Ana María Sánchez Alejandro
Expediente 1919/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana María Sánchez Alejandro
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por ******************** por el que promueve recurso de queja en contra del acuerdo de trece de noviembre del dos mil veintitrés. Por tanto, se le tiene a la citada parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de referencia, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, sede en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado. Finalmente, remítanse el escrito y copia de agravios, así como copia certificada de las actuaciones que dieron origen al presente recurso, para resolver dicho recurso de queja. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ana María Sánchez Alejandro, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1919/2023-5, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar al justiciable el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 383/2021 del índice del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo. Lo anterior, porque contra este acto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.)" De las normas legales transcritas se obtiene que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales jurisdiccionales emitidos dentro de juicio, fuera de él o después de concluido, siempre y cuando el quejoso haya observado el principio de definitividad, es decir, que haya agotado previamente todos los recursos o medios de defensa previstos en las leyes que rigen al acto reclamado y que tengan por objeto su revocación, modificación o nulificación. No obstante, esa obligación no es exigible cuando quien acude al amparo tiene el carácter de tercero extraño a juicio (típico o por equiparación), en términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional, ya que en estos casos, quienes no figuran como partes en un juicio no pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en el procedimiento. Ahora bien, para determinar si en el caso a estudio cobra aplicación la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías o si la quejosa de mérito se encuentra obligada a observar dicho principio antes de acudir a la instancia constitucional, es necesario señalar que de la demanda de amparo se advierte que la aquí quejosa Ana María Sánchez Alejandro, es parte en el expediente 383/2021, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, debido que bajo protesta de decir verdad refirió que promovió juicio ejecutivo civil en contra de la sucesión de Juvencio Ángeles Rubio a través de su albacea Justa Ángeles Rubio, reclamándole diversa cantidad e intereses, formándose el indicado expediente 383/2021; entonces, es evidente que acude a esta instancia constitucional con dicho carácter. Por tanto, en el caso a estudio, la quejosa es parte en el referido juicio de origen; y, por tanto, se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo le ofrece para defender sus intereses, pues no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa procesal, únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. Bajo ese contexto jurídico, se estima que de lo que se duele la solicitante del amparo es del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 383/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo, que textualmente, dice: "ACUERDO. Jacala de Ledezma, Hidalgo, 16 dieciséis de octubre de 2023 dos mil veintitrés. Por presentada Ana María Sánchez Alejandro, con su escrito de cuenta y con fundamento en lo establecido por los artículos 79, 82, 552, 553, 554, 825 Fracción XII del Código de Procedimientos Civiles; se ACUERDA: PRIMERO. No ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por ser judicialmente inviable, ya que en efecto es cierto que la Ley considera a los derechos reales, como inmuebles, pero no obstante lo anterior, debe entenderse que estos derechos reales, deben ser corporales o de otra índole para que sean susceptibles de remate, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del bien que se pretende rematar es indispensable en todo conflicto de derechos reales, y si la actora afirma que el señor Juvencio Ángeles Rubio era poseedor a título de dueño del bien embargado, debió haber acreditado que esa posesión está inscrita en el Registro Púbico de la Propiedad para que surta efectos contra terceros, ya que en este caso que nos ocupa no es posible dar cumplimiento a lo que establece el ya citado artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles pues la posesión que se pretende rematar no está inscrita en dicha institución, y por esa misma razón tampoco se puede cumplir con lo que ordena el artículo 554 del mismo cuerpo de Leyes. Además, la supuesta posesión de que gozaba el ahora difunto Juvencio Ángeles Rubio, no está acreditado que haya sido a título de dueño, es decir apta para prescribir y por ello no se tiene la certeza de que se de cumplimiento a lo establecido por el artículo 901 del Código Civil, en el sentido de que pueda transferir el dominio a la parte actora, ya que es de explorado derecho que el justo título no se presume, sino que debe ser debidamente acreditado, por lo que al no estar inscrita esa supuesta posesión, en el Registro Público de la Propiedad es evidente que no se puede rematar esa posesión, pues no existen elementos que sustenten la presunción de que Juvencio Ángeles Rubio haya sido auténtico poseedor ni el tiempo que duró como tal y menos aún quedó acreditado que haya sido propietario SEGUNDO. Notifíquese y cúmplase (.)". Pues en ese auto se acordó la promoción presentada por la quejosa Ana María Sánchez Alejandro, en el sentido de no ha proveer de conformidad lo que solicitó, porque al afirmar que Juvencio Ángeles Rubio era poseedor a título de dueño del bien embargado, debió haber acreditado que esa posesión está inscrita en el Registro Púbico de la Propiedad, para que surta efectos contra terceros, por lo que al no estar inscrita es evidente que no se puede rematar, por no existir elementos que sustenten la presunción de que Juvencio Ángeles Rubio hubiere sido auténtico poseedor, ni el tiempo que duró como tal, menos aún quedó acreditado que haya sido propietario. Entonces, antes de acudir a la tutela constitucional a impugnar dicho acto de autoridad, la inconforme debió interponer el recurso de revocación previsto en los artículos 672 y 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen lo siguiente: Artículo 672. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 673. La revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, y se substancia con un escrito por cada parte y la resolución del Juez, que debe pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. Asimismo, resulta necesario acotar que el numeral 78 de la codificación antes invocada establece: Artículo 78. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite, y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente, y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelvan un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas. De una interpretación integral de los dispositivos legales antes transcritos se advierte que, en materia civil, los autos que no sean apelables son revocables. Lo anterior, porque en atención al numeral 78 antes transcrito, se advierte que la determinación reclamada en esta instancia constitucional es un auto de trámite, pues a través de éste se determinó lo ya expuesto. Además, debe decirse que el acto reclamado no es una interlocutoria, menos se trata de una sentencia definitiva; en ese sentido, se ubica en los supuestos señalados en el artículo 672 del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, el auto que se combate en el presente juicio de derechos es atacable mediante el recurso de revocación, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, la quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió haber respetado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo el citado recurso a que se contrae el ordenamiento legal referido contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez responsable en el expediente 383/2021. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Así como la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación. Así, al no haberse agotado el medio de defensa previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, previo a acudir a la tutela constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Los preceptos mencionados, exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por otra parte, la expresión "última resolución", a que se refiere el referido artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es aquélla en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del expediente. De lo que se insiste que en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se pretende evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se puedan impugnar, en forma indiscriminada, cualquier acuerdo o resolución que se emita en la fase ejecutora, soslayando que existe una condena firme, en la cual la quejosa fue parte e intervino en el procedimiento relativo. Así, dicho precepto otorga la posibilidad a las partes de que las violaciones que se llegaran a concretar en el procedimiento de ejecución, puedan analizarse cuando se promueva el amparo contra la última resolución, siendo en ese momento procesal cuando se reclamen en la misma demanda todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, a los actos de ejecución el legislador les otorgó la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia y/o laudo o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente; a saber: 1. La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo que a su vez, es concomitante con lo determinado en la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (que substancialmente se reitera en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la vigente Ley de Amparo) AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por otra parte, se prevé una regla especial, aplicable únicamente a los procedimientos de ejecución de sentencia en que se han rematado cosas para satisfacer las prestaciones de quien ha obtenido fallo favorable. En este supuesto, las violaciones generadas dentro del procedimiento de remate, que comprenden desde el secuestro mismo hasta la adjudicación de la cosa, podrán reclamarse vía amparo indirecto hasta que el juzgador ordene a quien perdió, en forma voluntaria, el otorgamiento de la escritura pública de adjudicación y/o entrega de los bienes rematados. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Delimitado lo anterior, es posible afirmar que la determinación que reclama la parte quejosa, consistente en el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez responsable, en el expediente 383/2021, en el sentido de que no se acordó favorablemente su promoción, porque al afirmar que Juvencio Ángeles Rubio era poseedor a título de dueño del bien embargado, debió haber acreditado que esa posesión está inscrita en el Registro Púbico de la Propiedad, para que surta efectos contra terceros, por lo que al no estar inscrita es evidente que no se puede rematar, por no existir elementos que sustenten la presunción de que Juvencio Ángeles Rubio hubiere sido auténtico poseedor, ni el tiempo que duró como tal, menos aún quedó acreditado que haya sido propietario. No constituye uno de los actos dictados en el procedimiento de ejecución a los que se les otorgó la calidad de última resolución, esto es, no se trata de aquélla que tenga por efecto poner de relieve el cumplimiento total de la resolución final o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito; no se trata de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. Por tanto, dicha determinación no es la última resolución dictada en el período de ejecución de sentencia, tampoco aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se trata de la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por el contrario, constituye una determinación intermedia dictada dentro del procedimiento de ejecución, que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Por lo anterior, en este momento procesal no es factible atender el reclamo de la parte quejosa, ya que deberá esperar hasta que se dicte la última resolución en ese procedimiento de ejecución, que se ajuste a las características mencionadas, cuando proceda el amparo y en el cual la podrá combatir lo ahora reclamado. Por tanto, contra tal determinación no procede el juicio de amparo indirecto, en tanto que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, como lo establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/11 de rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En consecuencia, de igual manera se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia en examen, con fundamento en el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ana María Sánchez Alejandro, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jacala de Ledezma, Hidalgo y otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. NOTIFICACIONES DE POSIBLES DIFERIMIENTOS POR LISTA Se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del pUblico para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente
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