Ana María Sol Velázquez
Expediente 1376/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana María Sol Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en el dictado de la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por desechada la ampliación de demanda presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se haya inconformado al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Dado que la autoridad exhibió copias certificadas del expediente 617/2013, respectivamente de la Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que remitieran en esta instancia, con los cuales se formó un legajo de prueba, cuya subsistencia resulta innecesaria en este órgano jurisdiccional; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen para los efectos correspondientes.
- Principal
R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Ana María Sol Velázquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: «III. Autoridades responsables. Como autoridad ordenadora señalo: A la Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Como autoridad ejecutora señalo: Al Titular de la Unidad de Comercio del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. Actos reclamados. De la autoridad ordenadora reclamo: La omisión a dictar una medida eficaz para lograr el cumplimiento cabal de la ejecutoria de fecha 12 de marzo de 2014, dictada dentro del juicio administrativo 617/2013 del índice de la Cuarta sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De la autoridad ejecutora reclamo: La omisión de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha 12 de marzo de 2014, dictada por la magistrada Titular de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.» Segundo. Admisión de la demanda de amparo. En contra de los actos descritos la quejosa promovió el presente juicio de amparo, el que por auto del cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se registró con el número 1376/2019-I; por tanto, se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables rindiera su informe con justificación y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señaló día y hora para la audiencia constitucional. Por actos nuevos advertidos por la parte quejosa conforme a los informes rendidos por las responsables (fojas 37 y 42), ésta por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, pretendió ampliar su demanda de amparo; sin embargo, en términos del acta que antecede, se debe tener por desechada ésta, al no corresponder la firma estampada en dicho ocurso. Así, llegada la fecha de celebración de la audiencia constitucional se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, fracción V y 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal. Segundo. Existencia de los actos reclamados. Las responsables, Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Titular de la Unidad de Comercio del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, indicaron que no era cierto el acto que se les reclamó. Sin embargo, debe tenerse por cierto, pues de los propios informes se advierte que ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se tramitó el juicio administrativo 617/2013, en el que el doce de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia en donde resolvió declarar la invalidez de la negativa ficta que se configuró por la omisión del presidente Municipal y Directora de Comercio y Vía Pública, ambos del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, para dar respuesta a la petición recibida el veinticuatro de abril de dos mil trece y, como consecuencia, condenó a dichas autoridades, en una parte, a realizar el retiro de los puestos semifijos números: dos de la zona dos romano letra I de la calle Juan León lado sur, y uno de la zona uno romano letra E cinco lado poniente, en Chiconcuac, Estado de México; y en otra, a realizar el alineamiento de los puestos semifijos que se encuentran a un costado del lado poniente (puesto dos de la zona dos romano letra I dos lado sur) y el que se encuentra a espaldas (puesto uno de la zona uno romano letra E cinco lado poniente) en relación al puesto semifijo (de la actora) localizado en el número uno de la zona dos romano letra I dos en la calle Juan León lado sur esquina con Calle Hidalgo lado poniente. De ahí, que se pueda sostener la existencia del acto reclamado en este asunto. Tercero. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, debe analizarse si el caso se actualiza alguna de las hipótesis de improcedencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no será necesario abordar el estudio de fondo de los actos reclamados, tomando en consideración que, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, habida cuenta que la solicitante de protección de derechos humanos fue omisa en manifestar su voluntad en la demanda de amparo respecto de los actos cuya ilegalidad se controvierte en el presente juicio de amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 6°, de la Ley de Amparo, literalmente disponen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.» De las disposiciones legales en cita se advierte, en lo que aquí interesa, que al carecer el escrito inicial de demanda de la firma del quejoso se actualiza una contravención clara al principio de instancia de parte agraviada, consagrado en el citado numeral 6° de la Ley de Amparo, que conforma uno de los presupuestos indispensables del juicio de amparo, consistente en que, para la tramitación de todo procedimiento constitucional, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por quien se dice agraviado por los actos de autoridad. Esto, condicionado a que el agraviado externe de manera fehaciente e incuestionable su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacer mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica del solicitante de la tutela constitucional, o bien, por comparecencia ante la autoridad según corresponda. Así, la manifestación indubitable de voluntad en cualquiera de sus modalidades materializa jurídicamente el principio de instancia de parte agraviada, establecido en el numeral 6° de la Ley de Amparo, de observancia obligatoria para quien pretenda instar el juicio constitucional; por tanto, ante la ausencia de esa expresión de voluntad, tiene como consecuencia que se esté ante una nada jurídica. Cobra exacta aplicación al caso, el criterio jurisprudencial identificado con el número de registro 242775, sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, quinta parte, página 71, de rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Expuesto lo anterior, se debe señalar que este Juzgador de Amparo, está facultado para ordenar oficiosamente la práctica de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que aparece en la demanda de amparo y en su ampliación, aun cuando esta última haya sido reconocida por quien aparece como signante, tal como se explicará a continuación. En la contradicción de tesis 338/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó si un Juez de Distrito tiene la facultad de ordenar oficiosamente la realización de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en un escrito de demanda de amparo cuando quien aparece como promovente comparece y manifiesta que trazó dicha firma de puño y letra, pero aquél aprecia -a simple vista- que ésta es notoriamente diferente a las plasmadas durante el desahogo de la diligencia de ratificación. En dicha ejecutoria se resolvió lo siguiente: Que la palabra ratificación y sus derivados se utilizan como sinónimo del vocablo reconocimiento, cuando el objeto sobre el que recae el acto que designan es la firma contenida en una demanda de amparo. Que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, porque la procedencia de este es una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente al fondo del asunto. Que los juzgadores deben indagar sobre la posible actualización de dichas causales cuando adviertan indicios al respecto, para la cual deben allegarse de las pruebas pertinentes cuando lo estimen necesario, lo anterior con independencia de cuál sea la vía por la que hubieran advertido tales indicios y al margen de que las partes lo hubieran solicitado. Que cuando se trata de la autenticidad de la firma contenida en un escrito de demanda no puede indagarse a partir de cualquier modificación de índole menor en el trazo de ésta, sino exclusivamente, con base en una notoria diferencia que sea apreciada por el juzgador a simple vista. Que por tanto, los Jueces de Distrito pueden ordenar, de manera oficiosa, la realización de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en una demanda de amparo cuando quien aparece como promovente en el escrito respectivo comparece a reconocer dicha firma y adviertan a simple vista que existen diferencias notorias entre la firma ratificada y las plasmadas durante el desahogo de la diligencia de la ratificación. Que el hecho de que el promovente de una demanda de amparo reconozca la firma contenida en ella, no puede ser un impedimento para que exista dicha facultad, pues ésta surge con motivo de que el juzgador aprecia a simple vista, diferencias manifiestas entre la firma ratificada y las plasmadas durante el desahogo de la diligencia de ratificación. Que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella. Que si mediante un reconocimiento se pretende otorgar certeza respecto de la firma contenida en un escrito de demanda, no hay obstáculo legal alguno que impida a los Juzgados de Distrito comprobar la veracidad de lo afirmado al respecto por medio de los medios probatorios que consideren pertinentes siempre y cuando adviertan, a simple vista, notorias diferencias entre aquélla y las suscritas en la diligencia de ratificación. Que si el artículo 119 de la ley de la materia establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones, entonces es posible considerar que la pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, al no estar prohibida, está permitida y, consecuentemente, un Juez de Distrito puede ordenar su desahogo para verificar si se actualiza, o no, una causal de improcedencia. Dichas consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1234, que dice: «PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada.» Conforme a lo anterior, es válido concluir que para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial de caligrafía y grafoscopía a fin de corroborar la autenticidad de una firma, es necesario que aprecia una diferencia notoria entre esta y la plasmada durante la diligencia de ratificación, circunstancia que en el caso se actualiza. Ello es así, pues como se indicó en auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, de la firma estampada por la quejosa en la demanda de amparo y su ampliación, con base en la comparecencia de la ratificación de la firma de esta última, se determinó que denotaron diferencias que se aprecian a simple vista. De manera que, al llegarse a la conclusión de que tales grafismos no corresponden a dicha persona, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de unas firmas que no fueron puestas por el puño y letra de la supuesta signante. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que contiene, la jurisprudencia VI.2o.C. J/10 (10a.) que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1195, de rubro y texto siguientes: «DEMANDA DE AMPARO. LA RATIFICACIÓN DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO IMPIDE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE EN QUE SE CUESTIONA SU AUTENTICIDAD. La facultad de la autoridad jurisdiccional de prevenir al quejoso para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de amparo tiene como finalidad que el juzgador tenga la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, máxime si ésta discrepa con alguna de las firmas que obran en autos. Sin embargo, el hecho de que se hubiere reconocido ante la presencia judicial la mencionada firma, no proscribe la posibilidad de que se cuestione su autenticidad a través del incidente respectivo, ya que precisamente el motivo de la impugnación incidental recae en su autenticidad, de manera que de llegarse a la conclusión de que tal grafismo es apócrifo, no es factible otorgar efectos jurídicos a un reconocimiento respecto de una firma que no fue puesta por el puño y letra del recognocente, pues ello sería tanto como volver verdadero lo que es falso, además de que desvirtuaría la materia propia de la impugnación incidental, rompiendo así el equilibrio procesal entre las partes.» Así, el reconocimiento de una firma no es una diligencia que tenga el alcance de permitir que la parte agraviada en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, toda vez que la ratificación aludida, únicamente tuvo por objeto que quien aparecía en la ampliación de la demanda de amparo como su autor jurídico, reconociera como suya la firma estampada en éste. En ese sentido, a través de la valoración de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, desahogada en autos en términos de los artículos 143, 154, 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es suficiente para concluir que la quejosa no manifestó su voluntad para promover el presente juicio constitucional, al no estampar su firma. En efecto, en auto del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el dictamen pericial del perito oficial nombrado por este Juzgado de Distrito, en materia de grafoscopía y documentoscopía en el que concluyó lo siguiente: «Conclusión. ÚNICA. No corresponde a la C. Ana María Sol Velázquez, la firma que se encuentra en el escrito inicial de demanda con fecha de sello de recibido de tres de octubre de dos mil diecinueve, en relación a las firmas que de la misma persona me fueron señaladas y proporcionadas como base de cotejo, lo anterior por las razones de índole técnicas expuestas en el presente dictamen.» Por tanto, es dable concluir que tanto la diligencia de ratificación, como el propio juicio de amparo, carecen de toda eficacia, con independencia de que aquél hubiera reconocido en su oportunidad tal firma, ya que la misma solamente puede haberse reconocido por quien la suscribe. Considerar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de una persona que se limita a reconocer la firma estampada en un escrito que no signó, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquiera, sin ser el interesado, firmara una promoción con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo, subsanar la omisión de la voluntad con el reconocimiento de la firma por quien no la suscribió. En este orden de ideas, se estima que no puede otorgársele a una diligencia de reconocimiento de firma, el alcance de hacer suyo su contenido a fin de externar su voluntad para acudir a esta instancia constitucional. Ello es así, ya que, como se dijo, el objeto de una diligencia de reconocimiento de firma debe limitarse a que el autor jurídico de un documento reconozca o no como suya la estampada en el mismo, y no hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Además, porque lo que otorga autenticidad a un documento, esto es, lo que permite tener la certeza de que proviene de quien aparece en él como su autor jurídico, no es el reconocimiento de su contenido, sino de la firma. Máxime que el reconocimiento del contenido de un juicio de amparo por su aparente autor jurídico, cuya firma fue declarada falsa, no puede producir efecto jurídico alguno, al no provenir dicho reconocimiento de la persona que la suscribió, ni siquiera el de tener por presentado el juicio de amparo indirecto, ya que de lo contrario se avalaría o pasaría por alto un acto ilegal, consistente, precisamente, en la falsificación de la firma estampada en un juicio de amparo. Consecuentemente, se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, pues no se externó la voluntad de la parte quejosa al interponerlo. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 63, 64, 73, 75, 76, 77, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana María Sol Velázquez, contra los actos de autoridades precisadas en el resultando primero y conforme a las consideraciones expuestas en el considerando último de este fallo. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y tomando en consideración que en los autos del juicio de amparo en que se actúa, por proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se hace constar que la licenciada Paulina Alejandra Cruz Lorenzo, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se encuentra encargada del despacho, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa medida, conforme al dispositivo legal aludido, que dispone: «Artículo 43. Cuando un juez de Distrito faltare por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el Secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente (.)». Sin que ello implique tener autorización para fallar en el presente asunto; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 21/2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, por corresponder al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se evidencia que por proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se señalaron las nueve horas con diecisiete minutos del doce de enero del año en curso, sin que pudiese llevar a cabo la misma, con motivo de la suspensión de términos y plazos referidos en líneas que anteceden; por tanto, en razón que no existe diligencia pendiente que practicarse en este sumario, se señalan las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
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