Ana María Vargas Hernández
Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Vargas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que transcurridos más de cinco años se procederá a la transferencia del mismo para su destrucción, esto es, con posterioridad al TRECE DE DIECIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De igual modo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE DIECIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, considerando las quejosas anexaron a su escrito inicial de demanda diversas constancias, y las mismas obran en un tomo por separado, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte quejosa a efecto que comparezca a recibir los documentos exhibidos, en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos se glosarán a las presentes actuaciones, y correrán la misma suerte que este expediente; documentos que se entregarán personalmente, o por conducto de las personas que hayan autorizado expresamente para tal efecto, previa firma que en razón de su recibo obre en autos. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que transcurridos más de cinco años se procederá a la transferencia del mismo para su destrucción, esto es, con posterioridad al TRECE DE DIECIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De igual modo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE DIECIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, considerando las quejosas anexaron a su escrito inicial de demanda diversas constancias, y las mismas obran en un tomo por separado, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte quejosa a efecto que comparezca a recibir los documentos exhibidos, en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos se glosarán a las presentes actuaciones, y correrán la misma suerte que este expediente; documentos que se entregarán personalmente, o por conducto de las personas que hayan autorizado expresamente para tal efecto, previa firma que en razón de su recibo obre en autos. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ana María Vargas Hernández y Karen Bonilla Vargas, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1090/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en relación con los actos que reclama las quejosas Ana María Vargas Hernández y Karen Bonilla Vargas, consistente en: ? La orden dictada dentro del juicio ordinario mercantil número 1972/2012/I promovido por José Reyes Romero, en contra de Remedios Bonilla Rojano, mediante la cual pretenden privarla de la posesión material de la propiedad del inmueble Número 13, en el Fraccionamiento "Chula Vista" ubicado en la Primera Privada Hortencia, esquina Ana María Martínez Flores de esta ciudad. De esta manera, conviene asentar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Tal precepto establece la causa de improcedencia del juicio de amparo cuando éste se promueve contra actos que no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa; razón por la cual, en ese caso, no es posible analizar la inconstitucionalidad que se alega del acto reclamado. Sobre el tema en particular, conviene citar la tesis aislada I.13ºA.23.K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil ochocientos tres, tomo XVII del mes de enero de dos mil tres, número de registro digital 185149, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO". Ahora bien, en el caso, las quejosas Ana María Vargas Hernández y Karen Bonilla Vargas, se ostenta como personas extrañas al juicio y reclaman los actos que tuvieran como consecuencia afectar la posesión que afirman tener, toda vez que la C. Remedios Bonilla Rojano les donó de MANERA VERBAL el inmueble ubicado en el número 2 de la calle Primera Privada de Hortencia, esquina con la calle de Ana María Martínez Flores, ubicado en el fraccionamiento Chula Vista, de esta ciudad, de ahí que estaba obligada a probar dos cuestiones, a saber: a) La existencia de la causa generadora de la posesión a través de título que, además, fuera de fecha cierta a fin de estar en posibilidad de determinar con certeza la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. Asimismo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 96/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable a página 191, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). " b) El hecho de la posesión material; en efecto, la reclamación de actos de desposeimiento tiene como presupuestos la posesión y la causa generadora y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta la naturaleza del acto que se reclama, pues a diferencia del caso en que el menoscabo del derecho de posesión se hace derivar directamente de la propiedad del bien, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión originaria; y en este sentido su interés jurídico para promover el juicio de amparo quedará acreditado con las documentales que acrediten esa propiedad. Lo anterior se explica en la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 259, Tomo XXXI, abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido literal siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. " No obstante lo anterior, cuando se trata de la posesión derivada, la sola circunstancia de que el documento justificativo de la causa generadora de la posesión sea de fecha cierta, no es eficaz, por sí solo, para demostrar ese hecho, sino que requiere la justificación de la transmisión material del uso, como en el caso, del arrendamiento. Luego, si las quejosas promovieron el juicio de amparo ostentándose como propietarias por donación verbal y consecuente poseedoras precarias del inmueble, es ese carácter el que debe acreditar fehacientemente, así como el hecho de la posesión material, porque es de ellas del que hace derivar su afectación jurídica. Lo anterior, por identidad jurídica tiene sustento en la jurisprudencia VI.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que está en la página 1036, Tomo XIII, mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido literal siguiente: "POSESIÓN, ES INSUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA DEMOSTRARLA." En ese orden de ideas, la circunstancia de que las quejosas manifestaran bajo protesta de decir verdad que no le era posible exhibir un documento para acreditar ser poseedoras del bien inmueble por haber constituido una DONACIÓN VERBAL con la demandada en el juicio ordinario mercantil REMEDIOS BONILLA ROJANO, no es suficiente para instar la acción constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 5, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. " En ese sentido, la sola manifestación bajo protesta de decir verdad es insuficiente para acreditar la posesión que afirma tener la parte quejosa, por lo que al no haberlo acreditado no demostró el interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.15o.A.28 K, novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2613, con número de registro 171389, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Cobra aplicación la Jurisprudencia 289, visible en la página 309, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, Materia Común (registro 1002355), Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Pues es importante destacar que la posesión protegida por el juicio de amparo es la posesión jurídica -ya sea originaria o derivada- y no la simple detentación u ocupación de un inmueble. Así, dicha posesión es necesario que se acredite en el juicio de garantías, lo que no acontece en autos pues la prueba idónea es la testimonial, que no se tuvo ofrecida en este juicio. Por otra parte, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que la aquí quejosa Ana María Vargas Hernández, el seis de julio de dos mil dieciocho, interpuso ante Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, juicio de amparo en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, reclamando de dicha autoridad la inconstitucional e inminente diligencia de lanzamiento que realizarán las autoridades responsables en el inmueble del cual soy arrendataria, ubicado en el número 2 de la calle Primera Privada de Hortensia, esquina con Calle de Ana María Martínez Flores, ubicada en el Fraccionamiento Chula Vista de la ciudad de Xalapa, Veracruz, dentro de los autos del expediente 1972/2012/I. Dicho escrito de demanda fue turnado a este juzgado de distrito el día nueve de julio de dos mil dieciocho, y radicada mediante proveído de diez siguiente. Juicio en el cual seguidos los trámites legales, se determinó el SOBRESEIMIENTO del mismo, en sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, Del cual se advierte que la quejosa al menos desde el seis de julio de dos mil dieciocho, fecha en la que se presentó la aludida demanda de amparo, tenía conocimiento del juicio ordinario mercantil número 1972/2012/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, del cual deriva el acto que en esta vía se reclama. Se corrobora lo expuesto con la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". Lo anterior, se invoca sin que resulte necesario obtener copia certificada de las actuaciones y glosarlas a este asunto, pues, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales los pueden invocar como hecho notorio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco del Tomo XXV, del mes de junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Incluso, debe decirse que a las hoy quejosas no les asiste el carácter de tercero extraño al juicio, en virtud del diverso juicio de amparo previamente indicado, e indefectiblemente desde que se le dio vista con el informe justificado de la responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, del juicio de amparo 650/2018, estaba en aptitud de apersonarse al juicio natural Resulta aplicable, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, del Tomo XIII, del mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY." Sin que obste a lo anterior las manifestaciones de las que quejosas de que el bien inmueble que habitan es el ubicado en el número 13 de la calle Primera Privada de Hortensia, esquina con Calle de Ana María Martínez Flores, ubicada en el Fraccionamiento Chula Vista de la ciudad de Xalapa, y el que se encuentra en litigio sea el ubicado en el número 7 de la calle Primera Privada de Hortensia, esquina con Calle de Ana María Martínez Flores, ubicada en el Fraccionamiento Chula Vista de la ciudad de Xalapa. Sin embargo de las constancias agregadas por las quejosas se advierte que tanto de la credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, como del recibo de agua y de energía eléctrica habitan en el bien inmueble situado en lote de terreno número 2 y casa ahí construida del Fraccionamiento Chula Vista ubicado en la Primera Privada Hortensia esquina con Ana María Martínez Flores número 13. Asimismo, de dichas constancias se observa que la demandada en el juicio natural REMEDIOS BONILLA ROJANO, autorizó a Ana María Vargas Hernández para recibir copias del mismo, de lo cual resulta evidente el conocimiento del juicio del cual se viene ostentando como tercera extraña. Sin que haya lugar a solicitar las constancias del acto reclamado a las autoridades responsables, pues las documentales que anexaron las quejosas a su demanda de amparo resultan suficientes, mismas que se le otorgan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser documentos expedidos por la autoridad en ejercicio de sus funciones. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Armando García Cedas, Omar Ruiz Martínez, y Juan Manuel Martínez Ruiz, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. ENTREGA DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo, que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Agustín Romero Silva, Secretaria de Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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