Ana Maria Vargas Carrillo

Expediente 524/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
524/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Maria Vargas Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otro lado, vista el estado de autos, se tiene que el dieciséis de octubre del año curso, se emitió la sentencia en el presente juicio de amparo; así, una vez revisado el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), se advierte que dicha resolución, no tiene fecha de publicación. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena a la Actuaria Judicial adscrita, realizar la publicación de la sentencia antes precisada. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.IRS

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA EMITIDA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 524/2023-V, promovido por ******, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado en la misma data. La quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias y los Actuarios y/o Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Actuarios y Notificadores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ambos del Distrito Judicial Bravos, a quienes le reclamó lo siguiente: (.) De la autoridad responsable ordenadora, el C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, se reclama la falta de llamamiento a juicio dentro del expediente ***/2022, así como todas y cada una de las actuaciones y resoluciones dictadas dentro del expediente aludido con antelación [.] De la autoridad señalada como ejecutora reclamo todas y cada una de las actuaciones realizadas y aquellas en que ilegalmente se actuó, en concreto y por el momento, la falta de llamamiento a juicio. (.) Luego, el treinta de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por admitida la ampliación de demanda, en cuanto hace a lo siguiente: a).- Reclamo del Juez Quinto de lo Civil por Audiencias Para Este Distrito Judicial Bravos, TODO LO ACTUADO en el Juicio Ejecutivo Mercantil radicado con el número de expediente ***/22 y la diligencia actuarial con la que pretende el tercero justificar el legal llamamiento a juicio cuando, tal y como se probará en el presente juicio, la diligencia resulta ser falsa y consecuentemente ilegal tanto la notificación como tolo lo que sucede de ella, especialmente la orden judicial que conllevó al embargo del bien inmueble que la suscrita ostento aun la propiedad, privándome de manera ilegal y sin ser oída ni vencida en juicio, de lo que potencialmente puede derivar en la perdida de los derechos que la de la voz tengo sobre el inmueble. b).- La ilegal notificación que fue realizada a la suscrita sin cumplir con las disposiciones y requerimientos propios dispuestos en el ordenamiento aplicable ya que, como ya fue mencionado, a la fecha no he sido notificada de un juicio tendiente a cobrar una deuda que la suscrita no adquirí, pudiéndome despojar del inmueble de mi propiedad y consecuentemente todo lo actuado posterior a la notificación tiene que ser tildado de nulo y deberá ser retrotraído hasta que sean restaurados mis derechos y poder estar en aptitud de hacerlos valer. (.) d).- Reclamo la ilegal notificación, lo anterior en virtud que el día, la hora y la persona con la que se realizó la supuesta diligencia de notificación es FALSO, como lo acreditaré en el momento procesal oportuno, mi hija (a quien supuestamente se le dejó la cita de espera para el día siguiente) NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO ESE DÍA A ESA HORA, por lo que resulta imposible que la notificación haya sido realizada de manera legal por la autoridad dada esta circunstancia, y se acreditará lo antes expuesto y una vez hecho lo anterior, solicito se de vista al ministerio público a efecto que se apliquen las medidas de castigo correspondiente por haber actuado de manera ilegal en mi perjuicio. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número ***/2023-V, y el treinta de junio se admitió la ampliación de demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se emplazó a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2022, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, incluso el emplazamiento, la sentencia dictada y el procedimiento de ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Juez Quinto Civil por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, en razón de que al rendir sus informes justificados, el primero fue omiso en aceptar o negar los actos que se le reclaman, no obstante, de las manifestaciones vertidas en el mismo se desprende su existencia; mientras que el segundo, aceptó categóricamente los actos que les reclama la parte quejosa. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el expediente 2***/2022 del sumario del órgano jurisdiccional responsable, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, o que las partes hayan hecho valer. QUINTO. Relatoría de antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente reseñar algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden del informe justificado y copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ***/2022, a las que se confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten las siguientes actuaciones que se estiman relevantes: 1. El seis de mayo de dos mil veintidós, en el Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, bajo el número de juicio ejecutivo mercantil 225/2022, se radicó la demanda presentada por el endosatario en procuración de *****, en contra de ******, dictando así auto de exequendo. 2. El veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, realizó citatorio, razonamiento y emplazamiento, en los que asentó lo siguiente: (CITATORIO) C. ***** Domicilio calle ******, en esta ciudad. Sírvase Ud., esperar en este su domicilio al suscrito Oficial Notificador *****, a las ocho horas con cincuenta minutos del día veintisiete de mayo 2022 para la práctica de una diligencia del ramo civil, con el apercibimiento de que si no espera se procederá conforme lo dispone la Ley. Cd. Juárez, Chih, a 26 de Mayo de 2022 Recibe *****, no se identifica, siendo su media filiación: femenina, complexión regular, tez blanca, cabello largo oscuro, de 22 años edad aproximada y de 1.60 estatura aproximada y dijo ser hija de usted. DOY FE.- (RUBRICA) (RAZONAMIENTO) En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día veintiséis del mes de mayo del año dos mil veintidós, el (la) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito (a) a la Unidad de Notificación y Ejecución de este Distrito Judicial Bravos Licenciado (a) ***** me constituyó en el domicilio señalado en autos, en busca de Ana María Vargas Carrillo, sitio en Calle ******de esta ciudad, y cerciorado que es el domicilio correcto en virtud de así indicarlo la nomenclatura oficial. Y no encontrando presente a la persona que busco, pero cerciorado que es el domicilio correcto que se indica en autos, soy atendido por: *****, quien no se identifica, siendo su media filiación femenina, complexión regular, tez blanca, cabello largo oscuro, de 22 años de edad aproximada y de 1.60 estatura aproximada y me manifiesta que es hija de la persona buscada, quien vive en este domicilio, pero que de momento no se encuentra. Acto continuo y en virtud de la manifestación anterior, procedo a dejarle cita de espera a: *****para las ocho horas con cincuenta minutos del día veintisiete del mes de mayo del presente año. Manifestando quien me atiende que recibe la citación y promete enterar de la misma, a la persona por la cual pregunto. Solicitándole que firme la constancia, manifestando que NO es su deseo firmar. Con lo anterior termina la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.---- (RUBRICA) (EMPLAZAMIENTO) En Ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintisiete del mes de mayo del año dos mil veintidós, el (la) suscrito (a) Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito (a) a la Unidad de Notificación y Ejecución de este Distrito Judicial Bravos Licenciado (a) J******, acompañado de ******z, nos constituimos en el domicilio señalado en autos, en busca de ****** sitio en calle*****de esta ciudad, y cerciorado que es el domicilio correcto en virtud de así indicarlo la nomenclatura oficial. Y no encontrando presente a la persona que busco, a pesar de la cita de espera que se le dejó para esta hora, día, mes y año. Toda vez que toco con insistencia a la puerta del inmueble y no atiende persona alguna a mi llamado, razón por la cual dando continuidad a la diligencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 310, 311 y 312 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, y con motivo de la omisión del Demandado al no atender el citatorio. Acto continuo, procedo a notificarle de forma íntegra y mediante INSTRUCTIVO FIJADO EN LA PUERTA del (los) auto (s) de fecha (s) seis de mayo de dos mil veintidós emitido por el (la) C. Juez (a) del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias, dentro del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, Expediente número 225/22. Promovido en su contra por: Jesús José Contreras Gómez y otro, en el cual se le requiere el pago inmediato a la parte actora de la cantidad de $*****,000.00 (**** mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, más los accesorios legales que se reclaman en el juicio, y toda vez que el demandado no se encuentra presente se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en el momento procesal que le sea oportuno, y se le concede la palabra a quien me acompaña en este acto y manifiesta: Bajo su responsabilidad señala para embargo el inmueble calle ******, bajo folio real *****, inscripción *****, libro *****, sección primera, de este Registro Público de la Propiedad Distrito Bravos, el cual lo declaro legal y formalmente embargado tan solo en cuanto baste a cubrir lo reclamado--- En seguida, con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes en trece (13) fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por la Secretaría del Juzgado, la Cédula de Embargo e Instructivo, le corro traslado y le emplazo a juicio, haciéndole saber que dicho Tribunal le concede al DEMANDADO un término de OCHO DÍAS a fin de que dé contestación a la demanda interpuesta en su contra. Así como para que dentro del mismo término, realice el pago de las prestaciones reclamadas o para que se oponga a la ejecución, si tuviera excepciones que hace valer. --- Así mismo, se hace la descripción de los documentos que se fijan en la puerta del domicilio que se actúa, siendo lo siguiente: escrito inicial en tres hojas, pagarés dos, auto se recibe demanda, se previene, escrito, cédula de identificación fiscal, curp, pasaporte, auto se tiene cumpliendo prevención, escrito y auto se admite demanda, todo en copias debidamente selladas y cotejadas por el juzgado en mención. --- Así mismo, le dejo copia simple de la presente diligencia, los cuales dejo fijados en la puerta del domicilio en que se actúa. Con lo anterior termino la presente diligencia, firmando para constancia quienes intervinieron en ella y quisieron hacerlo para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE- Otro si digo, lo testado no vale Doy Fe. (RÚBRICAS). 3. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, se ordenó librar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad, a efecto de que llevara a cabo la inscripción del embargo decretado sobre el inmueble registrado con el folio real *****. 4. El tres de noviembre de dos mil veintidós se dictó sentencia, condenado a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas; fallo que causó ejecutoria el dos de enero de dos mil veintitrés. SEXTO. Examen Constitucional del acto reclamado. En principio, cabe decir, que la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil *****/2022, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, incluso el emplazamiento, la sentencia dictada y el procedimiento de ejecución. En sus motivos de disenso, la quejosa aduce que se violentan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en las diligencias realizadas se inobservó el contenido de dichos ordinales, toda vez que no fue emplazada a juicio. Es conveniente mencionar, que el acto reclamado, se abordará bajo la perspectiva de la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo por reclamarse el ilegal emplazamiento. Esto de conformidad con la jurisprudencia P./J. 149/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página veintidós, Tomo XII, diciembre de dos mil, materia común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 190656, de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. El concepto de violación que se analizará es substancialmente fundado, en atención a las siguientes consideraciones. En el presente juicio de amparo la quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, porque es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ****/2023. Es oportuno precisar que el emplazamiento o llamamiento a juicio, es un acto procesal en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, de entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el artículo 14 constitucional, destaca la de audiencia previa, lo cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del procedimiento mismo y esté en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentar su defensa a través de la organización de un sistema de pruebas y que, quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de réplica a fin de desvirtuar las afirmaciones de su parte contraria; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia número 47/95 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Constitucional Común, página 133, registro 200234, que a la letra dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. La garantía de audiencia debe protegerse en conjunción con la del debido proceso legal, pues si bien es cierto que un juicio se inicia precisamente con el llamamiento que se hace al demandado, también lo es que todos los actos procesales que en él se producen incluyendo el emplazamiento, deberán llevarse a cabo en los términos establecidos en la legislación procesal que resulte aplicable, acorde al principio de seguridad jurídica (legalidad), consagrado en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, en el que textualmente se establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En ese orden de ideas, los preceptos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio relativos al juicio mercantil ejecutivo, no disponen los requisitos que debe contener la diligencia de emplazamiento, para lo cual, es preciso, de acuerdo con el numeral 1054 del Código citado, acudir a los requisitos establecidos en el libro quinto, capitulo IV, de dicho ordenamiento, es decir, se debe atender lo prescrito en su artículo 1068 Bis; el cual, dispone como dos de los requisitos para la validez de la diligencia de emplazamiento, asentar aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado y los nombres de las partes. En ese contexto, de la exposición de motivos que originó se añadiera al Código de Comercio el numeral 1068 Bis, se desprende que se buscó la simplificación de los procedimientos, así como una mayor amplitud para la aplicación de la oralidad en el país, de esta manera se pretendió desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles al tener acceso a un procedimiento mucho más expedito. Se destacaron, en lo interesante, los puntos siguientes: 1. Con la introducción de los juicios orales en la materia mercantil, se establecieron los lineamientos necesarios para la práctica del emplazamiento en tales conflictos, sin la necesidad de recurrir a la supletoriedad; por ello, se propuso trasladar el modelo ahí implementado, a las disposiciones generales de los juicios mercantiles, con la adición del artículo 1068 Bis, correspondiente al Capítulo IV «De las notificaciones» del Código de Comercio. Por ello, se consideró que, a efecto de lograr la prontitud en la tramitación de un procedimiento del orden mercantil, sea este ejecutivo u ordinario, debería adicionarse y reformarse el Código de Comercio en su capítulo IV DE LAS NOTIFICACIONES, a fin de incorporar un mecanismo novedoso de notificaciones vía correo electrónico e implementar un catálogo específico de las notificaciones que deban ser personales. En esa tesitura, del precepto citado se desprende, en lo interesante, que el acto procesal de emplazamiento se debe realizar de manera personal con el demandado, su representante, mandatario o procurador, haciéndole entrega de la cédula en la cual se haga constar la fecha y hora en que se efectúe el acto; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso, la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre o apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la cual se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación. Asimismo, el notificador se identificará ante la persona con quien entienda la diligencia y la requerirá para que, a su vez, se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los cuales se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. Por lo cual, atendiendo a la relevancia de dicho acto procesal, es inconcuso que los requisitos establecidos en el precepto legal referido son de aplicación estricta, porque se trata de un presupuesto procesal cuyo cumplimiento es de orden público; por lo cual, debe analizarse incluso de manera oficiosa. Tiene aplicación la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 240531, Séptima Época, Materia Civil, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Cuarta Parte, página 195, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Ahora bien, la reforma del artículo 1º Constitucional publicada el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como la interpretación más favorable a la persona en el orden constitucional, principio pro persona o pro homine, de ahí que con base en tal criterio interpretativo, es conveniente decantarse por la interpretación literal más favorable a la quejosa, ya que con ello se reintegra su derecho de audiencia a su esfera jurídica al ser llamada a juicio correctamente, sin que sea necesario contrastar la norma en comento con alguna otra que pudiera contraponerse. En efecto, la interpretación literal o gramatical de las normas denominado, sistema exegético, propone encontrar el sentido de la norma en el texto de la misma; es decir, a partir de la literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados por el legislador, con base en las reglas gramaticales y el uso del lenguaje se arriba al significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. A favor de la utilización de la interpretación literal están las directrices que otorga la Constitución, en apego al principio pro persona; es decir, el juez debe esforzarse en aplicar la norma más favorable a la persona, con independencia que en el caso no exista ninguna colisión de principios, pero sí un derecho humano que satisfacer, como es el de audiencia tutelado en los procedimientos jurisdiccionales. Por lo cual, la finalidad principal de que el notificador asiente los nombres y apellidos de las partes, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, reside en darle certeza a la parte demandada, quién o quiénes son las personas que promueven la demanda en su contra, además de constatar que el domicilio en el que se apersonó el notificador corresponde a la demandada, para lo cual debe asentar aquellas características que lo distingan de los demás, pues podría ocurrir que se presentara en uno diverso, lo cual es necesario para cumplir plenamente con las formalidades del llamamiento a juicio, ya que de lo contrario, tendría como consecuencia la nulidad de ese acto procesal y los subsecuentes derivados del mismo. Es orientadora la jurisprudencia 1a./J. 74/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192969, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, de noviembre de 1999, página 209, que reza: EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. En esa línea de pensamiento, al ser la diligencia de emplazamiento el acto procesal más importante dentro del procedimiento, porque mediante él tendrá conocimiento del juicio el demandado, es inconcuso que el fedatario debe cumplir estrictamente con las formalidades establecidas para tal efecto en la legislación procedimental aplicable, porque de lo contrario se privará del derecho de defensa a la parte afectada. Por tanto, si en el caso sujeto a escrutinio, como se desprende de la diligencia de emplazamiento, la autoridad responsable, oficial notificador y ministro ejecutor, no cumplió con los requisitos de asentar los nombres de las partes, pues únicamente hizo referencia que el juicio ejecutivo mercantil fue promovido por ******* y otro, cuando del escrito de demanda se advierte que los actores son ***** y/o J******, quienes se apersonaron como endosatarios en procuración de *****; asimismo, en lo relativo a precisar los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, únicamente refirió de manera expresa "de así indicarlo la nomenclatura oficial", circunstancia que no cumple con dicho mandamiento, a saber, la descripción de la vivienda en la que se apersonó; es inconcuso que violó lo dispuesto en el numeral 1068 bis del Código de Comercio, y ello trajo como consecuencia que se dejara sin defensas a la parte justiciable, lo cual es violatorio de los derechos fundamentales de certeza y seguridad jurídica previstos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 36/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017895, Décima Época, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, de septiembre de 2018, Tomo I, página 778, del epígrafe y texto: EMPLAZAMIENTO A JUICIO ORAL MERCANTIL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "SIGNOS EXTERIORES DEL INMUEBLE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 15 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral mercantil, el notificador se identificará ante la persona que atienda su llamado y asentará en el acta respectiva los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como los "signos exteriores del inmueble" que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado. Este requisito obedece a la necesidad de cuidar la efectiva realización del emplazamiento que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, tratándose del juicio oral adquiere una mayor importancia, que justifica la exigencia al actuario judicial de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica, pues ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra, el lugar donde se le ha demandado, el Juez que conoce de la causa y el contenido de la demanda, para que quede en aptitud de acudir a las audiencias en las que tendrá oportunidad de ser notificado de las decisiones que ahí se adopten y producir su defensa. En ese sentido, la obligación del actuario judicial de asentar los "signos exteriores del inmueble" exige una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que dicho funcionario judicial se ha constituido para la práctica de la diligencia, que haya apreciado mediante sus sentidos y que sean suficientes para identificarlo y ubicarlo, sin perjuicio de que pueda allegarse de otros medios para integrar su actuación, como puede ser el uso de nuevas tecnologías que le permitan tomar imágenes del lugar o bien describir la media filiación de la persona con la que entendió la diligencia, pedir información a alguno de los vecinos cercanos, etcétera. En ese sentido, el requisito de registrar los signos exteriores del inmueble no se colma con el hecho de que el actuario asiente que tuvo a la vista el nombre de la calle y el número del inmueble, pues además de que esos datos no corresponden a una descripción del lugar, su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada, lo que genera la nulidad de la diligencia, siempre que dicha actuación no haya sido convalidada. Así las cosas, es inconcuso que, al no haber requisitado debidamente la diligencia aludida, resulta ilegal el emplazamiento realizado a la parte quejosa, pues no fue llamada en forma legal al juicio de origen, de tal manera que la ahora agraviada no estuvo en la posibilidad material de enterarse de la demanda interpuesta en su contra, ni de los datos suficientes para estar en aptitud de comparecer ante el Juez responsable, cuál es el juicio, bajo qué expediente se tramita y quién o quiénes son las personas que la demandan, así como cuál es el plazo que tiene para comparecer a defender sus intereses. En las relacionadas condiciones, se impone conceder la protección constitucional solicitada para que el Juez responsable: Declare nulo todo lo actuado desde la diligencia de emplazamiento y hasta la última actuación en el juicio ejecutivo mercantil ****/2022, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por el apoderado de Jaime Arturo Macías Esparza y/o Jesús Contreras Gómez, en su carácter de endosatarios en procuración de Abel Nájera Corral, contra la quejosa Ana María Vargas Carrillo, quedando subsistente únicamente el acuerdo en que se admitió a trámite la demanda, así como las actuaciones realizadas previamente. Este considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer el derecho fundamental del gobernado, consistente en la legalidad y seguridad jurídica frente al acto materia del presente amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, contra los actos que reclamó al Juez Quinto Civil por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, atento a lo expuesto en el considerando último. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de treinta de junio del presente año, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, sin que obre constancia de la notificación relativa que debe realizarse al agente del Ministerio Público adscrito; atento a ello, se ordena realizar de inmediato dicha notificación, personalmente o vía correo electrónico. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional pactada para esta fecha y en su lugar se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre del dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que aún no se ha logrado emplazar a los terceros interesados, ********************y ********************, en su carácter de endosatarios en procuración de********************, así como a éste último. A fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

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