Ana Maria Vazquez Santamaria

Expediente 408/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
408/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Ana Maria Vazquez Santamaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en el proveído de treinta y uno de mayo del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por parte de la jueza sexta menor civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia, y el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, en relación a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Así, se tiene que el tres de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual en su único resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ****, para los siguientes efectos: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra los actos y autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señalados en penúltimo y últmo de aquéllos." (foja 87 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO. ".SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar inconstitucional la sentencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete, recaída al recurso de revocación que hizo valer ****, por conducto de su representante, frente a la interlocutoria de veintiuno de febrero del mismo año, pronunciada en el incidente de liquidación de gastos y costas emanado del juicio ejecutivo mercantil M-141/2013. El juez sexto menor civil en Celaya, Guanajuato, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá. * Dejar insubsistente el fallo identificado como reclamado, y dicte otro, en el que prescindiendo del argumento relativo a que por haberse tramitado el incidente de mérito bajo la reforma que sufrió la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, el primero de julio de dos mil dieciséis, las prestaciones identificadas en la demanda incidental deben calcularse en unidades de medida y actualización; establezca que debe emplearse en su lugar, el monto del salario mínimo precisado en la planilla de liquidación. Con lo que se tendría por cumplido el amparo y restituida a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Protección que debe hacerse extensiva contra el acto atribuido a la autoridad ejecutor al no haberse reclamado por vicios propios.". (foja 87 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, requiriendo en dicha fecha a la jueza sexta menor civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. ".PRIMERO:- Este Juzgado es competente para resolver el presente incidente, por haber conocido del principal. SEGUNDO:- Se aprueba la planilla de liquidación de GASTOS Y COSTAS PROCESALES, en los términos del considerando tercero del presente incidente. TERCERO.- No ha lugar a decretar condena en costas por el trámite de la alzada.". (foja 108 frente ). A foja 103 de la sentencia emitida por la autoridad responsable, se destaca: ".por tanto se deja insubsistente la sentencia dictada por este Juzgado el 14 catorce de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, en la que se aplicó la reforma del primero de julio de dos mil diecisiséis de la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato, se procederá a dictar otra en la que se aplicará la Ley Arancelaria contenida en el Decreto número 228 del 8 de marzo de 1953 mil novecientos cincuenta y tres, es decir, se aplicará el salario mínimo precisado en la planilla de liquidación de gastos y costas".". En la parte final del considerando tercero, se expone: ".SUMANDO LOS RUBROS DE GASTOS Y COSTAS PROCESALES, DA UN TOTAL DE $49,279.96 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.). CANTIDADES APROBADAS.". En base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la jueza sexta menor civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, dejó insubsistente la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil diecisiete, dictando una nueva el treinta de mayo del presente año, en la que aplicó la Ley Arancelaria contenida en el Decreto número 228 del ocho de marzo de 1953, aplicando a las prestaciones reclamadas la base del salario mínimo como se le ordenó hacer. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ARCHIVO. Por otra parte, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo. Glósese el original del incidente de suspensión. DEPURACIÓN ORIGINAL INCIDENTE. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue CONCEDIDA la suspensión del acto reclamado, por lo que deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCION DE DUPLICADO. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DEPURACION EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección constitucional, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por ser innecesaria su retención se ordena devolver a la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad capital, la documental que acompañó a su informe justificado, consistente en original del expediente 872/1ª Sala/13, la cual obra en UN cuaderno de pruebas por separado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por la jueza sexta menor civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, remite copia certificada de la notificación a las partes del cumplimiento a la ejecutoria, el cual se ordena reservar a acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto transcurra el término de tres días concedido para el efecto de que la parte quejosa se imponga de la vista que se le dio mediante proveído de treinta y uno de mayo del presente año.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibido el escrito signado por el endosatario en procuración de la quejosa ***, por medio del cual solicita copias certificadas. SE AUTORIZAN COPIAS. Como lo pide, conforme a los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse a costa del quejoso las copias referidas. Por otra parte, hace de su conocimiento, que una vez que comparezca para dicho efecto, deberá identificarse con credencial oficial vigente con fotografía y, una vez hecho lo anterior, se asentará la razón de recibo correspondiente.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado la Jueza Sexto Menor Civil, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.

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