ANA MAYRA DE LA CRUZ PÉREZ y Otros.

Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 52 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • ANA MAYRA DE LA CRUZ PÉREZ y Otros.
  • Ana Mayra de la Cruz Pérez
  • A. .M. P. de la C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. OFICIO SIN MAYOR TRÁMITE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente como antecedente, el oficio firmado por la Encargada de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; lo anterior, toda vez que en proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido dicho comunicado, acordándose lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de mayo de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido suscrito por el Juez Tercero de Primero Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior, en virtud de que el ocho de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido dicho comunicado y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de mayo de dos mil veintitrés. MANIFESTACIONES. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, por medio del cual, desahoga la vista otorgada el veintiséis de abril pasado, señalando los elementos en los que se basó, para el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese contexto, téngase a dicha autoridad realizando las manifestaciones que alude en el oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración en párrafos posteriores, al momento de resolver sobre el cumplimiento. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Por otro lado, atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en el que se determinó sobreseer en juicio de amparo. Resolución que fue recurrida por la parte quejosa, por lo que previa integración del presente expediente y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE 1. Para que el juez responsable deje sin efectos la audiencia recurrida. 2. Emita otra en el que reitere lo que no es materia de concesión de amparo y con libertad de jurisdicción provea sobre la necesidad o no de decretar prueba pericial a cargo de la quejosa y pago de alimentos a su favor, conforme a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria. En la inteligencia que de proceder el pago de alimentos, éstos tendrían el carácter de provisionales hasta el dictado de la sentencia definitiva. 1. Mediante oficio 392/2023, informó el juez responsable que el siete de marzo de dos mil veintitrés dejó sin efectos la audiencia preliminar de seis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los acuerdos relativos al decreto oficioso de la prueba pericial en psicología a cargo de la aquí quejosa, así como lo relativo a los alimentos en su favor, dejando intocados todos lo demás aspectos que no son materia del presente juicio, asimismo, señaló las doce horas del trece de abril de dos mil veintitrés, a fin de desahogar la audiencia preliminar respectiva. 2. En esa fecha, se llevó a cabo dicha diligencia, en la que reitero lo que no es materia del amparo y con libertad de jurisdicción proveyó sobre la necesidad o no de decretar la prueba pericial a cargo de la quejosa, así como lo relativo a la solicitud de pago de alimentos realizada por la referida quejosa. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte la autoridad responsable, restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la misma realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Lo anterior, sin que obste lo manifestado por la parte quejosa mediante escritos recibidos en oficialía de partes el veintitrés y veinticuatro ambos de marzo y veinticinco de abril todos de dos mil veintitrés; en las que en esencia manifiesta que, el juez de responsable dejó de valorar determinadas pruebas o datos allegados al juicio de origen, para establecer la necesidad alimentaria de ésta, así como que rebasó los límites respecto a los fines de la prueba en materia de psicología que se ordenó a la misma; asimismo, expone el procedimiento que considera seria la forma y criterio que la autoridad responsable debió tomar. En ese sentido, dígasele a la pate quejosa que los agravios que hacer valer resultan infundados, toda vez que del actuar de la autoridad responsable, no se observa ilegalidad alguna en su emisión, ni mucho menos que la autoridad haya incurrido en defecto en el cumplimiento que realizó a la ejecutoria de amparo, toda vez que al momento de llevar a cabo la nueva audiencia preliminar celebrada el trece de abril de dos mil veintitrés; con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, en lo relativo a la prueba pericial, argumenta que la consideró necesaria, para tener una perspectiva integral y así determinar la capacidad de los progenitores, esto es, ponderar el ambiente en el cual la menor involucrada dentro del juicio de origen se pueda desenvolver y convivir de manera sana, buscando salvaguardar su desarrollo integral, personalidad, así como su formación psíquica y física, y finalmente fijar la existencia o no de algún peligro para la menor atendiendo a la probable necesidad de que alguno de sus padres requiera atención psicológica. Por otro lado, en relación a sus agravios inherentes a la medida cautelar de alimentos, resultan igualmente infundados, tomando en consideración que la autoridad responsable determinó al momento de resolver, que la aquí quejosa, no gozaba de presunción de necesitar alimentos conforme a lo establecido en el artículo 258 fracción II del Código Familiar del Estado de Michoacán, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el diverso numeral 462 del ordenamiento legal en cita, pues estimó que ésta se encuentra en edad productiva al tener treinta y cuatro años de edad, al haber nacido el veintisiete de mayo de dos mil novecientos ochenta y ocho, lo que se colige que no es adulto mayor, así como que tampoco existe prueba dentro del juicio de origen, que indique que cuenta con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción. Señalando además, que contrario a lo citado en el párrafo que antecede dentro del juicio de origen, se advierte la existencia de datos que indican que por su edad y grado de estudios está en condiciones de desempeñar una actividad laboral. De ahí que se estime que el pronunciamiento de la autoridad responsable fue de acuerdo a las premisas establecidas en la propia ejecutoria; esto es, de manera fundada y motivada, dejando intocado cualquier otro dato que no constituyera materia del acto reclamado. Asimismo, como quedó reseñado en el fallo protector, un efecto de la concesión de este, es la libertad de jurisdicción con la que cuenta la autoridad responsable para proveer lo conducente en relación con la admisión o negativa de la medida cautelar a favor de la quejosa y la prueba en psicología, situación que la facultaba para determinar de acuerdo a los elementos aportados en el juicio de origen; lo que se traduce, a que no se encontraba obligada a seguir ciertos lineamientos específicos para su resolución, lo que constituye materia de la litis del presente expediente; en obvio y observancia de que lo hiciera de manera fundada y motivada, lo que como se expuso en párrafos precedentes, aconteció. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE TERCERO INTERESADO ABEL PASCUAL MACIAS, MEDIANTE AVISO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE OCHO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de mayo de dos mil veintitrés. MANIFESTACIONES. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, por medio del cual, desahoga la vista otorgada el veintiséis de abril pasado, señalando los elementos en los que se basó, para el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese contexto, téngase a dicha autoridad realizando las manifestaciones que alude en el oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración en párrafos posteriores, al momento de resolver sobre el cumplimiento. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Por otro lado, atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en el que se determinó sobreseer en juicio de amparo. Resolución que fue recurrida por la parte quejosa, por lo que previa integración del presente expediente y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE 1. Para que el juez responsable deje sin efectos la audiencia recurrida. 2. Emita otra en el que reitere lo que no es materia de concesión de amparo y con libertad de jurisdicción provea sobre la necesidad o no de decretar prueba pericial a cargo de la quejosa y pago de alimentos a su favor, conforme a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria. En la inteligencia que de proceder el pago de alimentos, éstos tendrían el carácter de provisionales hasta el dictado de la sentencia definitiva. 1. Mediante oficio 392/2023, informó el juez responsable que el siete de marzo de dos mil veintitrés dejó sin efectos la audiencia preliminar de seis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los acuerdos relativos al decreto oficioso de la prueba pericial en psicología a cargo de la aquí quejosa, así como lo relativo a los alimentos en su favor, dejando intocados todos lo demás aspectos que no son materia del presente juicio, asimismo, señaló las doce horas del trece de abril de dos mil veintitrés, a fin de desahogar la audiencia preliminar respectiva. 2. En esa fecha, se llevó a cabo dicha diligencia, en la que reitero lo que no es materia del amparo y con libertad de jurisdicción proveyó sobre la necesidad o no de decretar la prueba pericial a cargo de la quejosa, así como lo relativo a la solicitud de pago de alimentos realizada por la referida quejosa. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte la autoridad responsable, restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la misma realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Lo anterior, sin que obste lo manifestado por la parte quejosa mediante escritos recibidos en oficialía de partes el veintitrés y veinticuatro ambos de marzo y veinticinco de abril todos de dos mil veintitrés; en las que en esencia manifiesta que, el juez de responsable dejó de valorar determinadas pruebas o datos allegados al juicio de origen, para establecer la necesidad alimentaria de ésta, así como que rebasó los límites respecto a los fines de la prueba en materia de psicología que se ordenó a la misma; asimismo, expone el procedimiento que considera seria la forma y criterio que la autoridad responsable debió tomar. En ese sentido, dígasele a la pate quejosa que los agravios que hacer valer resultan infundados, toda vez que del actuar de la autoridad responsable, no se observa ilegalidad alguna en su emisión, ni mucho menos que la autoridad haya incurrido en defecto en el cumplimiento que realizó a la ejecutoria de amparo, toda vez que al momento de llevar a cabo la nueva audiencia preliminar celebrada el trece de abril de dos mil veintitrés; con libertad de jurisdicción y de manera fundada y motivada, en lo relativo a la prueba pericial, argumenta que la consideró necesaria, para tener una perspectiva integral y así determinar la capacidad de los progenitores, esto es, ponderar el ambiente en el cual la menor involucrada dentro del juicio de origen se pueda desenvolver y convivir de manera sana, buscando salvaguardar su desarrollo integral, personalidad, así como su formación psíquica y física, y finalmente fijar la existencia o no de algún peligro para la menor atendiendo a la probable necesidad de que alguno de sus padres requiera atención psicológica. Por otro lado, en relación a sus agravios inherentes a la medida cautelar de alimentos, resultan igualmente infundados, tomando en consideración que la autoridad responsable determinó al momento de resolver, que la aquí quejosa, no gozaba de presunción de necesitar alimentos conforme a lo establecido en el artículo 258 fracción II del Código Familiar del Estado de Michoacán, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el diverso numeral 462 del ordenamiento legal en cita, pues estimó que ésta se encuentra en edad productiva al tener treinta y cuatro años de edad, al haber nacido el veintisiete de mayo de dos mil novecientos ochenta y ocho, lo que se colige que no es adulto mayor, así como que tampoco existe prueba dentro del juicio de origen, que indique que cuenta con alguna discapacidad o que se encuentre sujeta a estado de interdicción. Señalando además, que contrario a lo citado en el párrafo que antecede dentro del juicio de origen, se advierte la existencia de datos que indican que por su edad y grado de estudios está en condiciones de desempeñar una actividad laboral. De ahí que se estime que el pronunciamiento de la autoridad responsable fue de acuerdo a las premisas establecidas en la propia ejecutoria; esto es, de manera fundada y motivada, dejando intocado cualquier otro dato que no constituyera materia del acto reclamado. Asimismo, como quedó reseñado en el fallo protector, un efecto de la concesión de este, es la libertad de jurisdicción con la que cuenta la autoridad responsable para proveer lo conducente en relación con la admisión o negativa de la medida cautelar a favor de la quejosa y la prueba en psicología, situación que la facultaba para determinar de acuerdo a los elementos aportados en el juicio de origen; lo que se traduce, a que no se encontraba obligada a seguir ciertos lineamientos específicos para su resolución, lo que constituye materia de la litis del presente expediente; en obvio y observancia de que lo hiciera de manera fundada y motivada, lo que como se expuso en párrafos precedentes, aconteció. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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