Ana María Reyna Avelino
Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana María Reyna Avelino
- B.C. N. R.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CUMPLASE
- Principal
EL TRIBUNAL DE ALZADA ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA. Agréguese a los autos el oficio enviado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad Capital, a través del cual acusa recibo de nuestro juicio de amparo indirecto 850/2021-IV, comunicando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. SE ORDENA ARCHIVO. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad archívese el presente cuaderno de antecedes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente auxiliar es destruible.
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo en relación al acto reclamado que la quejosa hizo consistir, esencialmente, en la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1A2021-406, en la que la Jueza de Control Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad, resolvió la no vinculación a proceso del adolescente imputado; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. SE REMITE EL EXPEDIENTE A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, RESIDENTES EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. Por otro lado, en relación al diverso acto que reclamó la amparista e hizo consistir en la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca 22A1421-20, por el Juez Segundo de Impugnación Especializado para Adolescentes, residente en Guanajuato, Capital, en la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa 1A2021-406, seguida en contra del adolescente de iniciales J.A.G.P., por los hechos que la ley señala como delito de violación espuria; este órgano jurisdiccional, mediante actuación de veinte de octubre pasado, se declaró legalmente incompetente por razón de vía. En tal virtud y toda vez que ha quedado firme la determinación en la que se resolvió desechar la demanda de amparo en relación con el diverso acto reclamado; se ordena enviar de inmediato el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residentes en Guanajuato, Guanajuato, para que lo remita al órgano jurisdiccional al que por turno corresponda conocer del asunto, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SE SOLICITA ACUSE DE RECIBO. Finalmente, se peticiona al Tribunal de Alzada que por cuestión de turno le toque conocer de este juicio, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo, a fin de que este juzgado esté en posibilidad de archivar el presente expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente. Vista la demanda de amparo promovida por Ana María Reyna Avelino y su anexo, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 850/2021-IV; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 1A2021-406, POR LA JUEZA DE CONTROL ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la especie, se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado; lo que impone desechar de plano la demanda. Tal motivo de improcedencia cobra vigencia en dos hipótesis: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la resolución, auto o sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que en contra de este último, el amparo es improcedente. Lo mismo sucede cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo fue recurrida a través del medio de impugnación ordinario idóneo y este es desechado; por lo que la determinación combatida quedó sustituida procesalmente por la diversa que desechó el recurso interpuesto en su contra. Así, el desechamiento del recurso y el efecto que este genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso; por ende, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la que desechó el recurso, deja de tener efectos legales propios y, de reclamarse en el juicio de amparo, se actualiza la referida causa de improcedencia; tal como lo postula la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS.". Ahora bien, la quejosa reclamó la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1A2021-406, en la que la Jueza de Control Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad, resolvió la no vinculación a proceso del adolescente imputado. Sin embargo, de la propia demanda se aprecia que la amparista, a través de su asesora jurídica, interpuso recurso de apelación en contra del acto reclamado, del cual conoció el Juez Segundo de Impugnación Especializado para Adolescentes, con sede en Guanajuato, Capital, quien lo radicó con el número de toca 22A1421-20 y, en la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, confirmó la determinación recurrida. De lo que se advierte que, en contra de la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1A2021-406, por la mencionada Jueza de Control, la quejosa interpuso el recurso de apelación, mismo que fue resuelto en el sentido de confirmar aquélla. Por ende, el acto reclamado quedó sustituido procesalmente por la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso, en la cual se confirmó esa decisión; de forma tal que dejó de tener efectos legales propios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en relación con el referido acto. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE VÍA, EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL TOCA 22A1421-20, POR EL JUEZ SEGUNDO DE IMPUGNACIÓN ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, RESIDENTE EN GUANAJUATO, CAPITAL. La agraviada reclamó la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca 22A1421-20, por el Juez Segundo de Impugnación Especializado para Adolescentes, residente en Guanajuato, Capital, en la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa 1A2021-406, seguida en contra del adolescente de iniciales J.A.G.P., por los hechos que la ley señala como delito de violación espuria. Tal resolución fue emitida por un tribunal judicial y puso fin al juicio, dado que sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido y, por ende, es impugnable en amparo directo, de conformidad con el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Federal, por lo que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Además, en los numerales 34 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en la parte conducente, disponen que dicho órganos jurisdiccionales son competentes para conocer del juicio de amparo directo; y que este procede, entre otros supuestos, en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o bien, que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del solicitante del amparo y trasciendan al resultado del fallo. Por su parte, el último de esos preceptos dice que las sentencias definitivas o laudos son las que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2007, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 32, de rubro: "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA", sostuvo que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, si bien tiene como consecuencia la libertad del individuo, ello no implica que el proceso penal haya concluido; ya que el término bajo las reservas de ley tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abra la posibilidad para que el Ministerio Público lo reanude; en tanto que el auto de libertad absoluta constituye una excepción, esto es, dado que en la práctica decretar este auto tiene como presupuesto, por ejemplo, que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad, o que se acredite a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetarle al proceso. Así, dicho Tribunal consideró que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, no pone fin o concluye el proceso penal; por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo directo, al no tratarse de una resolución que ponga fin al juicio. Entonces, el juicio de amparo directo solo procede en contra del auto de libertad absoluta, por tratarse de una resolución que pone fin al juicio o que lo concluye, dado que tiene como presupuesto una razón jurídica que impide al Ministerio Público reanudar el proceso penal; por ejemplo, que exista una excluyente del delito. Por ello, esta figura procesal (excluyente), implica que cuando se realicen ciertas conductas con el objetivo de proteger determinados bienes jurídicos, propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de delinquir, o de alguno de los elementos que integran el tipo penal, aunque se cometa alguna de las conductas típicas, no puede considerarse que existió delito. Modelos clásicos de esas excluyentes del delito son las figuras de la "legítima defensa" o la consumación de determinadas conductas como consecuencia de un "deber jurídico", del ejercicio de un derecho o de un estado de necesidad. Cuando las excluyentes del delito se acreditan ante el Ministerio Público en la etapa de investigación, este se vería obligado, en su caso, a no ejercer la acción penal. En cambio, una vez ejercida la acción penal, en la audiencia inicial, si se llegara a demostrar alguna de ellas, no se podría proceder en contra de quien cometió la conducta, por lo que el juez que advierta la actualización de alguno de esos supuestos, tendría que emitir un auto de no vinculación a proceso con efectos de libertad absoluta, pues para la legislación penal, no existió delito alguno. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 10/2007, en cuanto a los autos de libertad que ponen fin al proceso penal, permite afirmar que en contra del auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley, procede el juicio de amparo directo. Lo que se corrobora, porque al expedirse la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en el artículo 170, fracción I, se dispuso que las sentencias definitivas o laudos, son las que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, con la precisión de que, en materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo por la víctima u ofendido del delito en los casos previstos por el artículo 173 de la propia ley (sin precisarse si debe ser absoluta o bajo reservas de ley). Ahora bien, al interpretar dicha porción normativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 60/2015 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1525, del rubro: "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)", consideró que dado que el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, el auto de libertad impugnable solo puede ser el que cumpla con esas características, como lo es el auto que decreta la libertad absoluta del inculpado y no el que lo haga con restricciones de ley; por lo que para el resto de las resoluciones de término constitucional derivadas de la presentación de una persona ante autoridad jurisdiccional, la vía procedente, en su caso, es el juicio de amparo indirecto. Cabe destacar que, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se reformó mediante decreto publicado en el en Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; y en lo que interesa, dispuso que, en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrían ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Del proceso legislativo de esa reforma, específicamente del dictamen de la cámara revisora, se observa que esa modificación tuvo como propósito: "precisar la procedencia del amparo, en tratándose de sentencias absolutorias y sobreseimientos". Sin embargo, en nada cambia el criterio antes sostenido en cuanto a la procedencia del juicio de amparo directo tratándose de autos que decretan la libertad absoluta del inculpado, ya que en la citada jurisprudencia 1a./J. 60/2015 (10a.), el Máximo Tribunal del País sostuvo que esa porción normativa de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, no es una norma que delimite el ámbito de procedencia del juicio de amparo directo, sino que únicamente otorga una potestad (legitimación) a las víctimas u ofendidos para acudir al juicio de amparo en contra de ciertas determinaciones jurisdiccionales (sentencias absolutorias y autos referidos a la libertad), la cual se debe adecuar a las reglas materiales y procesales existentes para el juicio de amparo directo, por lo que, los únicos autos de libertad impugnables en amparo directo son los que decretan la libertad absoluta, al ser asimilables a una resolución que pone fin al juicio. Incluso, la Primera Sala, en la ejecutoria de la unificación de criterios, consideró que aun cuando la invocada jurisprudencia 1a./J. 10/2007 se emitió en relación con la Ley de Amparo abrogada, no se advertían razones justificadas para separarse de las consideraciones tomadas en cuanto a cuáles son los autos de libertad que dan por concluido un proceso penal y, por ende, impugnables a través del amparo directo. Ahora bien, de la reproducción de parte de la resolución reclamada, contenida en el apartado destinado a la narración de los antecedentes en la demanda de amparo, se aprecia que la Jueza Segundo de Impugnación Especializado para Adolescentes, confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido por la Juez de Control del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Adolescentes, en virtud de que los datos de prueba evidenciaban que el adolescente inculpado incurrió en un error de tipo invencible, con lo que quedaba excluido el delito en términos del artículo 33, fracción VIII, inciso a), del Código Penal para el Estado de Guanajuato; por lo que no se integró el delito; es decir, no existe responsable ni se impondrá una pena y, por ende, no puede procederse en contra de quien cometió la conducta. En esa tesitura, si la determinación de no vinculación a proceso reclamada, decretó la libertad absoluta del adolescente imputado y, por ende, concluyó el proceso penal, es claro que se trata de una resolución que puso fin al juicio, para efectos de la procedencia del amparo directo. Cabe agregar que el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando no se reúnan los requisitos para instaurar un juicio en contra del inculpado, el Juez debe dictar un auto de no vinculación a proceso; pero ello que no impide que el ministerio público continúe la investigación para el efecto de formular nuevamente imputación. Sin embargo, debe exceptuarse de este último el caso, de que la no vinculación a proceso se funde en la fracción IV, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que para dictar un auto de vinculación a proceso, no debe encontrarse demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de delito. Es así, dado que como lo destacó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.10/2007, la existencia de una causa de exclusión del delito es una excepción a la regla general de que el auto de no vinculación a proceso conlleva la posibilidad para que el Ministerio Público reanude el proceso penal. No pasa inadvertido que la parte final del citado numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé como excepción a la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, cuando no se vincule a proceso al imputado, el que se haya decretado el sobreseimiento; sin embargo, en el caso, de la parte de la resolución reclamada que reprodujo la agraviada, no se observa algún pronunciamiento sobre el sobreseimiento del asunto. No obstante, es claro que la configuración de la excluyente del delito relacionada con el error de tipo invencible, evidencia que el auto de no vinculación reclamado tuvo efectos de sobreseimiento, pues encuadra en la fracción II del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el sobreseimiento procede cuando el hecho cometido no constituya delito). Por ende, es factible considerar que la decisión de la responsable, fue dar por terminado el procedimiento instaurado en contra del adolescente y ordenar su libertad absoluta; pero no decretar únicamente un auto de no vinculación a proceso bajo reserva de ley, por lo que, en todo caso, se trata de un sobreseimiento tácito o implícito que impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y formule una nueva imputación. De lo contrario, es decir, que al margen de la decisión del tribunal de alzada de no vincular a proceso al adolescente imputado, porque se configuró una excluyente del delito, sea requisito que este o su defensor solicitara al Juez el sobreseimiento en la causa, para que el Ministerio Público se abstuviera de continuar la investigación y, en su caso, que formulara una nueva imputación, implicaría poner a la persona imputada un obstáculo innecesario o sujetarlo a un formulismo excesivo, en vez de privilegiar la razonabilidad de los efectos de la libertad absoluta que tiene aquel auto. Por ende, la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del toca 22A1421-20, es impugnable a través del amparo directo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado. Por ello, una vez que quede firme la determinación en la que se resolvió desechar la demanda de amparo en relación con el diverso acto reclamado; se ordena enviar el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, residentes en Guanajuato, Guanajuato, para que lo remita al órgano jurisdiccional al que por turno corresponda conocer del asunto, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y solicitar que se acuse recibo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal, el situado en las oficinas que ocupan la Agencia adscrita a la Unidad de Litigación Especializada en Adolescentes, ubicadas en Carretera León-Cuerámaro, kilómetro 11, Predio El Ratón, en esta ciudad. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. También, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte accionante proponiendo como formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales los correos electrónicos fgarciaq@guanajuato.gob.mx y rosalba.vilches@hotmail.com. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada de la parte amparista en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ma. Del Sagrario Márquez Vázquez, quien cuenta con la cédula profesional 5382335, la cual se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tienen como autorizados en los términos restringidos del segundo párrafo, del artículo 24, del ordenamiento legal en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Claudia Andrea Garnica Robledo, Fátima Guadalupe García Quintana y Martha Patricia Ramírez Martínez, por no contar con el registro de referencia. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva.
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