Ana María Ramírez Gutiérrez
Expediente 856/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana María Ramírez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dos de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de junio pasado (fojas 10 a 13), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil quince. Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta, que suscribe el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por los cuales devuelve diligenciados en sus términos los despachos número 709/2015 y 872/2015, del índice de este Juzgado, que le fueron enviados a efecto de notificar los autos de seis y veintiuno de abril del año en curso, al quejoso Ángel José Campillo Luna o Ángel José Castillo Luna; lo anterior para los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Por otra parte, y toda vez que al momento de dicha notificaciones el aquí quejoso anexo un escrito y manifiesta que las autoridades responsables que señaló en su escrito de demanda como integrantes o miembros del Consejo Técnico Interdisciplinario y Lic. Susana Pérez Álvarez, colaboradora del Departamento de Trabajo Social del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" si existen, además manifiesta que le impiden participar en diversas actividades que son la base de su readaptación social, recibir visitas familiares, falta de atención médica y discriminación, así también solicita la suspensión de los diversos actos reclamados como son la segregación con restricción a los límites de su estancia derivados de sanciones impuestas en su perjuicio por una supuesta falta al reglamento de los Centros Federales; en consecuencia, dedúzcase copia certificada de dichos documentos y acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de la materia, y tomando en consideración la imposibilidad material y jurídica que le asiste a este juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia en turno, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique este proveído al quejoso Ángel José Campillo Luna, en el lugar de su reclusión, Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", ubicado en carretera federal Mengoli de Morelos, Yegachin kilómetro 6, Agencia Yegachin Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; hecho lo anterior, remita a este Juzgado de Distrito, el despacho de mérito, con las constancias correspondientes; con apercibimiento al Juez mencionado que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo señalado por los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciséis de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo que promueve Ana María Ramírez Gutiérrez contra el acto reclamado al agente del Ministerio Público del primer turno del Distrito Judicial de Tlacoula de Matamoros, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 856/2015. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley en cita, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de garantías en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio en términos del numeral 61, fracción XVI, citado. En el caso, la quejosa se duele de la orden de cateo librada en su contra; sin embargo, como se observa de las propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad adujo en su demanda constitucional, que constituyen una confesión expresa con valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fecha once de junio del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de cateo en su domicilio particular ubicado en calle Reforma número treinta y nueve, segunda sección, en San Sebastián Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. En esa virtud, este órgano de control constitucional considera que el acto de autoridad combatido se ha consumado de modo irreparable, pues como se advierte, el once del actual fue ejecutado por parte de la autoridad ministerial responsable. Luego, si la orden de cateo que reclama la quejosa se llevó a cabo con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, en esa virtud, queda evidenciada la actualización de la causa de improcedencia en estudio. En efecto, los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la emisión de toda orden de cateo, consistentes en que sólo podrá expedirla la autoridad judicial, por escrito, la cual debe limitarse a expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que habrán de aprehenderse y los objetos que se buscan, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, tienen como objetivo tutelar la inviolabilidad del domicilio. Atento a ello, si en la data mencionada se llevó a cabo el cateo impugnado, la posible transgresión al citado derecho fundamental y las diligencias acontecidas en la ejecución del mismo, quedaron agotadas de manera irreparable, en virtud de que no es posible restituir a la parte quejosa en ese derecho, pues una eventual concesión no podría dar lugar a retrotraer los hechos al estado en que se encontraban antes de la introducción al inmueble, por lo que es materialmente imposible restablecer a la impetrante en el goce del derecho que aduce fue infringido, como lo ordena el numeral 77, fracción I , de la ley de la materia, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver la situación al estado que guardaba antes de la diligencia en cita. Atento a lo anterior, al haberse consumado la invasión a la morada precisada en líneas que anteceden, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, por lo que con apoyo en el numeral 113, del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Apoya a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página: 484, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo". También se invoca la tesis aislada 14 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 12, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, Materia(s): Común, Quinta Época, Apéndice 2000, del tenor: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 738, Tomo XXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer". En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizado a la persona que se menciona con las facultades que contempla el numeral 12 de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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