Ana María Pelcastre Ríos

Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1191/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Ana María Pelcastre Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 50 a 55), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO JUDICIAL. se notifica por lista al quejoso: Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones el comunicado de cuenta, a través del cual la autoridad responsable denominada Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado acompañado de un legajo de copias certificadas que de acuerdo con el diverso numeral 119, párrafo segundo de la propia legislación, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Al efecto la autoridad responsable se pronunció respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 539/2016-F; ya que tal como se advierte de las documentales que anexa, el once de septiembre de dos mil veinte, dictó el laudo dentro del juicio laboral citado y el veintinueve del mismo mes y año se elevó a categoría de laudo. Mismas constancias a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y En esa tesitura, atento al contenido del informe de cuenta y la documental que se acompaña, se advierte la actualización de la causa manifiesta e indudable de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.]. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]". Efectivamente, del citado numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1. De las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2. Cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente ????? del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada. Es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario, como acontece en la especie. Conforme a lo anterior, ese motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba podrá desvirtuarse, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Como apoyo de lo anterior, resulta aplicable la tesis que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2019142 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.16o.T.7 K (10a.) Página: 2646 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En efecto, en el caso en concreto se actualiza dicha causa de inejercicio, en virtud de que, el acto controvertido se hizo consistir en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 539/2016-F. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la autoridad oficiante se desprende que el once de septiembre de dos mil veinte, dictó el laudo dentro del juicio laboral 539/2016-F, y que el veintinueve de dicho mes y año se elevó a categoría de laudo. Por tanto, es evidente que la omisión reclamada a la autoridad responsable no existía en el momento en que se presentó la demanda de amparo, puesto que ello ocurrió el cinco de julio del año en curso y el once de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dictó el laudo materia del acto reclamado. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento ?????? artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste que en el acuerdo de admisión de este juicio se hubiera reservado el emplazamiento del tercero interesado; sin embargo, se considera innecesario llevar a cabo dicho emplazamiento, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 Constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, aunado a que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una omisión, de ahí que se considera que no se advierte derecho humano alguno que pudiera resentir una afectación directa e inmediata. Máxime que al quedar acreditado que la autoridad responsable se pronunció al respecto, significa el impulso del procedimiento, por lo que los derechos de quien en su caso resultara terceros interesados quedan incólumes, evitándose así una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes o, incluso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente afecta esos derechos que se pretende garantizar. Pues de estimar que la resolución que se pronuncia en este sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, a partir de que tengan conocimiento de esta resolución, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través del expediente natural. Es aplicable por las razones que informa el criterio que a continuación se inserta: Época: Décima Época Registro: 2017707 Instancia: Segunda Sala Tesis: 2a./J. 81/2018 (10a.) Página: 1223 "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad ?????? Por otra parte, cabe destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", y que en el caso el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 54/2000, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, registro 191995, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". En dicho criterio el Alto Tribunal sostuvo, esencialmente, que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación, ello con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, a pesar de que entre la recepción del informe de ley así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, y la celebración de la audiencia constitucional no va a mediar el mencionado plazo, este órgano jurisdiccional considera que en la adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia, hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascendentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo que busca un efecto útil en la solución de las ???????? constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no haya conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado de este asunto y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio dan noticia de elementos suficientes para emitir la presente resolución. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A manera de ejemplo se cita la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Jesús Castellanos Franco 10 DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Criterio del que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento, porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ???????? Así, conviene puntualizar que el acto reclamado en sede constitucional constituía un acto dilatorio plenamente acreditado, al tratarse de la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 539/2016-F. Por ende, acorde con la premisa antes descrita, es evidente que en este caso en particular, aunque no mediaron los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se considera que ningún beneficio obtendrían las partes con su eventual diferimiento, pues aun extendiendo el plazo para que tuvieran al menos ocho días de por medio entre su notificación y la celebración de la citada audiencia, no tendrían la posibilidad de incorporar nuevos elementos probatorios a fin de demostrar que, contra las que ya obran agregadas en autos y que tienen valor probatorio pleno, el acto reclamado subsiste. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que el acto dilatorio reclamado subsiste. Por ende, se enfatiza, dadas las particulares características que concurren en el caso particular, de ordenar en su caso el diferimiento de la audiencia constitucional, esa actuación lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto. Por tanto, se cancela la fecha de la audiencia constitucional señalada en autos (foja 21), por los motivos antes precisados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior

  4. Principal

    A sus agréguese autos el pedimento de cuenta, remitido vía electrónica, con la respectiva evidencia criptográfica de la Fiscal de la Federación adscrito (a), mediante el cual hace manifestaciones en vía de alegatos.

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