Ana María Zárate Ávila

Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
294/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Ana María Zárate Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este juicio de amparo la demanda que dio origen a este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 300/2018/M-4. Dicha autoridad manifiesta que son ciertos los actos reclamados, sin embargo, señaló que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós acordó el escrito de la parte quejosa. Como lo pide la referida autoridad, se le tiene por nombrado como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como correo electrónico de contacto de la citada autoridad el que señala, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: "a).- La omisión acordar mi petición recepcionada en fecha 10 (sic) de Diciembre del año 2021, dentro del Juicio laboral número 300/2018/M-4 promovido por la suscrita en contra del H. Ayuntamiento de Zaragoza S.L.P. En otras palabras, se le reclama el hecho de que a la fecha la responsable no ha emitido acuerdo de mi escrito antes citado el cual agrego al presente como anexo uno. b).- Las consecuencias jurídicas que se deriven los actos de autoridad antes referido." De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la omisión de acordar el escrito que presentó el uno de diciembre de dos mil veintiuno Juicio laboral 300/2018/M-4, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, solicitó que se reconociera a los comparecientes su calidad de apoderados y se requiera a la demandada por el pago de los salarios caídos conforme al laudo dictado en el juicio laboral señalado, para lo cual solicitó se girara el exhorto correspondiente al Juzgado Menor de Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de 300/2018/M-4, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se advierte que acordó el escrito de la parte quejosa, pues tuvo como nuevo domicilio de la parte actora el que señaló, se reconoció a los apoderados que designó y en cuanto a requerir a la demandada por el pago de los salarios caídos, se determinó que se debía estar a lo ordenado en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, en el que se estableció que por decretó de veintiuno de febrero del año en curso, se decretó la supresión del Juzgado Menor de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, por lo que había imposibilidad para requerir el pago de los salarios. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572 No pasa inadvertido para el suscrito que a la fecha no ha sido emplazado el tercero interesado, sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 300/2018/M-4. Dicha autoridad manifiesta que son ciertos los actos reclamados, sin embargo, señaló que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós acordó el escrito de la parte quejosa. Como lo pide la referida autoridad, se le tiene por nombrado como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como correo electrónico de contacto de la citada autoridad el que señala, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: "a).- La omisión acordar mi petición recepcionada en fecha 10 (sic) de Diciembre del año 2021, dentro del Juicio laboral número 300/2018/M-4 promovido por la suscrita en contra del H. Ayuntamiento de Zaragoza S.L.P. En otras palabras, se le reclama el hecho de que a la fecha la responsable no ha emitido acuerdo de mi escrito antes citado el cual agrego al presente como anexo uno. b).- Las consecuencias jurídicas que se deriven los actos de autoridad antes referido." De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se toman en cuenta los datos que emanan de la demanda, sus anexos, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, derivado preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En ese sentido, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la omisión de acordar el escrito que presentó el uno de diciembre de dos mil veintiuno Juicio laboral 300/2018/M-4, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, solicitó que se reconociera a los comparecientes su calidad de apoderados y se requiera a la demandada por el pago de los salarios caídos conforme al laudo dictado en el juicio laboral señalado, para lo cual solicitó se girara el exhorto correspondiente al Juzgado Menor de Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de 300/2018/M-4, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se advierte que acordó el escrito de la parte quejosa, pues tuvo como nuevo domicilio de la parte actora el que señaló, se reconoció a los apoderados que designó y en cuanto a requerir a la demandada por el pago de los salarios caídos, se determinó que se debía estar a lo ordenado en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, en el que se estableció que por decretó de veintiuno de febrero del año en curso, se decretó la supresión del Juzgado Menor de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, por lo que había imposibilidad para requerir el pago de los salarios. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572 No pasa inadvertido para el suscrito que a la fecha no ha sido emplazado el tercero interesado, sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase por recibidos los autos del juicio de amparo 120/2017-IV y copia certificada de la ejecutoria de diez de marzo del año en curso, pronunciada por el citado Tribunal en el amparo en revisión 574/2017. Acúsese recibo; glósese el cuadernillo de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; debiendo agregar a estos autos el original de los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en el estado en que se encuentre; háganse las anotaciones correspondientes; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "[.] PRIMERO. Se revoca la resolución constitucional recurrida de seis de julio de dos mil diecisiete, terminada de engrosar el veintiuno de los propios mes y año, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 120/2017-IV. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Administradora de Personal Potosina, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, Jorge Jasso Ladrón de Guevara, contra los actos reclamados al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en el Anexo 24 contenido en la Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro de octubre de dos mil dieciséis y, sus disposiciones vinculadas." Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos y no existen billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Asimismo, con fundamento en capítulo séptimo, artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete se sobreseyó el presente juicio de amparo y que dicha determinación fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito quien negó el amparo solicitado, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. En virtud de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además en acatamiento a lo ordenado por el artículo 21, inciso c), del Capítulo Octavo del mencionado Acuerdo General, debido a que se negó la medida cautelar solicitada deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.

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