Ana Maria Sánchez Campuzano

Expediente 1219/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1219/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Ana Maria Sánchez Campuzano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a cuatro de octubre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (f. 8-15), a través del cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Ana María Sánchez Campuzano, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1219/2019-V. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, el impetrante señala como acto reclamado el acuerdo de diecisiete de los cursantes, emitido en el expediente 4/2018, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual la responsable admite la solicitud del demandado de revocación de la guarda y custodia que tiene la quejosa de su menor hijo de iniciales C.C. J.S. Analizado el acto se advierte actualizado el supuesto previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano. El aludido numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal de la quejosa, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que la impetrante es la parte demandante en el juicio de controversia familiar número 4/2018 del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; máxime que el Código adjetivo civil prevé en el artículo 5.74 el medio impugnación que procede. Además existen criterios específicos al principio de definitividad, como sería el caso de que en la vía directa tratándose de violaciones procesales se exime de agotar el principio de definitividad; en el caso de procedimientos que afecten el estado civil, el orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces; así como cuando el acto que se reclama carece de fundamentación y motivación; o cuando se aduce violación, únicamente, a la garantías de audiencia, sin precisar violación a leyes secundarias; o cuando se admite la prueba pericial en contabilidad; o cuando los recursos ordinarios se encuentren previstos en un reglamento, comprende a los medios de defensa contenidos en reglamentos heterónomos y no así en reglamentos autónomos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa) son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, la peticionaria del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No se está en los supuestos de excepción asentados, pues aun cuando en el acto reclamado estén inmersos derechos de menores la salvedad es únicamente en amparo directo. Tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la constitución, pues de los conceptos de impugnación se advierte que aunque la quejosa reclame trasgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica, en las fojas cuatro y cinco de autos se corrobora que controvierte la violación en que incurre la autoridad responsable respecto del artículo 4.228 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México. Apoya lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En este contexto, como en el caso a estudio, la quejosa reclamó en este juicio de amparo el acuerdo de diecisiete de los cursantes, emitido en el expediente 4/2018, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual la responsable admite la solicitud del demandado de revocación de la guarda y custodia que tiene la quejosa de su menor hijo de iniciales C.C. J.S., es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. El artículo 5. 2 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad prevé: "Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. El artículo 5.74 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.". En primer término, cabe acotar que mediante Decreto 268 publicado el diecinueve de febrero de dos mil nueve en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se adicionó al Código de Procedimientos Civiles de esta entidad el Libro Quinto, relativo a las "Controversias sobre el Estado Civil de las personas y del Derecho Familiar", de cual se advierte que los juicios en esta materia se ventilarán de forma oral. La exposición de motivos de esta reforma refiere que, dado el carácter de interés público y social que posee el derecho familiar, debe ser tratado de manera particular, de modo que se beneficie a la célula fundamental de comunidad, lo cual implica una mejora que permita la pronta resolución de las controversias legales que lesionan los derechos y obligaciones de la familia. De igual forma, se establece que la administración de justicia debe permitir la adecuada y eficaz defensa de los derechos que están reconocidos en favor de los menores y del estado civil de las personas, no sólo con leyes sustantivas, sino con mecanismos ágiles, transparentes y funcionales para poder materializar dichos derechos en la vida real, por lo cual se dispone que el procedimiento se desarrollará en audiencias sucesivas hasta su conclusión. Asimismo, de aquellos artículos se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, como lo sería el juicio de origen que versa sobre el juicio oral familiar se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos y decretos dictados fuera de audiencia se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código. Luego, si en el caso se reclama el acuerdo de diecisiete de los cursantes, emitido en el expediente 4/2018, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual la responsable admite la solicitud del demandado de revocación de la guarda y custodia que tiene la quejosa de su menor hijo de iniciales C.C. J.S.; luego, al ser una actuación emitida fuera de audiencia, es revocable conforme a las reglas de las controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial; del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en el numeral 5.74 del código adjetivo civil de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia constitucional, pudo ser recurrido por la peticionaria del amparo, conforme a lo previsto por el artículo señalado, concretamente a través del recurso de revocación, por lo que, si no lo hizo de ese modo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así como el precedente judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, Quinta Época, a página 2784, que establece: "REVOCACIÓN, RECURSO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El hecho de que el recurso de revocación establecido en la ley procesal, tenga que ser resuelto por la misma autoridad que dicta el acuerdo que se pretenda revocar, no puede significar, en modo alguno, que tal recurso no esté comprendido en los señalados por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, de los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones que se reclaman, ya que, en tratándose de autoridades judiciales, no puede quedar nunca al arbitrio de ellas confirmar o revocar un acuerdo, al resolver el recurso de referencia, puesto que la resolución que se dicte, debe estar fundada en derecho y en atención a las argumentaciones que el promovente del recurso haga valer al interponerlo; consecuentemente, el hecho sólo de que en el caso el auto que se reclama haya dejado de ser recurrido mediante revocación, en los términos del artículo procedente, es bastante para que se considere que el juicio de amparo resulta improcedente." En virtud de lo considerado con antelación, resulta claro que la quejosa se encontraban en aptitud legal de agotar el medio ordinario que la ley que rige el acto reclamado pone a su alcance, previo a acudir a la instancia constitucional, colmando así el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que se advierta que el acto reclamado se trate de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada. A mayor abundamiento, respecto al acto reclamado, se advierte que se también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que dicho acto no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de los cursantes, emitido en el expediente 4/2018, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual la responsable admite la solicitud del demandado de revocación de la guarda y custodia que tiene la quejosa de su menor hijo de iniciales C.C. J.S., no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de un auto que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado en todo caso resulta una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto; por lo que podrá reclamar el resultado de dicho recurso de revocación en la vía de amparo indirecto. Ciertamente, la materia de los actos reclamados se traduce en una violación procesal reclamable en amparo indirecto, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una resolución favorable, toda vez que la materia de los actos reclamados que se analiza en el presente apartado consiste en esencia en el acuerdo de diecisiete de los cursantes, emitido en el expediente 4/2018, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al juicio de controversia familiar, mediante el cual la responsable admite la solicitud del demandado de revocación de la guarda y custodia que tiene la quejosa de su menor hijo de iniciales C.C. J.S.. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta las causas de improcedencias previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, la última en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, y aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ana María Sánchez Campuzano, contra actos del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese al quejosa las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito, por así señalarlo la promovente. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Saucedo Guadarrama y José Luis Poblette Bautista puesto que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la restante persona que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registre su cédula profesional en el sistema adoptado. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa por lista.

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