Ana Melina Villalobos Santos

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Ana Melina Villalobos Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que el promovente de amparo hiciera valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta y con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su respectivo informe justificado. De igual forma, de conformidad con el numeral 9º de la Ley antes invocada, se tiene por designados como Delegados a las personas que menciona, y por señalado como su domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable de mérito, las documentales anexas a su informe de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, se tiene a la autoridad responsable informando que no tiene conocimiento de que exista algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en presente asunto, promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiere a los mismos hechos, lo cual, se tiene por informado para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en relación a la petición de la autoridad responsable que así lo refiere, en el sentido de permitir durante la tramitación de este juicio tomar fotografías del presente asunto, con apoyo en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza dicha solicitud, en la inteligencia que la persona interesada deberá firmar una constancia para que quede asiento de la toma de fotografías. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Ana Melina Villalobos Santos, por conducto de su apoderada contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mismo que hizo consistir en: "V.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la omisión de la autoridad responsable, ya que no ha acordado el escrito presentado en fecha 04 de mayo de 2021, bajo el número de folio 00003774, mediante la cual se solicitó se despache AUTO DE EJECUCION, actualizado económicamente en sus prestaciones, dilación que conlleva a un retraso dentro del expediente de origen citado al rubro y por ende me causa perjuicio, violentando flagrantemente lo dispuesto en el artículo 838 de la ley obrera.". La autoridad responsable Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, sin embargo, señaló que el once de agosto de dos mil veintiuno, fue acordado el escrito con número de folio 0003774, presentado el cuatro de mayo del año en curso, como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó al informe de cuenta, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No obstante, en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al veintitrés de julio del presente año, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado en fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, bajo el número de folio 00003774, mediante la cual se solicitó se despache auto de ejecución, lo cierto es que de las constancias que remitió la responsable se advierte que el once de agosto de dos mil veintiuno, fue acordado el escrito de referencia, desapareciendo así el fin pretendido al tramitarse este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. No es óbice a lo anterior que el tribunal responsable no haya exhibido las constancias atinentes a la notificación respecto de dicho auto, ya que del contenido del proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, donde se acordó lo relativo al escrito materia del presente juicio, la parte quejosa quedará enterada a través de la notificación que se realice de la presente determinación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Liliana Ramírez Venegas, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta y con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con domicilio en esta ciudad, y anexo adjunto, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de julio del año en curso, pues al efecto, remite copia certificada del contrato de mandato especial de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis y auto de uno de abril de la misma anualidad, en el que se reconoció la personalidad de Reyna Belem Mena Acosta, como apoderada legal de Ana Melina Villalobos Santos, en el juicio laboral de origen. Por tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en autos; lo anterior para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de la Amparo, se reconoce personalidad jurídica a +********, como apoderada legal de **********, dentro del presente juicio de amparo. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. JUNTA REMITE CONSTANCIAS Y SE RECONOCE PERSONALIDAD" Notifíquese. Así lo acordó Norma Deyanira Aréchiga Carrillo Reyes, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por licencia oficial del Titular, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, conforme al oficio 2610/2021, de tres de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno Arturo Guerrero Zazueta; con fundamento en el artículo párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; que actúa asistida de la Secretaria Liliana Ramírez Venegas , que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    Se admite la demanda de amparo. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las catorce horas con diecinueve minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. También, con fundamento en el numeral 121 de la Ley de Amparo, se requiere al órgano laboral de esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional las constancias por las cuales se reconoce la personalidad jurídica Atento lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para los mismos efectos a las personas propuestas. Por otra parte, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a las personas propuestas para tal fin en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la quejosa es la trabajadora y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, en relación a la petición de la promovente, en el sentido de permitir durante la tramitación de este juicio tomar fotografías del expediente que se forme de la presente demanda, a través de las personas que autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones, con apoyo en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza dicha solicitud, en la inteligencia que la persona interesada deberá firmar una constancia para que quede asiento de la toma de fotografías. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito inicial de demanda, puesto que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación con la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, atendiendo a las particulares de este asunto en el que se reclama la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso -que subsista tal denegación- y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio.

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