Ana Marisol Esparza Flores

Expediente 1968/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1968/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Ana Marisol Esparza Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda, escrito de registro 21552 y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese cuerda separada, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 618/2023 promovido por ...contra el acto que reclama del Jesús Correa Gurrola Integrante de la Guardia Nacional y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que mencionan. Intervención de las partes del incidente de suspensión. 1. Parte quejosa. a) Autorizados. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a M... debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a ..., por no contar con dicho registro, así como a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través de los usuarios "gvalles1, abravoc y andreasedenot ". Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "gvalles1, abravoc y andreasedenot", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. d) Oposición de datos. Ahora bien, como lo solicita, se tiene por hecha su manifestación en el sentido de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, fracciones II, VI, XIV, inciso c), 4, fracción III, 5, 8, 13, 14, 18 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 2, fracción II, 5 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le tenga oponiéndose a que sus nombres y datos personales se hagan públicos en el presente juicio de garantías, así como en las listas de notificación que se publiquen en los distintos medios electrónicos, es decir que las mismas sean con supresión de datos, manifestaciones que serán tomadas en consideración en el momento de practicarse las citadas notificaciones, que se elaboren por este Juzgado de Distrito con respecto a este juicio de amparo. e) Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que en copia simple acompañó a su demanda de amparo, así como a su escrito de registro 21552, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia incidental; con lo anterior, dese vista a las partes para el uso de su derecho. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Dichos informes pueden ser presentado físicamente o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como los puentes de interconexión entablados con las autoridades, bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Consideraciones respecto a las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, ... Asimismo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Dese al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y ocho minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. De la demanda de amparo se advierte que se solicita la suspensión de los actos reclamados que consisten, en síntesis, en: La creación, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, específicamente el artículo 74 Ter, fracción I. La boleta de infracción 7257695, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el acta circunstanciada de remisión de vehículo a un depósito de guarda y custodia, así como sus consecuencias. Constancia de arrastre de servicio de grúa, así como la recepción y depósito del vehículo descrito en la boleta reclamada. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las autoridades responsables restituyan el referido vehículo. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. a) Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. Bajo tales condiciones, respecto a los actos reclamados previamente precisados, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la suspensión provisional, en razón de que: Se presumen ciertos los actos reclamados (1), considerando las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, obrantes en la demanda de amparo y escrito de registro 21552. Se acredita indiciariamente el interés suspensional, atendiendo a la información proporcionada bajo protesta de decir verdad respecto del folio de infracción número 7257695, que recayó al vehículo con placas de circulación JRE5695, expedida por el elemento de la guardia nacional Jesús Correa Gurrola, así como con la copia certificada de la factura con folio fiscal 540795BB-E316-475A-A103-6DE1FEACAE6E expedida a nombre del quejoso Luis Octavio Vidrio Martínez. Los efectos de los actos reclamados son susceptibles de paralizarse (3). Se inadvierte que la presente concesión irrogue perjuicio al interés social o al orden público (4). En efecto, se toma en consideración que la desposesión reclamada deriva de la retención del vehículo con placas de circulación JRE5695, en virtud de la cédula de notificación de infracción 7257695, mediante la cual se impuso una multa y, además, como medida de seguridad, se determinó la retención del mismo. En términos de lo establecido en el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, podrán retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: "Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente; II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o de la Ciudad de México, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados por la Secretaría; III. Cuando excedan el tiempo autorizado para circular o transitar con motivo de su importación temporal y se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, debiendo dar vista a las autoridades correspondientes; IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, que se determinen en esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven, y V. Cuando se encuentren prestando servicio de autotransporte y esté vencido su plazo o límite máximo de operación para dar el servicio de autotransporte federal de pasajeros o turismo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.". Como puede verse, cada uno de los supuestos anteriores tiende a evitar que los vehículos que incurran en las situaciones descritas continúen circulando por caminos federales; las fracciones I, II, III y V, por ejemplo, tienen por finalidad el que se retire de la circulación a aquellos vehículos que carecen de los permisos o concesiones para prestar el servicio de autotransporte federal, bajo la idea de impedir que se continúe con la prestación de un servicio que al menos al momento de la detención, no se encuentra regulado o autorizado por las autoridades administrativas competentes; por su parte, la fracción IV tiene que ver con fines relacionados con la seguridad de los usuarios que transitan por las vías generales de comunicación y de los propios conductores de los vehículos detenidos, al buscar que no circulen sin cumplir con las condiciones de seguridad necesarias, como pudieran ser cuando las llantas, luces, carrocería o demás elementos se encuentren en mal estado o fuera de funcionamiento. En este sentido, es claro que la retención de la que el vehículo materia de la suspensión fue objeto, no trastoca su titularidad o propiedad, en tanto que constituye una medida tendiente a evitar que se sigan cometiendo las infracciones que originaron su resguardo y, a la par, representa un aliciente para que la infracción cometida sea liquidada. Lo que tiene lógica si se toma en cuenta que el artículo 217 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, establece que los vehículos que sean retirados de la circulación por las causas que establecen las fracciones I, II y V del apuntado artículo 74 ter, serán remitidos al depósito de vehículos permisionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y sólo serán liberados después de realizado el pago de las sanciones impuestas o de haberse otorgado garantía suficiente en términos del artículo 76 de la Ley, que permite que el monto de las sanciones administrativas por incumplimiento a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pueda ser garantizado con el valor del propio vehículo con el que se cometió la infracción. En otras palabras, la retención del vehículo derivada del mencionado incumplimiento de la ley, en un principio no constituye un método de garantía, sino una sanción en sí misma, siendo que solo después de detenido, el propietario del automotor estará en posibilidad de dejarlo en depósito de las autoridades o recibirlo él o su conductor con el mismo carácter de depositarios, con el fin de garantizar el interés fiscal que se ha constituido con motivo de la multa impuesta. Lo que de igual manera resulta relevante para corroborar que el quejoso cuenta el interés suspensional necesario para solicitar la suspensión de los actos reclamados, pues como se mencionó, es en el propio artículo 76 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en donde se establece la posibilidad de que, en caso de que la garantía sea el vehículo, se entregue en depósito a su conductor o a su legítimo propietario, quienes deberán presentarlo ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite. Esto es, a través del primer párrafo del aludido numeral, el legislador expresamente contempló la opción de que el conductor se encargue de la guarda del bien y de su restitución al momento en el cual le fuera requerido por la autoridad fiscal; lo que se reputa suficiente para tener por actualizado, al menos indiciariamente, el interés suspensional del impetrante del amparo, en tanto que en la apuntada boleta de infracción, es él el señalado como infractor de la violación cometida, evidenciándose así que, con ese carácter, le es posible recibir en depósito el mencionado automóvil, al tener un derecho de posesión sobre el mismo; tanto es así, que el numeral 204 del citado Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal también contempla la posibilidad de que la liberación del automotor, tratándose del retiro por infracciones que se sancionen con multa, derive del pago o garantía otorgada por "el conductor o el legítimo propietario del vehículo" . A lo que se suma que como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 96/97 que se cita en el escrito de agravios, el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. De ahí que sí es factible otorgar la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se le restablezca provisionalmente en el goce de ese derecho hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, tal y como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. Máxime que también es evidente el peligro en la demora, pues con esa medida cautelar se busca paralizar momentáneamente las consecuencias jurídicas que surgen con motivo de la retención vehicular, como pudiera ser una afectación desmedida de índole económica como resultado del resguardo del bien mueble y, en este caso particular, la imposibilidad de seguir prestando el servicio de autotransporte privado, pues de acuerdo con los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se narran en el escrito de demanda, es la única fuente de ingresos del quejoso. Así pues, como por las mismas razones ya expuestas la medida cautelar solicitada no atenta contra disposiciones de orden público ni afecta el interés social, aunado a que no existen constancias o datos en el cuaderno incidental que evidencien que el carro cuenta con reporte de robo o se encuentre relacionado con un hecho ilícito. Por ende, lo correspondiente es otorgar dicha medida, conforme al artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Efectos de la medida. En razón de lo expuesto con antelación, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, fracción I, y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que se devuelva al quejoso el vehículo marca NISSAN, Versión VERSA DRIVE T/M A/C, modelo 2019, color blanco/negro, número de motor HR16307398U, número de serie 3N1CN7AD0KK430103, con placas de circulación JRE5695 del Estado de Jalisco y se permita su circulación, retenido con motivo de la infracción 7257695, previo acreditamiento de su titularidad ante la autoridad, y que sea garantizado el interés fiscal de los gastos generados por dicha infracción y por el traslado del vehículo retenido en el depósito público o privado concesionado correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el cuaderno incidental. En el entendido de que dicho automotor deberá ser entregado al quejoso en términos del primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, lo que implica que la función que tiene encomendada como depositario de ese bien trae aparejada la responsabilidad del mismo, de los daños que se le pudieran causar y su restitución al momento en el cual le fuera requerido por la autoridad fiscal; además de que la suspensión concedida no constituye un permiso para prestar los servicios de autotransporte federal, ni una salvedad para dejar de acatar la normativa que deriva de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Asimismo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se lleve a cabo ningún acto tendente al cobro de los créditos fiscales que pudieran generarse a consecuencia de la imposición de la multa reclamada. Situación que prevalecerá hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Condiciones de efectividad. Es preciso enfatizar, que en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Asimismo, que la presente medida cautelar no faculta a la accionante de la instancia constitucional a inobservar las disposiciones legales en materia administrativa que le resulten aplicables, ya que en ese aspecto, las autoridades responsables conservan intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en su área las rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o suspende dichas facultades para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones. Garantía de efectividad. Como requisito de efectividad con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional surtirá sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, la parte quejosa no acredita haber garantizado, o garantiza ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales el importe total correspondiente al equivalente del monto contenido en la multa que constituye el acto reclamado, a fin de asegurar el interés fiscal conforme al numeral invocado, lo anterior es así, ya que el pago requerido por las autoridades exactoras estatales constituyen aprovechamientos, lo que resulta ser contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, por lo que, éstos adquieren la naturaleza de créditos fiscales, los cuales son exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera tal que al solicitarse la suspensión promoviéndose el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el precitado artículo 135 de la Ley de la materia. Sirve de sustento a lo anterior, las siguientes jurisprudencias. "Registro digital: 168607 Jurisprudencia Materias(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Tesis: 2a./J. 138/2008 Página: 445 MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía.". "Registro digital: 2010522 Jurisprudencia Materias(s): Común, Administrativa Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 24, Noviembre de 2015 Tomo III Tesis: PC.I.A. J/57 A (10a.) Página: 2118 MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra acto relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía de interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.". VII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Remite constancias. Téngase por recibido el oficio que firma el Dirección General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Jalisco, mediante el cual remite las constancias solicitadas en acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; con su contenido, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Causal de sobreseimiento. Por otra parte, se les tiene haciendo valer causales de sobreseimiento, las que de ser procedentes serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa manifiesta. Se tiene por recibido el escrito presentado por el apoderado general de la parte quejosa, por el cual realiza diversas manifestaciones en torno a las gestiones de cumplimiento realizadas por la autoridad responsable. Lo anterior para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario, requerir a la responsable por el cumplimiento al fallo protector, toda vez que en acuerdo que antecede se requirió lo necesario.

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