Ana Marlen Hernandez Quintana

Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
366/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Ana Marlen Hernandez Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de tres de mayo en curso, en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Notifíquese.

  2. Principal

    . CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado, al que anexa copia certificada del proveído de ocho de abril último, dictado en el Juicio Ordinario Laboral 1249/2018. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, la peticionaria -, reclamó lo siguiente: "V. LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE AJUSTAR SU ACTUAR EN LOS TÉRMINOS LEGALES, DILATANDO EL PROCEDIMIENTO, EN ESTE CASO, LA OMISIÓN DE RADICAR LA DEMANDA Y ORDENAR EMPLAZAR AL DEMANDADO H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN". De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite copia certificada del proveído de ocho de abril último, dictado en el Juicio Ordinario Laboral 1249/2018, en el cual acordó en sus apartados quinto y sexto, lo siguiente: "...V.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, II, III y 102 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se tiene por RECIBIDA Y RADICADA, la demanda que en la vía ordinaria laboral, promueve la -en contra del H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, CON DOMICILIO PARA SER EMPLAZADA EN LA CALLE -. VI. En consideración a lo anterior y de acuerdo a los artículos 739 y 742 de la supletoria Ley Federal del Trabajo, se ordena NOTIFICAR y EMPLAZAR al H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, para que en el improrrogable término de 9 NUEVE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que quede legal y debidamente notificado, dé contestación a la demanda instaurada en su contra.". En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad responsable en dicha data, dictó el acuerdo relativo a la admisión de la demanda promovida por -, ordenando el emplazamiento al H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Laboral 1249/2018, que dio origen al presente asunto; es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la responsable en dictar dicho acuerdo, así como en emplazar al H- La cesación de efectos, se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso, queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos humanos. En ese sentido, resulta improcedente la substanciación del presente juicio de amparo, toda vez que el acto considerado constitucionalmente violatorio, desapareció; o bien, por la comisión de un acto posterior, las consecuencias jurídicas generadas en un inicio en la esfera del quejoso, ya no surten efectos, pues ya no repercute en su vida jurídica. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Tesis de Jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Del análisis del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; en consecuencia se deja sin efectos dicha audiencia, para los efectos procedentes. A la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, procede citar la Tesis de Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por rendido su informe justificado, al que anexa copia certificada del proveído de ocho de abril último, dictado en el Juicio Ordinario Laboral 1249/2018. Ahora bien, dentro del presente juicio constitucional, la peticionaria -, reclamó lo siguiente: "V. LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE AJUSTAR SU ACTUAR EN LOS TÉRMINOS LEGALES, DILATANDO EL PROCEDIMIENTO, EN ESTE CASO, LA OMISIÓN DE RADICAR LA DEMANDA Y ORDENAR EMPLAZAR AL DEMANDADO H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN". De tal forma, del análisis de las presentes constancias, se desprende que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite copia certificada del proveído de ocho de abril último, dictado en el Juicio Ordinario Laboral 1249/2018, en el cual acordó en sus apartados quinto y sexto, lo siguiente: "...V.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101, fracciones I, II, III y 102 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se tiene por RECIBIDA Y RADICADA, la demanda que en la vía ordinaria laboral, promueve la -en contra del H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, CON DOMICILIO PARA SER EMPLAZADA EN LA CALLE -. VI. En consideración a lo anterior y de acuerdo a los artículos 739 y 742 de la supletoria Ley Federal del Trabajo, se ordena NOTIFICAR y EMPLAZAR al H. AYUNTAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, para que en el improrrogable término de 9 NUEVE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que quede legal y debidamente notificado, dé contestación a la demanda instaurada en su contra.". En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad responsable en dicha data, dictó el acuerdo relativo a la admisión de la demanda promovida por -, ordenando el emplazamiento al H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Laboral 1249/2018, que dio origen al presente asunto; es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la responsable en dictar dicho acuerdo, así como en emplazar al H- La cesación de efectos, se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del quejoso, queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos humanos. En ese sentido, resulta improcedente la substanciación del presente juicio de amparo, toda vez que el acto considerado constitucionalmente violatorio, desapareció; o bien, por la comisión de un acto posterior, las consecuencias jurídicas generadas en un inicio en la esfera del quejoso, ya no surten efectos, pues ya no repercute en su vida jurídica. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Tesis de Jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Del análisis del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; en consecuencia se deja sin efectos dicha audiencia, para los efectos procedentes. A la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, procede citar la Tesis de Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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