Ana Maria Ramos Rodriguez

Expediente 268/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
268/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Maria Ramos Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 1-A. Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, sin mayor pronunciamiento, el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Subdirector del Área Responsable de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante auto de veinticinco de marzo del presente año, causó estado el proveído en que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de catorce de marzo del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  3. Principal

    MESA 1-A. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la directa quejosa XXXX, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Encargado y/o Director de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, consistentes en la detención, retención, incomunicación, deportación, expulsión, repatriación y posibles actos de desaparición forzada. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, en la que el actuario judicial de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para notificar a XXXX, el auto de nueve del mes y año en curso, y requerirla para que ratificara la demanda de amparo promovida en su favor por Luis Reyes Barraza; se advierte que se constituyó en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria Siglo XXI, de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, y fue atendido por quien dijo ser Daniel de León Villatoro, quien dijo ser agente del Instituto Nacional de Migración, mando medio en turno adscrito a la Estación Migratoria, a quien le hizo saber el motivo de su presencia, y enterado de ello le indicó que Ana María Ramos Rodríguez, ya no se encontraba alojada en esas instalaciones debido a que el pasado siete de marzo, le otorgaron su pase de salida. DESECHAMIENTO Por lo tanto, resulta evidente que la directa quejosa Ana María Ramos Rodríguez, no se encuentra privada de la libertad, por lo que la demanda promovida a su favor por Luis Reyes Barraza, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conforme a las disposiciones transcritas el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna otra disposición de la Ley de Amparo, en el caso particular la improcedencia deriva del artículo 15 de la citada ley, ya que dicha disposición establece que cuando se trate de los actos que describe y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Por tanto, para que cualquier persona promueva en nombre del directo quejoso es necesario que éste se encuentre imposibilitado para hacerlo, lo cual en el presente caso no se actualiza ya que de las actuaciones anteriormente apuntadas, no se aprecia esa circunstancia, por el contrario, como se precisó, se advierte que los citados quejosos no se encuentran privados de su libertad, lo que se corrobora con la razón actuarial de mérito. En relatadas circunstancias, la demanda de amparo fue promovida por Luis Reyes Barraza, en, sin que se aprecie de manera certera que estén imposibilitada para promover por propio derecho, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo. (..) En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ana María Ramos Rodríguez, ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 15, de la propia Ley de la materia. Comuníquese lo anterior, a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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