Ana María Zaizar Mercado
Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- ANA MARÍA ZAIZAR MERCADO y Otros.
- Ana María Zaizar Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que la parte quejosa [única legitimada] haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Apoderado Legal de la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud en el Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en auto de tres de enero de la presente anualidad, remite copia certificada de lo siguiente: Comprobante de la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 del menor quejoso de iniciales **** En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la antes citada, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, se tiene que los actos reclamados son los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables y marcados con los incisos a) a la g), las determinaciones y acuerdos tomados de forma conjunta y/o separada para excluir, de manera discriminatoria, a los niños y adolescentes de entre 12 a 17 arios sanos, de la Campaña de Vacunación Nacional contra el virus COVID-19. 2. De las autoridades educativas, el ACUERDO número 23/08/21 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos. 3. De las autoridades señaladas en los incisos h) al o), la ejecución materia de los actos de omisión y discriminación que se señalan en esta demanda como actos reclamados así como: a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato Presidencia de acudir a clases presenciales "llueve truene o relampague" la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México omitiendo a los niños sanos de 12 a 17 años para que se les aplique biológico autorizado, afectando con ello de manera directa a nuestro menor hijo, entre la eminente entrada presencial de este ciclo escolar, bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos de la salud, de la vida, a la educación, a la prevención y su concreción en gran porcentajes en condiciones de mínimo contagio, a que no tena complicaciones graves que mermen su salud e incluso en que pueda perder su vida por la variante DELTA y otras que han surgido, o cualquier otro que como derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a los menores de 12 a 17 años de manera urgente e inmediata, el lugar, horario o fecha en que se aplicarán las dosis de vacuna autorizada, antes de que se convoque al regreso de clases presenciales en el Estado de Quintana Roo a la luz de los derechos humanos consagrados en el artículo 4° Constitucional y Tratados Internacionales sin discriminación ni distinción al ser un grupo vulnerable por el solo hecho de ser menores de edad. c) La discriminación respecto al derecho a la vida y salud, a la prevención y su concreción para asegurar en tratamiento de enfermedades causadas por una epidemia como es el SARS-CoV-2 COVID-19, vulnerando el interés superior de la niñez, objetivamente transgredido y a la luz de los derechos humanos consagrados en los artículos 1° y 4° Constitucionales y Tratados Internacionales sin discriminación ni distinción alguna al tratarse de un grupo vulnerable por el solo hecho de ser menores de edad. d) Las omisiones reclamadas se traducen materialmente en el hecho del menor quejoso, no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19, que la protegería de cualquier gravedad de esta enfermedad sobre todo de la variante DELTA así como de otras que han surgido y por lo tanto peligre y esté en riesgo su salud y consecuentemente su vida, ya que cada día es un día más de riesgo ante la omisión de aplicarle la vacuna mencionada, además de que en su calidad de mexicana por nacimiento tiene derecho a la prevención de su vida y su salud sin discriminación de ninguna clase, o por motivo de ser personal integrante del sector salud y/o médico y/o docente del estado y/o tener una enfermedad y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o que no tenga una enfermedad que pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. e).- La violación del derecho humano a la salud así como a la prevención a través de la vacunación contra el virus SARS.CoV2 COVID-19, negándole el ejercicio del más alto nivel posible a la salud y por ende a la vida, sin discriminación de edad, comorbilidad, independientemente de la entrada o no a clases de manera presencial." Así, de la transcripción que antecede se desprende que la parte quejosa, en esencia, se duele de la omisión de aplicar la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 al menor quejoso de iniciales **** y la omisión de informar el lugar, horario y fecha donde se le aplicarán las vacunas. Ahora, respecto a los actos reclamados antes citados, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado consistente en a) la omisión de aplicar la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 al menor quejoso de iniciales ****. y b) la omisión de informar el lugar, horario y fecha donde se le aplicarán las vacunas. Ahora, del análisis de la constancia enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el cinco y veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, respectivamente, se le aplicó la primera y segunda dosis de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-COV2 al menor quejoso. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que le fue aplicada la primera y segunda dosis de la vacuna a la aquí quejosa, con lo cual se acredita que completó el cuadro de la vacunación en contra del virus SARS-COV2, lo que se corrobora con las manifestaciones de la madre del menor quejoso realizadas mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que informó que se aplicó la segunda dosis de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-COV2 al menor quejoso, y remitió copia de los comprobantes de la primera y segunda dosis de vacunación contra dicho virus. Luego, las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa, pues cuentan con pleno valor probatorio en términos de lo señalado por los artículos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se formularon por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y se trata de un hecho concerniente al asunto que nos ocupa. Por tanto, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Luego, en ese sentido, se debe decir que el presente sobreseimiento se decreta fuera de la audiencia constitucional, ya que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados; por lo que se debe decir que, ni aun celebrándose dicha audiencia podría cambiar el sentido de la cesación de mérito, además de que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; máxime que dicha circunstancia es congruente con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente juicio de amparo existan diversas autoridades responsables; sin embargo, en el presente caso cesaron los actos que se reclamaban de ellas, pues se acreditó que se completó el esquema de vacunación de la vacuna BionTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con diez minutos del dos de febrero de dos mil veintidós. De igual manera agréguense a los autos los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano con residencia en esta ciudad, mismos que contienen los oficios dirigidos a las autoridades siguientes: No. Autoridad Leyenda de devolución Consejero Presidente del Consejo de Salubridad General. "la autoridad no corresponde al domicilio" Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaria de Salud "Desconocido" Consejero Presidente del Consejo de Salubridad General "la autoridad no corresponde al domicilio" Lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran en autos las piezas postales de los oficios siguientes: NoAutoridadOficio1 Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Consejero Presidente del Consejo de Salubridad General.2 Con los que se reexpidieron los diversos ***, en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, mediante los cuales se requirieron sus informes justificados. En otro orden, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que, en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, la quejosa ***, representante del menor ***, informó que le fue aplicada a su hijo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, y como prueba remitió copia simple de los comprobantes de vacunación contra el virus SARS-COV2, relativos a la primera y segunda dosis. En atención a ello, al advertirse una posible causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, se requiere a la Secretaría de Salud, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días remita copia certificada de dichos comprobantes, así como el certificado de vacunación correspondiente. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1997, Tomo V, Materia Común, Novena Época, visible en la página 108, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Se apercibe a la autoridad antes mencionada que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello en el término concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se le impondrá una multa por la cantidad de ***, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Sin que sea necesario notificar a las autoridades responsables, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran en autos las piezas postales de los oficios siguientes: NoAutoridadOficio1 Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.23543/20212 Consejero Presidente del Consejo de Salubridad General.23544/2021 Con los que se reexpidieron los diversos 19934/2021 y 19935/2021, en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, mediante los cuales se requirieron sus informes justificados. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintidós para su celebración. Sin que sea necesario notificar a las autoridades responsables, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Máxime que es un hecho público que la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), sigue latente; por lo que la anterior determinación se emite en salvaguarda de la salud e integridad física de la actuaría, y demás personal de este órgano, así como de los propios justiciables. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: Notifíquese.
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