo 29 Constitucional. No asiste la razón a la quejosa, por lo que dicho motivo de inconformidad también deviene infundado. Sobre el tema cabe precisar que, efectivamente, el artículo 4o, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona "tiene derecho a la identidad". Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, en otras palabras, es una condición necesaria para preservar, tanto la dignidad individual, como la colectiva de las personas. El derecho a la identidad se encuentra íntimamente relacionado con los atributos de la personalidad, pues en éstos residen la mayoría de los elementos que la construyen. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define la palabra "personalidad" como "diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra" y "atributo" como "cada una de las cualidades o propiedades de un ser". En consecuencia, los atributos de la personalidad son un conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable, irrepetible e inconfundible; algunas de estas cualidades son el nombre, sexo, estado civil, domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento y se extinguen con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano. Sentado lo anterior, se advierte que la respuesta del Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, se ajusta a los preceptos legales aplicables, y en oposición a lo que aduce la impetrante del amparo, no es violatoria de derechos humanos. Es así, pues en su demanda la quejosa argumenta: Que sus menores hijos nacieron los días doce de junio de dos mil catorce y siete de marzo de dos mil dieciséis [lo que así se corrobora con los certificados de nacimiento que exhibió junto con su demanda]; Indica que procreó a sus dos menores hijos fuera de matrimonio, pero dentro de concubinato; Bajo protesta de decir verdad, señala que dicho concubinato terminó por fallecimiento de su concubino; Que hasta la fecha por negligencia no ha registrado el nacimiento de sus hijos, por lo que únicamente exhibe sus certificados de nacimiento, pues de conformidad con el artículo 369 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, "respecto a la madre, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta del sólo hecho del nacimiento"; y, Que es su voluntad, en cuanto madre de los menores quejosos, que estos sean registrados como José Carlos Martínez Cabrera y Juan de Dios Martínez Cabrera, a pesar de la disposición de la legislación ordinaria que pudiera existir en contrario. Luego, en este apartado es oportuno traer a glosa lo que sobre el registro de nacimiento y reconocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonio, dispone el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo: CAPÍTULO II ACTAS DE NACIMIENTO "Artículo 51. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al menor de edad ante el Oficial del Registro Civil en su oficialía o en el lugar donde aquel hubiere nacido." "Artículo 53. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos los abuelos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel." "Artículo 56. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá la hora, día, mes, año y el lugar de nacimiento, el sexo del presentado, nombre propio y apellidos, la razón de si se ha presentado vivo o muerto y su huella dactilar. Si se presenta como hijo de progenitores desconocidos, el Oficial del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta; de igual forma se hará constar cualquier otro dato que se haga necesario para la identidad personal. El Oficial del Registro Civil exhortará a quien presente al menor para su registro a que el nombre propio que vaya a otorgarle no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado. También exhortará a evitar la multiplicidad de identidades u homonimias que puedan generar controversias judiciales en materia de identidad. De igual manera cuando por alguna causa una persona no hubiera sido registrada y se desconociera el paradero de sus padres, no pudieran comparecer o hubieran fallecido y este fuera mayor de edad, podrá comparecer a solicitar su registro, debiendo el Oficial del Registro Civil asentar en este únicamente el nombre y apellidos del registrado; ahora bien cuando se trate de un menor de edad que pretenda registrar a su hijo se estará a lo dispuesto por el artículo 371. En forma obligatoria se asignará en el acta de nacimiento, la clave del registro de identificación personal. Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Oficial del Registro Civil deberá asentar únicamente la población en que ocurre. En los casos de los artículos 58 y 68 de este Código, el Oficial del Registro Civil pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca." "Artículo 58. Un hijo nacido fuera del matrimonio tiene derecho a ser reconocido tanto por su madre como por su padre. Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre de sus progenitores, es necesario que lo pidan por sí o por apoderado especial, haciéndose constar tal petición. Si al hacer la presentación no se da el nombre de alguno de ellos se procederá a testar el espacio, pudiendo hacer la investigación de su origen ante el juez competente de acuerdo a las disposiciones relativas a este Código. Además de los nombres y apellidos de los progenitores, se hará constar en el acta de nacimiento, el origen, nacionalidad y domicilio de los mismos." CAPÍTULO III ACTAS DE RECONOCIMIENTO "Artículo 68. Podrá el padre, la madre o ambos, reconocer a un hijo habido fuera de matrimonio al presentarlo para que se registre su nacimiento. El acta contendrá, en lo conducente, los requisitos establecidos en el capítulo anterior." CAPÍTULO IV RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO "Artículo 369. Respecto a la madre, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta del solo hecho del nacimiento. Con relación al padre, solo se establece por reconocimiento voluntario o por resolución judicial que declare la paternidad." De los preceptos transcritos se desprenden las siguientes premisas: Para hacer las declaraciones de nacimiento se debe presentar al menor ante el Oficial del Registro Civil en su oficialía o en el lugar donde aquel hubiere nacido. Que tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera de ellos, a falta de estos los abuelos, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. Asimismo, se establecen los requisitos que contiene el acta de nacimiento, tales como hora, día, mes, año y lugar de nacimiento, el sexo del presentado, nombre propio y apellidos, la razón de si se ha presentado vivo o muerto y su huella dactilar. Que en los casos de los artículos 58 y 68 del ordenamiento familiar del Estado, el Oficial del Registro Civil pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca. Que en tratándose de un hijo nacido fuera del matrimonio, tiene derecho a ser reconocido tanto por su madre como por su padre. Que para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre de sus progenitores, es necesario que lo pidan por sí o por apoderado especial, haciéndose constar tal petición. Si al hacer la presentación no se da el nombre de alguno de ellos se procederá a testar el espacio, pudiendo hacer la investigación de su origen ante el juez competente de acuerdo a las disposiciones relativas. De igual modo, que podrá el padre, la madre o ambos, reconocer a un hijo habido fuera de matrimonio al presentarlo para que se registre su nacimiento, y el acta contendrá, en lo conducente, los requisitos ya establecidos anteriormente. Que respecto a la madre, la filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta del solo hecho del nacimiento, en tanto que con relación al padre, solo podrá establecerse por reconocimiento voluntario o por resolución judicial que declare la paternidad. Establecido lo anterior, tenemos que al recibir la solicitud de registro de Ana Miriam Cabrera Rodríguez en el sentido de registrar a sus dos menores hijos como José Carlos y Juan de Dios, ambos de apellidos Martínez Cabrera, mediante oficio 0183/2019 de treinta de mayo de dos mil diecinueve, recibido por la quejosa el catorce de junio siguiente, según se advierte de la leyenda que obra en dicho documento, el Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, le dio respuesta en los siguientes términos: I. Que se desconoce cuál es la situación de estado civil en la que se encuentre la quejosa, ya que en su escrito no lo expresa, pero que dicha autoridad se encuentra a su disposición para efectos de orientación en el registro de los menores en esa Oficialía, en los horarios de atención de la misma; II. Que por lo que se refiere al nombre propio de sus hijos, queda a su elección, pero en cuanto a su filiación paterno-materna, dicha Oficialía se encuentra sujeta a lo dispuesto en los numerales 56, 58, 334 y 369 para el Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo [los cuales transcribe]; y, III. Que al parecer, su caso no entra dentro del supuesto de hijos nacidos dentro de matrimonio, por lo que dicha Dirección del Registro Civil como Autoridad Administrativa, si bien es cierto que atendiendo al artículo 1º. Constitucional, ha de interpretar las normas relativas a los Derechos Humanos de conformidad con la Carta Magna y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, también se debe tener en consideración lo previsto endicho numeral en su párrafo tercero, que dice "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", no debe pasar inadvertido que las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación a Derechos Humanos. Determinación que no se considera violatoria del derecho humano al nombre dado que efectivamente, sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que el derecho humano a la identidad está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho por ser un elemento que le es inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen. Sin embargo, estableció también que el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Así, el papel que juega el derecho a la identidad en los juicios de desconocimiento de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo que si bien en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con tal elemento, pues también existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del menor de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencia entre el origen biológico y la filiación jurídica. De esta manera, sostuvo que el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado. Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la tesis LXXV/2018, localizable en la página 956, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Décima Época, registro 2017231, que dice: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE UN MENOR. NO SÓLO LO CONSTITUYE LA POSIBILIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE SU NOMBRE, NACIONALIDAD Y FILIACIÓN, PUES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS SE PUEDEN DERIVAR OTROS. El derecho humano a la identidad está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otros instrumentos internacionales, que constituye un derecho por ser un elemento que le es inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad y a conocer su filiación y origen; sin embargo, el núcleo esencial no sólo lo constituye la posibilidad de solicitar y recibir esa información, sino en que a partir de esos derechos se pueden derivar otros distintos, como son los de alimentación, educación, salud y sano esparcimiento. Así, el papel que juega el derecho a la identidad en los juicios de desconocimiento de paternidad es, en principio, un derecho de los menores, y no una facultad de los padres, por lo que si bien es cierto que en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con tal elemento, pues también existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del menor de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencia entre el origen biológico y la filiación jurídica. De esta manera, el derecho a la identidad se tiene que adaptar a las circunstancias del caso concreto ya que puede interactuar con otros derechos, como el de protección a la familia o el propio interés superior del menor, todos protegidos por el Estado." De modo que, en el caso en estudio, respecto al derecho a la identidad de los menores quejosos existen aspectos a considerar, como lo es en concreto que no es posible establecer el vínculo paterno-filial de dichos infantes, a partir de la documentación con que comparece la quejosa a solicitar la tutela constitucional, pues únicamente exhibió los certificados de nacimiento de sus dos hijos y si bien, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los menores fueron procreados en concubinato [el cual no señala su tiempo de duración y a la fecha no existe pues también refiere que su concubino falleció], lo cierto es que tampoco es posible establecer, a partir de esa afirmación, la relación paterno filial de esa persona con los infantes aquí quejosos, sobre todo porque se desconoce el nombre, apellidos e incluso, la fecha de deceso de la persona que indica la quejosa fue su concubino. En tal virtud, si bien la filiación natural establecida en el artículo 394 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, tratándose de los hijos nacidos del concubinato, constituye una presunción que facilita su filiación, por alguno de los medios de prueba establecidos en la ley, demostrando así que el nacido es hijo del concubino o de la concubina, hecho éste que hace que se le tenga como hijo de ambos, pero no como lo pretende la quejosa, que con la sola manifestación de que vivió en concubinato [sin precisar dato alguno sobre el concubino] haga presumir que los menores quejosos son producto de esa unión y que por ello deben llevar como apellido paterno "Martínez", teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 369 del ordenamiento legal invocado, la filiación de los hijos resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, pero con relación al padre, solo se establece por reconocimiento voluntario o por resolución judicial que declare la paternidad, por lo que resulta obvio que la quejosa carece de derecho para obtener tal reconocimiento mediante el registro extemporáneo del nacimiento de los infantes ante el Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán. Más porque, en el supuesto de que el Oficial llevara a cabo el registro en los términos solicitados por la quejosa, esa acta no sólo se apartaría de lo ordenado en la legislación aplicable, sino que en ella se asentarían hechos que, por no constarle, resultarían inciertos. En esas condiciones, si como sostiene la quejosa, los menores fueron procreados en una relación de concubinato, y a la fecha no es posible que el progenitor comparezca a reconocerlos voluntariamente dado que falleció, en las condiciones en que pide su registro, necesariamente debe acudir ante una autoridad judicial para que se declare la paternidad de dichos infantes, a fin de que proceda su registro en esos términos, pues acorde a lo que dispone el numeral 392 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, a fin de lograr el reconocimiento de un hijo, las acciones de investigación de paternidad y maternidad pueden ser ejercitadas en vida o después del fallecimiento de los padres. Lo anterior no puede ser de otra manera pues, como ya lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES", el derecho humano al nombre está integrado por el nombre propio y los apellidos; asimismo, el nombre puede elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que no se prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. En ese estado de cosas, contrario a lo que afirma la quejosa, la respuesta de la autoridad responsable no transgrede el derecho a la identidad de los infantes, ni se traduce en algún tipo de restricción ilegal o ilegítima a sus derechos ni interferencia en su decisión, pues correctamente indica a la quejosa que en cuanto al nombre de sus menores hijos, queda a su elección; sin embargo, en cuanto a la filiación paterno-materna [apellidos], debe sujetarse a lo que al efecto dispone la legislación familiar del Estado, es decir, al Código Familiar para el Estado de Michoacán, de acuerdo a los numerales transcritos con antelación. De tal suerte, si en su momento la quejosa no llevó a cabo el registro de nacimiento de sus menores hijos [años dos mil catorce y dos mil dieciséis], y actualmente su progenitor no puede reconocer la paternidad como padre biológico, resulta incuestionable que para poder acceder a su registro con el apellido paterno, la progenitora debe acudir a la acción jurisdiccional que establece el título Octavo del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Lo que, se reitera, no se traduce en una restricción para garantizar el derecho humano al nombre de los menores, pues además de los nombres propios que su madre elija para ellos, pueden llevar la filiación de su progenitora [apellidos maternos], con la posibilidad de preservar o modificar dichos nombres y apellidos, y sin que para ello la quejosa deba realizar el trámite jurisdiccional a que nos referimos en el apartado que antecede. En las condiciones apuntadas, se advierten cumplidos los requisitos de fundamentación y motivación en la respuesta del Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, por lo que al no advertirse deficiencia que suplir, procede negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ana Miriam Cabrera Rodríguez, por su propio derecho y en representación de los menores José Carlos Martínez Cabrera y Juan de Dios Martínez Cabrera, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Oficial del Registro Civil de La Piedad, Michoacán, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

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