Ana María Pérez Vergara

Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
137/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Ana María Pérez Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 137/2021-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en incidente de inejecución de sentencia 3/2022, del índice del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se declara fundado el incidente de inejecución de sentencia, se convalida la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento completo a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 137/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. No se dan los supuestos para proponer al Alto Tribunal la Separación en el cargo de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, ni ha lugar acordar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. [.]." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia que propone este Juzgado de Distrito, el cual fue registrado con el número 3/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio, negó el amparo y concedió la protección constitucional a Ana María Pérez Vergara, para los efectos siguientes: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana María Pérez Vergara, para que el Secretario de Salud del Estado y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, realicen lo siguiente: Con plenitud de jurisdicción, deberán dictar y ejecutar de inmediato todas las medidas administrativas y sanitarias que sean necesarias, que tengan como finalidad proteger el derecho a la vida y la salud de la quejosa. Para tal efecto, deberán realizar todas las acciones necesarias para respetar el derecho a la salud que le asiste a la quejosa, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para lo cual, deberán establecer y cumplir todas las acciones y medidas de seguridad correspondientes, ya sea que las autoridades de salud de la Federación o del Estado las hayan decretado o, bien, la propia autoridad señalada como responsable, a efecto que la impetrante del amparo, en el ejercicio de su empleo, no vea afectados sus derechos humanos (derecho a la vida y a la salud). Con independencia de lo anterior, deberán proveer a la quejosa del equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados que garanticen su derecho a la vida y salud con motivo de su regreso a sus labores como médico especialista. Deberán realizar todas las gestiones que resulten necesarias para que a la aquí quejosa Ana María Pérez Vergara se le aplique el esquema completo de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el entendido de que dicha medida deberá aplicarse solo en el caso de que a la presente fecha no le haya sido aplicada y siempre que tal vacuna sea autorizada por el personal médico especializado que, para tal efecto, valore la condición que en particular tenga la referida quejosa." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. En virtud de lo anterior, mediante oficios de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, quince y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Delegado del Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala y del Organismo Público Descentralizado, Salud, Tlaxcala, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera: A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Ahora, del análisis de dichas documentales se aprecia que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por oficio 5018/2039/2021 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, informó los lineamientos y estrategias tomadas por parte de la Secretaría de Salud O.P.D. Salud de Tlaxcala, que acreditan la bioseguridad para salvaguardar la salud de los trabajadores del Sector Salud. Solicitó que esta autoridad requiriera a la quejosa, a fin de que informara si ya le había sido aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2, así como para que se constituyera en el Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala, a fin de entregarle el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, requerimiento que se realizó en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno. Mediante oficio 5018/2039/2021 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, citó a la quejosa para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2. Informó que la quejosa Ana María Pérez Vergara, se ha negado a recibir el equipo de protección que la Directora del Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala le pretendió entregar. Informó que la quejosa no se presentó el día y hora señalados a fin de que le aplicara la segunda dosis de a vacuna contra el virus SAR.Cov2, por lo que fijó una nueva fecha para dicha aplicación. Remitió el oficio HCZ/379/2021, por el que la Directora del Hospital Comunitario de Zacatelco, informó que el doce de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa Ana María Pérez Vergara, se negó a recibir el equipo de protección personal por referir que ya no trataría a pacientes con enfermedad por SARS-COV2. Mediante oficio 107/ADM/2021, invitó a la quejosa para que se presentara el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, en el Centro de Salud Urbano de Huamantla, Tlaxcala, a fin de que le fuera aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2; sin embargo, Ana María Pérez Vergara, no acudió. Conforme a lo anterior, las autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sobre los puntos señalados el inciso a), relativo a dictar y ejecutar todas las medidas administrativas y sanitarias necesarias que tuvieran como finalidad proteger el derecho a la vida y salud de la quejosa, debiendo realizar todas las acciones necesarias y medidas de seguridad correspondientes, ya sea porque las autoridades de Salud de la Federación o del Estado las hayan decretado o bien la propia autoridad responsable, a efecto de que el quejoso en el ejercicio de su empleo, no vea afectados sus derechos humanos, en el caso, derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, no acreditaron que se hayan podido entregar a la quejosa Ana María Pérez Vergar, el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, ni la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), efectos precisados en los incisos b) y c), del fallo protector. Imposibilidad para declarar cumplida. En virtud de lo anterior, las aludidas autoridades responsables refirieron que la quejosa Ana María Pérez Vergara, se ha negado a recibir el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, mismo que se encuentra a su disposición en las instalaciones del Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala; asimismo, no ha acudido a las citas que se le han generado a fin de que reciba la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2. Lo expuesto pone de manifiesto que este órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para declarar totalmente cumplido el fallo protector, puesto que no se acataron los incisos b) y c) de la ejecutoria de amparo, consistente en: "b) Con independencia de lo anterior, deberán proveer a la quejosa del equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados que garanticen su derecho a la vida y salud con motivo de su regreso a sus labores como médico especialista. c) Deberán realizar todas las gestiones que resulten necesarias para que a la aquí quejosa Ana María Pérez Vergara se le aplique el esquema completo de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el entendido de que dicha medida deberá aplicarse solo en el caso de que a la presente fecha no le haya sido aplicada y siempre que tal vacuna sea autorizada por el personal médico especializado que, para tal efecto, valore la condición que en particular tenga la referida quejosa." Ahora, en virtud de que las autoridades responsables obligadas a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acreditaron que la misma no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones de parte de ellas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento. Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito requirió a la quejosa en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, y para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, manifestara si ya había sido vacunado contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. De igual modo, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se le requirió para que: 1) informara si ya había concluido su esquema de vacunación y, 2) acudiera al Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala, a fin de que le fuera entregado el equipo de protección personal e insumos necesarios; no obstante, no dio cumplimiento a ninguno de los requerimientos formulados. En consecuencia, se declara la imposibilidad para cumplir la sentencia de emparo, en términos del segundo y quinto párrafos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2017, (10a), Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción II y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad. Asimismo, una vez que fenezca el plazo previsto para interponer recurso de inconformidad, sin que alguna de las partes lo haya realizado, con fundamento en el último párrafo del invocado numeral 196 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a fin de que se pronuncie al respecto. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio, negó el amparo y concedió la protección constitucional a Ana María Pérez Vergara, para los efectos siguientes: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana María Pérez Vergara, para que el Secretario de Salud del Estado y Director General del Organismo Público Descentralizado Salud Tlaxcala y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, realicen lo siguiente: Con plenitud de jurisdicción, deberán dictar y ejecutar de inmediato todas las medidas administrativas y sanitarias que sean necesarias, que tengan como finalidad proteger el derecho a la vida y la salud de la quejosa. Para tal efecto, deberán realizar todas las acciones necesarias para respetar el derecho a la salud que le asiste a la quejosa, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; para lo cual, deberán establecer y cumplir todas las acciones y medidas de seguridad correspondientes, ya sea que las autoridades de salud de la Federación o del Estado las hayan decretado o, bien, la propia autoridad señalada como responsable, a efecto que la impetrante del amparo, en el ejercicio de su empleo, no vea afectados sus derechos humanos (derecho a la vida y a la salud). Con independencia de lo anterior, deberán proveer a la quejosa del equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados que garanticen su derecho a la vida y salud con motivo de su regreso a sus labores como médico especialista. Deberán realizar todas las gestiones que resulten necesarias para que a la aquí quejosa Ana María Pérez Vergara se le aplique el esquema completo de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el entendido de que dicha medida deberá aplicarse solo en el caso de que a la presente fecha no le haya sido aplicada y siempre que tal vacuna sea autorizada por el personal médico especializado que, para tal efecto, valore la condición que en particular tenga la referida quejosa." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. En virtud de lo anterior, mediante oficios de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, quince y veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Delegado del Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala y del Organismo Público Descentralizado, Salud, Tlaxcala, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera: A las documentales remitidas por la autoridad responsable, este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Ahora, del análisis de dichas documentales se aprecia que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por oficio 5018/2039/2021 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, informó los lineamientos y estrategias tomadas por parte de la Secretaría de Salud O.P.D. Salud de Tlaxcala, que acreditan la bioseguridad para salvaguardar la salud de los trabajadores del Sector Salud. Solicitó que esta autoridad requiriera a la quejosa, a fin de que informara si ya le había sido aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2, así como para que se constituyera en el Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala, a fin de entregarle el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, requerimiento que se realizó en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno. Mediante oficio 5018/2039/2021 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, citó a la quejosa para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2. Informó que la quejosa Ana María Pérez Vergara, se ha negado a recibir el equipo de protección que la Directora del Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala le pretendió entregar. Informó que la quejosa no se presentó el día y hora señalados a fin de que le aplicara la segunda dosis de a vacuna contra el virus SAR.Cov2, por lo que fijó una nueva fecha para dicha aplicación. Remitió el oficio HCZ/379/2021, por el que la Directora del Hospital Comunitario de Zacatelco, informó que el doce de octubre de dos mil veintiuno, la quejosa Ana María Pérez Vergara, se negó a recibir el equipo de protección personal por referir que ya no trataría a pacientes con enfermedad por SARS-COV2. Mediante oficio 107/ADM/2021, invitó a la quejosa para que se presentara el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, en el Centro de Salud Urbano de Huamantla, Tlaxcala, a fin de que le fuera aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2; sin embargo, Ana María Pérez Vergara, no acudió. Conforme a lo anterior, las autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sobre los puntos señalados el inciso a), relativo a dictar y ejecutar todas las medidas administrativas y sanitarias necesarias que tuvieran como finalidad proteger el derecho a la vida y salud de la quejosa, debiendo realizar todas las acciones necesarias y medidas de seguridad correspondientes, ya sea porque las autoridades de Salud de la Federación o del Estado las hayan decretado o bien la propia autoridad responsable, a efecto de que el quejoso en el ejercicio de su empleo, no vea afectados sus derechos humanos, en el caso, derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, no acreditaron que se hayan podido entregar a la quejosa Ana María Pérez Vergar, el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, ni la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), efectos precisados en los incisos b) y c), del fallo protector. Imposibilidad para declarar cumplida. En virtud de lo anterior, las aludidas autoridades responsables refirieron que la quejosa Ana María Pérez Vergara, se ha negado a recibir el equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados, mismo que se encuentra a su disposición en las instalaciones del Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala; asimismo, no ha acudido a las citas que se le han generado a fin de que reciba la segunda dosis de la vacuna contra el virus SAR.Cov2. Lo expuesto pone de manifiesto que este órgano jurisdiccional se encuentre imposibilitado para declarar totalmente cumplido el fallo protector, puesto que no se acataron los incisos b) y c) de la ejecutoria de amparo, consistente en: "b) Con independencia de lo anterior, deberán proveer a la quejosa del equipo de protección personal, insumos y equipo médico adecuados que garanticen su derecho a la vida y salud con motivo de su regreso a sus labores como médico especialista. c) Deberán realizar todas las gestiones que resulten necesarias para que a la aquí quejosa Ana María Pérez Vergara se le aplique el esquema completo de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el entendido de que dicha medida deberá aplicarse solo en el caso de que a la presente fecha no le haya sido aplicada y siempre que tal vacuna sea autorizada por el personal médico especializado que, para tal efecto, valore la condición que en particular tenga la referida quejosa." Ahora, en virtud de que las autoridades responsables obligadas a dar cumplimiento a la sentencia de amparo acreditaron que la misma no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones de parte de ellas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pues a pesar de haber realizado todas las actuaciones a su alcance tendientes a su cumplimiento, ello no ha sido posible, lo que hace excusable el incumplimiento. Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito requirió a la quejosa en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, y para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, manifestara si ya había sido vacunado contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. De igual modo, en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se le requirió para que: 1) informara si ya había concluido su esquema de vacunación y, 2) acudiera al Hospital Comunitario de Zacatelco, Tlaxcala, a fin de que le fuera entregado el equipo de protección personal e insumos necesarios; no obstante, no dio cumplimiento a ninguno de los requerimientos formulados. En consecuencia, se declara la imposibilidad para cumplir la sentencia de emparo, en términos del segundo y quinto párrafos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2017, (10a), Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción II y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad. Asimismo, una vez que fenezca el plazo previsto para interponer recurso de inconformidad, sin que alguna de las partes lo haya realizado, con fundamento en el último párrafo del invocado numeral 196 de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a fin de que se pronuncie al respecto.

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