Ana María Tellez Romero

Expediente 1735/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1735/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2023

Partes del expediente

  • Ana María Tellez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que trascurrió el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de diez de noviembre del año en curso, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna respecto de las constancias exhibidas por el subdirector divisional de Administración Tributaria en Perisur de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con las que informó las acciones que llevo a cabo a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si la ejecutoria se encuentra cumplida, o si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] DÉCIMOPRIMERO. Efectos del amparo. En consecuencia, los efectos del amparo concedido deben ser para que: 1).- No se aplique a la quejosa la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto no sea reformada o derogada; 2).- Para que se aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubique el inmueble y de acuerdo con su valor. En este orden de ideas, lo procedente es, corregida la litis, modificar la sentencia recurrida, y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión aunque por diversas razones a las expuestas por el justipreciador en cita y para los efectos precisados en este fallo por este Tribunal Colegiado. [.]" Ahora, en aras de lograr cumplir con la sentencia de amparo la autoridad aludida exhibió lo siguiente: ( Oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/PER/2935/2023 de ocho de noviembre del año que trascurre, por el que la autoridad vinculada al cumplimiento realizó el cálculo del impuesto que el quejoso debió pagar conforme a los efectos de la ejecutoria de amparo y adjuntó copia certificada de los formatos múltiples de pago a la Tesorería generados para el pago del impuesto de la cuenta predial **********, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Cabe destacar que las actuaciones de cumplimiento se hicieron del conocimiento del quejoso sin que hubiera realizado manifestación alguna, sin embargo, ello implica que esta juzgadora se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria, dado que la falta de manifestación a la vista no es impedimento para emitir la resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En consecuencia, considerando que los efectos de la ejecutoria fueron para que no se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, hasta en tanto, no sea reformada o derogada y para que se aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubique el inmueble y de acuerdo con su valor, sin que implique devolución alguna al quejoso pues de las constancias de autos no se advierte que se haya efectuado pago del impuesto predial de la cuenta ********** por el ejercicio dos mil veintiuno. Y para acreditar lo anterior, la autoridad vinculada al cumplimiento realizó el cálculo del impuesto que el quejoso debe pagar conforme a los efectos de la ejecutoria de amparo al que adjuntó copia certificada de los formatos múltiples de pago a la Tesorería generados respecto de la cuenta predial *********, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo este juzgado de Distrito estima que la sentencia ha sido cumplida, sin exceso ni defecto, dado que se han realizado los cálculos conforme a la mecánica señalada en la ejecutoria de amparo respecto del pago que debe realizar el quejoso del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluído. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  2. Principal

    VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 1082/2015 EL PROVEIDO DE VEINTIUNO DEL MES Y AÑO REFERIDOS, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las quejosas en auto de treinta de octubre dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Ahora, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en sesión de diecinueve de septiembre de este año, dictada en el amparo en revisión 393/2017 de su estadística resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, por las razones precisadas en la parte decisoria de esta sentencia [.]". Cabe precisar que el tribunal colegiado en el considerando cuarto de la ejecutoria, señaló lo siguiente: "IX. Cuestiones firmes. Debe quedar firme por falta de impugnación de la parte a quien pudiera perjudicar, las razones de sobreseimiento reflejado en el resolutivo primero, tal como se estableció en los considerandos cuarto y sexto. (.) De igual manera, adquieren firmeza las razones bajo las cuales se concedió el amparo, desarrolladas en el último considerando del fallo recurrido reflejadas en el resolutivo tercero, respecto al tema inherente a la revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia se concedió el amparo para el efecto siguiente: "Respecto del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. [.]" Por lo que el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas ********************y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la autoridad responsable mencionada manifestó en el oficio registrado con folio 16438, en la parte que interesa, lo siguiente: En ese sentido, se informa a su Señoría que, de acuerdo a la información proporcionada por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal, de las quejas: ... No les ha sido instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Al respecto, es necesario destacar que el oficio mencionado se hizo del conocimiento de las quejosas, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto de su contenido. Por tanto, esta juzgadora estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a dichas quejosas. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a las quejosas." NOTIFIQUESE

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