Ana Marina Sánchez García Méndez

Expediente 1661/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1661/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Ana Marina Sánchez García Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se recibe voto concurrente: Agréguese a los autos el voto concurrente formulado por la Magistrada del Primer Tribunal Colegiad en Materia Administrativa del Sexto circuito, en la queja 323/2021, de su contenido se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo de estilo correspondiente al Tribunal Colegiado. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es necesario precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo se advierte los siguientes datos: Litis constitucional. Parte quejosa. Ana Marina Sánchez García Méndez. Tercero interesado. No existe. Autoridades responsables. 1. Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, asociación civil. 2. Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. 3. Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Actos reclamados. A la Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, asociación civil: a) La omisión de expedir y entregar a la quejosa el Título de Maestría en Psicoanálisis y Cultura. A la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a la Subsecretaría de Educación Superior adscrita a esa dependencia: b) La omisión de aplicar y vigilar la aplicación del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que regula la obtención del Título Profesional, del Diploma de Especialidad y de los Grados Académicos. c) La omisión de registrar y validar el Título Profesional de la quejosa como Maestra en Psicoanálisis y Cultura. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de expedir y entregar a la quejosa el título electrónico de Maestría en Psicoanálisis y Cultura; la omisión vigilar la aplicación del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que regula la obtención del Título Profesional, del Diploma de Especialidad y de los Grados Académicos y la omisión de registrar y validar el citado título profesional, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, a la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como antes se precisó, la parte quejosa reclamó la omisión de expedirle su título electrónico de Maestría en Psicoanálisis y Cultura; la omisión vigilar la aplicación del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que regula la obtención del Título Profesional, del Diploma de Especialidad y de los Grados Académicos y la omisión de registrar y validar el citado título profesional. Al respecto, por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa haciendo del conocimiento que los efectos de los actos que reclamó habían cesado, toda vez que ya le había sido expedido el título y cédula profesional relativos a la Maestría en Psicoanálisis y Cultura. Para acreditar dichas manifestaciones la quejosa adjuntó al escrito de referencia copia del título y cédula electrónicos expedidos a su favor el cuatro y catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mismos que la acreditan con el grado de Maestra en Psicoanálisis y Cultura. En ese sentido, resulta patente que la pretensión toral de la parte quejosa -que le fuera expedido y entregado el Título de Maestría en Psicoanálisis y Cultura y realizar su registro y validación-, se obtuvo durante la tramitación del presente juicio de amparo. Por lo tanto, han cesado los efectos de los actos que reclamo como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de la quejosa. Es aplicable al caso, por analgía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Lo anterior, sin soslayar que las autoridades responsables no hubieran dado noticia de la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, pues la parte quejosa exhibió ante este órgano el título y cédula profesional de referencia, lo que evidencia que efectivamente fueron expedidos y entregados. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. En esas circunstancias, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, respecto de las omisiones reclamadas, dése de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su momento archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Se recibe testimonio del Colegiado: Agréguese a los autos el testimonio de la ejecutoria de trece de julio de dos mil veintidós dictada en el recurso de queja 323/2021, que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la que se advierte que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuyó a la Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, Asociación Civil. Acúsese de recibo al Tribunal oficiante. Ahora, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito fueron los siguientes: "En relatadas consideraciones, al no satisfacerse los requisitos del artículo 113 de la ley de la materia, procede declarar fundado el recurso de queja y en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de dicha ley, ordenar al juzgado del conocimiento proveer lo conducente, en relación a la admisión de la demanda, en términos de los artículos 112 a 115 de la propia ley de amparo, y con libertad de jurisdicción determinar lo procedente en cuanto a las peticiones formuladas en sus escritos transcritos con antelación.". En virtud de lo anterior, se deja insubsistente el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, únicamente por lo que corresponde a la parte relativa al desechamiento parcial del acto reclamado a la Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, Asociación Civil; y, en consecuencia se provee: Reanudación del procedimiento y fecha de audiencia constitucional. Por lo tanto, atento a que por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se resolviera el recurso de queja promovido por la parte quejosa, lo que en la especie ya acontece; se ordena reanudar el procedimiento y, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Admisión de la demanda respecto del acto reclamado al a la autoridad señalada como Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, asociación civil. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo respecto de la autoridad señalada como Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, asociación civil. Acuerdo y/o motivación. Análisis de la demanda de amparo: Parte quejosa. Ana Marina Sánchez García Méndez. Autoridad responsable. 1. Escuela Libre de Psicología, Centro de Estudios Profesionales de Puebla, asociación civil. Actos reclamados. a) La omisión de expedir y entregar a la quejosa el Título de Maestría en Psicoanálisis y Cultura. Admisión. Se admite a trámite la demanda de amparo. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quién deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifique el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que podrá rendir su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso, al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx y diana.cortes.gonzalez@correo.cjf.gob.mx , lo anterior, a fin de evitar el traslado del personal y privilegiar el trabajo a distancia, acorde con las medidas establecidas por el Consejo de la Judicatura, en el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Exhorto para mejorar comunicación. En otro tema, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se le exhorta a fin de que proporcione una dirección de correo electrónico o un número telefónico. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa

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