Ana María Pastor Figueroa

Expediente 385/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
385/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Ana María Pastor Figueroa
  • Socorro Calderón González
  • Rafael León Ruelas Pastor
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • María Andrea y/o Andrea Torres Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 119/2019, del índice del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, como lo solicita remítasele la copia certificada de la constancia que refiere.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 231 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a los quejosos y, a la tercera interesada mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad laboral responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional, desahogando tal vista los quejosos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Ana María Pastor Figueroa y Rafael León Ruelas Pastor, por propio derecho, solicitaron la protección constitucional contra el laudo dictado el nueve de abril de dos mil diecinueve, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el expediente C.D.T 579/2015-9 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cuatro de junio de dos mil veinte este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Reitere lo que no es materia de concesión; esto es: II.I. La calificación de las preguntas y repreguntas (con excepción de las repreguntas diez y doce). II.II. Que entre la actora y los demandados existió una relación laboral. II.III. El salario de la accionante. II.IV. La jornada de labores. II.V. La fecha de ingreso de la demandante. III. A fin de atender los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, así como lo expuesto en la presente ejecutoria, la Junta deberá: a) Prescindir de considerar que son legales las repreguntas diez y doce (por insidiosas, confusas e inductivas). b) Valorará de manera íntegra el resto de las respuestas que vertieron las atestes que ofrecieron los demandados a las preguntas y repreguntas calificadas de legales. IV. Hecha la valoración anterior junto con el contenido de todo el caudal probatorio que obra en autos, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Mediante oficio 4953/2020, este Órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad laboral responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. En acato a lo anterior, a través del oficio 736/2020, recibido en este Órgano Colegiado el veintiuno de octubre dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de quince anterior, en el que dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo relativo. Mediante oficio 838/2020, de cinco de noviembre de dos mil veinte, la Junta responsable remitió copia certificada del laudo dictado el cuatro del mes y año en mención, sin embargo, mediante resolución dictada el dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido por lo siguiente: "No obstante lo anterior, no se observa del laudo que se examina, que la responsable se pronunciara sobre la totalidad de preguntas y repreguntas que se formularon a dichas atestes y que fueron calificadas de legales, concretamente las marcadas con los números 23 (pregunta) y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13 (repreguntas) respectivamente, así como las respuestas que al efecto se vertieron, las cuales son del tenor siguiente: (.) En consecuencia, ante el defectuoso actuar de la responsable, esto es, al no haberse pronunciado respecto del total de preguntas y repreguntas que se formularon a los atestes de los demandados (concretamente la pregunta 23 y las repreguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13 respectivamente, con independencia del resultado que arrojara dicho examen a los intereses de sus oferentes -favorable o desfavorable-), procede tener por no cumplido el fallo protector. Por consiguiente, se requiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de veinticuatro horas deje insubsistente el laudo de cuatro de noviembre de dos mil veinte y, en su lugar, dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de cuatro de junio de dos mil veinte, esto es, reitere lo que no fue materia de concesión y atienda puntualmente los lineamientos de la concesión otorgada a los quejosos Ana María Pastor Figueroa y Rafael León Ruelas Pastor." En mérito de lo anterior, el nueve de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió un nuevo laudo el cual es materia de análisis en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos y del nuevo laudo que dictó la Junta obrera responsable, se advierte que dicha autoridad: 1. Dejó insubsistente el laudo reclamado, tal y como se observa del auto dictado el quince de octubre de dos mil veinte, foja 111 de autos (Cumplimiento del lineamiento "I."). 2. Luego, dictó otro laudo en el que reiteró lo que no fue materia de concesión, esto es (Cumplimiento del lineamiento "II."): A. La calificación de las preguntas y repreguntas analizando cada una de ellas <con excepción de las repreguntas diez y doce>, las cuales tacho de ilegales, lo que se observa a páginas 17-18 del laudo que se revisa, a fin de hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente (Cumplimiento del lineamiento inciso "II.I."): "Respecto de la TESTIMONIAL, tenemos que este medio de convicción se procede a valorar en términos de la ejecutoria de mérito, por lo que desde este momento es oportuno mencionar que no serán valoradas las repreguntas marcadas con los números diez y doce realizadas en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte enjuiciada de fecha catorce de agosto del dos mil diecisiete (fojas 104-107), que textualmente dicen lo siguiente: "12. Que diga el testigo si considera que la junta del conocimiento actuaría correctamente al dictar un laudo favorable a la C. Ana María Pastor Figueroa" "10. Que diga el testigo si considera que la junta del conocimiento debe negar a la C. María Andrea Torres Cruz y/o Andrea torres Cruz las prestaciones que reclama en el juicio" Repreguntas las cuales no serán valoradas pues no obstante de que fueron calificadas de legales, de su contenido se aprecia que resultan insidiosas, confusas e inductivas, además de que no son materia de los hechos, ya que el actuar de esta autoridad no constituye un hecho controvertido. Dicho lo anterior se procede al análisis de los testimonios vertidos por los atestes, para lo cual es importante volver a señalar que el hecho que se pretende acreditar es el contenido en el punto número cuatro del capítulo de contestación de hechos de los escritos de contestación de demanda el cual es el siguiente." B. Que entre la actora y los demandados existió una relación laboral, lo que se desprende a páginas 3 y 12 del laudo en revisión, para justificar lo dicho se transcribe la parte relevante (Cumplimiento del lineamiento "II.II."): (PÁGINA 3) "II. EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, en el presente juicio queda acreditada entre la actora MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ y los demandados MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y ANDREA TORRES CRUZ (sic) esto en virtud de que la actora en su escrito de demanda señaló haber prestado sus servicios personales subordinados a favor de ambos demandados. (.)" (PÁGINA 12) "III. DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN SE OBTIENEN COMO HECHOS CIERTOS LOS SIGUIENTES: 1. Que entre la actora MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ y los demandados ANA MARÍA PASTOR FIGUEROA Y RAFAEL LEÓN RUELAS PASTOR existió relación laboral. 2. Que el puesto del actor (sic) fue el de empleada de mostrador." C. El salario de la accionante a razón de $79.07 pesos diarios, lo que observa a página 13 del laudo en revisión y que es del tenor siguiente (Cumplimiento del lineamiento "II.III."): "Finalmente por cuanto hace a la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA no existe en autos constancia o presunción legal o humana que acredite el salario señalado por la parte demandada y, por tanto, al no haber acreditado su carga procesal los demandados responsables de la relación laboral, se tiene por cierto que la accionante MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ, tuvo como último salario la cantidad de $79.07." D. Lo relativo a la jornada laboral de la accionante, lo que se desprende a páginas 13-15 del laudo en revisión, y que reza de la siguiente manera (Cumplimiento del lineamiento "II.IV."): "VI. ANÁLISIS DEL TERCERO CONTROVERTIDO DE LA LITIS. Consistente en determinar la jornada de labores de la parte actora. Al respecto el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, establece que, tratándose de la jornada de labores, le corresponde al empleador probar ésta, cuando exista controversia como en la especie acontece, la actora afirma haber laborado de lunes a sábado de las ocho horas a las veintiún horas teniendo dos horas para tomar alimentos, y por su parte los demandados manifestaron que la actora laboró de las nueve a las diecinueve horas de lunes a sábado. En dicha tesitura se procede al análisis del acervo probatorio ofertado por los demandados que es el siguiente: (Analiza probanzas y luego expone). Siendo oportuno pronunciarse respecto del reclamo de la actora consistente en el pago de la JORNADA EXTRAORDINARIA, tenemos que el responsable de la relación laboral opone la excepción de prescripción respecto de esta prestación para retrotraer la Litis a un año a partir de la fecha de la presentación de la demanda, la que resulta procedente en términos de lo que dispone el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto esta prestación se estudiara únicamente respecto del último año de labores de la actora. Ahora bien, tenemos que la accionante reclama el pago de 18 horas extras a la semana contadas de lunes a sábado; al respecto se debe decir que el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que corresponde probar al patrón la jornada extraordinaria cuando esta no exceda de nueve horas y en el caso que nos ocupa la parte demandada no acreditó su carga probatoria para demostrar el horario que afirmó tuvo la actora, sin embargo, como la actora reclama el pago de más de nueve horas extras a la semana, ésta debe demostrar su afirmación consistente en haber laborado las 9 horas extras más subsecuentes a nueve horas a la semana; luego entonces, se tiene que del acervo probatorio aportado por la actora no demuestra haber laborado esas 9 horas extras más a la semana que reclama, siendo lo procedente condenar al demandado responsable de la relación laboral solo al pago de las primeras nueve horas extras a la semana por no haber acreditado que la actora únicamente laboró la jornada ordinaria aducida en su escrito contestatorio de demanda. Resultando aplicable al caso la tesis que dice: "HORAS EXTRAS. LA CARGA PROBATORIA RESPECTO A SU PROCEDENCIA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN CUANTO AL NÚMERO QUE DE AQUÉLLAS SE RECLAME (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIRDEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)." (TRANSCRIBE TEXTO Y DATOS DE LOCALIZACIÓN). En consecuencia, SE CONDENA a la demandada responsable de la relación laboral al pago de nueve horas extras de 52 semanas las que multiplicadas por las nueve horas extras, da un total de 468 horas extras, las que multiplicadas por su salario percibido por hora al doble ($19.76), arroja la cantidad de $9,251.19." E. La fecha de ingreso de la trabajadora (once de febrero de dos mil dos), lo que se desprende a páginas 15 y 16 del laudo en examen, y que plasmó de la siguiente forma (Cumplimiento del lineamiento "II.V."): "Finalmente por cuanto hace a la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA no existe en autos constancia o presunción legal o humana que acredite el salario señalado por la parte demandada, y por tanto, al no haber acreditado su carga procesal los demandados responsables de la relación laboral se tiene por cierto que la accionante MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ, ingresó a laborar el día once de febrero de dos mil dos." 3. Atendiendo los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, así como lo expuesto en la ejecutoria constitucional, la responsable: a) Prescindió de considerar que son legales las repreguntas diez y doce [consideraciones reproducidas en líneas anteriores] (Cumplimiento del lineamiento "III", inciso "a"). b) Valoró de manera íntegra el resto de las preguntas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 22] y repreguntas [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13] que fueron calificadas de legales, así como las respuestas que vertieron las atestes que ofrecieron los demandados [Silvia Muñoz Hernández, Merced Hernández Vázquez y Marcela Dolores Alemán Figueroa] (páginas 18-26 del laudo que se revisa); hecho lo anterior, determinó negarle valor probatorio a la citada prueba testimonial, lo que hizo en los siguientes términos (Cumplimiento del lineamiento "III", inciso "b"): "Ahora bien, esta autoridad determina negarle valor probatorio a la presente prueba testimonial en primer lugar porque como se ha evidenciado en lo estudiado en la repregunta número 11, dadas las contradicciones de dos de los tres testigos en cuanto a sus testimonios respecto de la renuncia verbal que manifestó la parte demandada. Y segundo lugar porque del análisis de la presente prueba se advierte que no existe evidencia alguna de que los testigos hayan dicho la dirección del lugar en donde supuestamente acontecieron los hechos, pues si bien en las preguntas directas 6, 10, 11 y 12 se hace referencia al centro de trabajo, lo cierto es que en ningún momento se establece la dirección de exacta del centro de trabajo, y aun y cuando en las repreguntas marcadas con los números 1, 5 y 7 se habla de la negociación de la "Papelería y Centro de Copiado Buenos Aires", tampoco se establece la dirección de la misma, por lo que no obstante que las repreguntas hablan de dicha negociación durante toda la prueba testimonial nunca se estableció su ubicación exacta en las preguntas directas ni repreguntas, ni mucho menos en las respuestas de los testigos para así determinar que los hechos que refieren los testigos ocurrieron en Avenida Cinco de mayo número dos Colonia Centro de la Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, como la parte demandada lo manifestó, pues los testigos se limitaron a manifestar que se encontraban en el trabajo y en la papelería buenos aires, sin que se delimite detalladamente la ubicación del lugar en donde se encontraban, dato que debió ser aportado en el desahogo de esta prueba para poder concederle valor probatorio pues si bien las partes no controvierten el lugar donde se encuentra el centro de trabajo en su respectiva demandada y contestación a la misma, esto no implica que los testigos estén eximidos de circunstanciar debidamente el lugar en donde se encontraban al momento de los hechos testificados. Por lo que ante tal omisión esta Junta determina que la prueba testimonial en estudio aportada por la parte demandada no es circunstanciada debidamente en cuanto al lugar de los hechos y por lo tanto carece de valor probatorio. Se apoyan dichas consideraciones en los siguientes criterios jurisprudenciales y tesis aisladas." 4. Finalmente, con libertad de jurisdicción, y analizando el contenido el caudal probatorio que obra en los autos del expediente laboral de origen, la responsable resolvió condenar a los demandados a pagar a la trabajadora la cantidad de $62,765.30 (sesenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.), por concepto de <indemnización constitucional, prima de antigüedad, prima dominical, salarios devengados, salarios caídos o vencidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados y horas extras>. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Desahogo de vista de los quejosos. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, los quejosos expresaron en el punto primero, en esencia: < En el considerando V del laudo la responsable dijo que determinaría el salario de la trabajadora con base en las pruebas ofertadas, empero, al momento de analizar la testimonial no analiza el estipendio, sino la fecha en que la actora empezó a laborar, lo que hace incongruente y confuso el laudo, ya si está acreditado el sueldo tanto con las documentales aportadas, máxime que la actora no ofreció prueba en contrario. < En el considerando VI la Junta refirió que analizaría el tema respecto de la jornada de labores de la actora, sin embargo, en la valoración de la prueba de instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, termina analizando el salario de la actora, lo cual resulta incongruente y confuso. < En el considerando VII la responsable determinó la fecha de ingreso de la actora, pasando por alto que la misma trabajadora confesó que ingreso a trabajar para los demandados el quince de junio de dos mil ocho, menoscabando la prueba testimonial con la cual los demandados pretendieron acreditar la fecha de ingresó de la trabajadora; agregan, que incongruentemente la Junta determinó que la actora ingresó a prestar sus servicios el doce (sic) de febrero de dos mil dos, lo que es absurdo. Sin embargo, tales manifestaciones resultan inatendibles, en virtud de que tales temas no fueron motivo de concesión sino de reiteración, lo que como se dijo en líneas anteriores, la responsable lo hizo de manera legal en los siguientes términos: salario ($79.07), jornada de trabajo (de lunes a sábado de las ocho a las veintiún horas, con dos horas para tomar alimentos) y fecha de ingreso (once de febrero de dos mil dos). En la foja 224 y en los puntos segundo, tercero y cuarto del escrito de manifestaciones, los quejosos exteriorizaron, sustancialmente: < Existe oscuridad en los resultandos y en los considerandos que lo hace confuso, pues la responsable aborda un tema y termina analizando otro. < La responsable adiciona hechos novedosos y califica de insidiosas las repreguntas, por lo que ilegalmente les otorgó valor probatorio. < En el considerando VIII Junta responsable introdujo de mala fe un hecho novedoso en relación a la hora de los hechos de tres de noviembre de dos mil quince, ya que en todo momento se expresó y se reiteró por las partes, que los hechos de la renuncia y/o despido ocurrieron a las nueve horas con quince minutos en el centro de trabajo ("papelería Buenos aires", ubicada en avenida Cinco de Mayo, número dos, colonia Centro de Calpulalpan, Tlaxcala), pero que de forma absurda e inverosímil refiere que no se acreditó la circunstancia de la hora porque dice que los quejosos establecieron como hora de los hechos a las nueve horas con treinta minutos, lo que es falso y la junta miente e infringe con ello los principios de verdad sabida y buena fe guardada que debe contener un laudo. < Existe parcialidad y sesgo hacia la actora por parte de la Junta al valorar preguntas y respuestas de las atestes que ofrecieron, es decir, tergiversó e interpretó erróneamente dicha probanza, con la finalidad de perjudicarlos, esto es, no valoró adecuadamente el desahogo de la testimonial con todos los medios de convicción aportados y con lo expresado por la actora en la demanda. < La Junta calificó de legales repreguntas totalmente ajenas a la litis, unas y otras por ser confusas; y con las respuestas dadas por los atestes hizo un pronunciamiento totalmente absurdo. < Las repreguntas marcadas con los arábigos "8 y 11" debieron ser desechadas por la Junta responsable por cuestiones ajenas a la litis, confusas e insidiosas. Puesto que expresan situaciones que no fueron materia de concesión y diversas cuestiones. Derivado de lo expuesto son inatendibles los argumentos que expresan Estos argumentos tienden a controvertir la legalidad del laudo dictado en cumplimiento, por tanto, resultan inatendibles, dado que son aspectos que no se delimitaron en el fallo protector, por ende, no es observable su estudio en esta resolución, no obstante, queda expedito el derecho de los quejosos para reclamar tales cuestiones en la vía que consideren pertinente. Sustenta lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Finalmente, son inatendibles los señalamientos de los puntos quinto y sexto del ocurso de manifestaciones, relativas al retardo de la Junta de remitir el amparo que promovieron el dos de diciembre de dos mil veinte y de que el apoderado de la actora fungió como presidente de la Junta responsable por casi ocho años así, por lo que tiene "influencia en cómo se resuelve el asunto". Es así, dado que la vista que se dio a las partes fue con la finalidad de que realizaran manifestaciones respecto al defecto o exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no así para cuestiones ajenas a lo resuelto en dicha sentencia; en secuencia, este Tribunal Colegiado está impedido para atender las cuestiones descritas en líneas precedentes, dado que abordan causas distintas al cumplimiento del fallo protector, por ello, son inatendibles. En esa tesitura, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 231 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a los quejosos y, a la tercera interesada mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad laboral responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional, desahogando tal vista los quejosos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Ana María Pastor Figueroa y Rafael León Ruelas Pastor, por propio derecho, solicitaron la protección constitucional contra el laudo dictado el nueve de abril de dos mil diecinueve, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el expediente C.D.T 579/2015-9 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el cuatro de junio de dos mil veinte este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Reitere lo que no es materia de concesión; esto es: II.I. La calificación de las preguntas y repreguntas (con excepción de las repreguntas diez y doce). II.II. Que entre la actora y los demandados existió una relación laboral. II.III. El salario de la accionante. II.IV. La jornada de labores. II.V. La fecha de ingreso de la demandante. III. A fin de atender los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, así como lo expuesto en la presente ejecutoria, la Junta deberá: a) Prescindir de considerar que son legales las repreguntas diez y doce (por insidiosas, confusas e inductivas). b) Valorará de manera íntegra el resto de las respuestas que vertieron las atestes que ofrecieron los demandados a las preguntas y repreguntas calificadas de legales. IV. Hecha la valoración anterior junto con el contenido de todo el caudal probatorio que obra en autos, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Mediante oficio 4953/2020, este Órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad laboral responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. En acato a lo anterior, a través del oficio 736/2020, recibido en este Órgano Colegiado el veintiuno de octubre dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de quince anterior, en el que dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo relativo. Mediante oficio 838/2020, de cinco de noviembre de dos mil veinte, la Junta responsable remitió copia certificada del laudo dictado el cuatro del mes y año en mención, sin embargo, mediante resolución dictada el dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido por lo siguiente: "No obstante lo anterior, no se observa del laudo que se examina, que la responsable se pronunciara sobre la totalidad de preguntas y repreguntas que se formularon a dichas atestes y que fueron calificadas de legales, concretamente las marcadas con los números 23 (pregunta) y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13 (repreguntas) respectivamente, así como las respuestas que al efecto se vertieron, las cuales son del tenor siguiente: (.) En consecuencia, ante el defectuoso actuar de la responsable, esto es, al no haberse pronunciado respecto del total de preguntas y repreguntas que se formularon a los atestes de los demandados (concretamente la pregunta 23 y las repreguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13 respectivamente, con independencia del resultado que arrojara dicho examen a los intereses de sus oferentes -favorable o desfavorable-), procede tener por no cumplido el fallo protector. Por consiguiente, se requiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de veinticuatro horas deje insubsistente el laudo de cuatro de noviembre de dos mil veinte y, en su lugar, dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de cuatro de junio de dos mil veinte, esto es, reitere lo que no fue materia de concesión y atienda puntualmente los lineamientos de la concesión otorgada a los quejosos Ana María Pastor Figueroa y Rafael León Ruelas Pastor." En mérito de lo anterior, el nueve de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió un nuevo laudo el cual es materia de análisis en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos y del nuevo laudo que dictó la Junta obrera responsable, se advierte que dicha autoridad: 1. Dejó insubsistente el laudo reclamado, tal y como se observa del auto dictado el quince de octubre de dos mil veinte, foja 111 de autos (Cumplimiento del lineamiento "I."). 2. Luego, dictó otro laudo en el que reiteró lo que no fue materia de concesión, esto es (Cumplimiento del lineamiento "II."): A. La calificación de las preguntas y repreguntas analizando cada una de ellas , las cuales tacho de ilegales, lo que se observa a páginas 17-18 del laudo que se revisa, a fin de hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente (Cumplimiento del lineamiento inciso "II.I."): "Respecto de la TESTIMONIAL, tenemos que este medio de convicción se procede a valorar en términos de la ejecutoria de mérito, por lo que desde este momento es oportuno mencionar que no serán valoradas las repreguntas marcadas con los números diez y doce realizadas en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte enjuiciada de fecha catorce de agosto del dos mil diecisiete (fojas 104-107), que textualmente dicen lo siguiente: "12. Que diga el testigo si considera que la junta del conocimiento actuaría correctamente al dictar un laudo favorable a la C. Ana María Pastor Figueroa" "10. Que diga el testigo si considera que la junta del conocimiento debe negar a la C. María Andrea Torres Cruz y/o Andrea torres Cruz las prestaciones que reclama en el juicio" Repreguntas las cuales no serán valoradas pues no obstante de que fueron calificadas de legales, de su contenido se aprecia que resultan insidiosas, confusas e inductivas, además de que no son materia de los hechos, ya que el actuar de esta autoridad no constituye un hecho controvertido. Dicho lo anterior se procede al análisis de los testimonios vertidos por los atestes, para lo cual es importante volver a señalar que el hecho que se pretende acreditar es el contenido en el punto número cuatro del capítulo de contestación de hechos de los escritos de contestación de demanda el cual es el siguiente." B. Que entre la actora y los demandados existió una relación laboral, lo que se desprende a páginas 3 y 12 del laudo en revisión, para justificar lo dicho se transcribe la parte relevante (Cumplimiento del lineamiento "II.II."): (PÁGINA 3) "II. EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, en el presente juicio queda acreditada entre la actora MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ y los demandados MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y ANDREA TORRES CRUZ (sic) esto en virtud de que la actora en su escrito de demanda señaló haber prestado sus servicios personales subordinados a favor de ambos demandados. (.)" (PÁGINA 12) "III. DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN SE OBTIENEN COMO HECHOS CIERTOS LOS SIGUIENTES: 1. Que entre la actora MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ y los demandados ANA MARÍA PASTOR FIGUEROA Y RAFAEL LEÓN RUELAS PASTOR existió relación laboral. 2. Que el puesto del actor (sic) fue el de empleada de mostrador." C. El salario de la accionante a razón de $79.07 pesos diarios, lo que observa a página 13 del laudo en revisión y que es del tenor siguiente (Cumplimiento del lineamiento "II.III."): "Finalmente por cuanto hace a la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA no existe en autos constancia o presunción legal o humana que acredite el salario señalado por la parte demandada y, por tanto, al no haber acreditado su carga procesal los demandados responsables de la relación laboral, se tiene por cierto que la accionante MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ, tuvo como último salario la cantidad de $79.07." D. Lo relativo a la jornada laboral de la accionante, lo que se desprende a páginas 13-15 del laudo en revisión, y que reza de la siguiente manera (Cumplimiento del lineamiento "II.IV."): "VI. ANÁLISIS DEL TERCERO CONTROVERTIDO DE LA LITIS. Consistente en determinar la jornada de labores de la parte actora. Al respecto el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, establece que, tratándose de la jornada de labores, le corresponde al empleador probar ésta, cuando exista controversia como en la especie acontece, la actora afirma haber laborado de lunes a sábado de las ocho horas a las veintiún horas teniendo dos horas para tomar alimentos, y por su parte los demandados manifestaron que la actora laboró de las nueve a las diecinueve horas de lunes a sábado. En dicha tesitura se procede al análisis del acervo probatorio ofertado por los demandados que es el siguiente: (Analiza probanzas y luego expone). Siendo oportuno pronunciarse respecto del reclamo de la actora consistente en el pago de la JORNADA EXTRAORDINARIA, tenemos que el responsable de la relación laboral opone la excepción de prescripción respecto de esta prestación para retrotraer la Litis a un año a partir de la fecha de la presentación de la demanda, la que resulta procedente en términos de lo que dispone el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto esta prestación se estudiara únicamente respecto del último año de labores de la actora. Ahora bien, tenemos que la accionante reclama el pago de 18 horas extras a la semana contadas de lunes a sábado; al respecto se debe decir que el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que corresponde probar al patrón la jornada extraordinaria cuando esta no exceda de nueve horas y en el caso que nos ocupa la parte demandada no acreditó su carga probatoria para demostrar el horario que afirmó tuvo la actora, sin embargo, como la actora reclama el pago de más de nueve horas extras a la semana, ésta debe demostrar su afirmación consistente en haber laborado las 9 horas extras más subsecuentes a nueve horas a la semana; luego entonces, se tiene que del acervo probatorio aportado por la actora no demuestra haber laborado esas 9 horas extras más a la semana que reclama, siendo lo procedente condenar al demandado responsable de la relación laboral solo al pago de las primeras nueve horas extras a la semana por no haber acreditado que la actora únicamente laboró la jornada ordinaria aducida en su escrito contestatorio de demanda. Resultando aplicable al caso la tesis que dice: "HORAS EXTRAS. LA CARGA PROBATORIA RESPECTO A SU PROCEDENCIA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN CUANTO AL NÚMERO QUE DE AQUÉLLAS SE RECLAME (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 784, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIRDEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)." (TRANSCRIBE TEXTO Y DATOS DE LOCALIZACIÓN). En consecuencia, SE CONDENA a la demandada responsable de la relación laboral al pago de nueve horas extras de 52 semanas las que multiplicadas por las nueve horas extras, da un total de 468 horas extras, las que multiplicadas por su salario percibido por hora al doble ($19.76), arroja la cantidad de $9,251.19." E. La fecha de ingreso de la trabajadora (once de febrero de dos mil dos), lo que se desprende a páginas 15 y 16 del laudo en examen, y que plasmó de la siguiente forma (Cumplimiento del lineamiento "II.V."): "Finalmente por cuanto hace a la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA no existe en autos constancia o presunción legal o humana que acredite el salario señalado por la parte demandada, y por tanto, al no haber acreditado su carga procesal los demandados responsables de la relación laboral se tiene por cierto que la accionante MARÍA ANDREA TORRES CRUZ Y/O ANDREA TORRES CRUZ, ingresó a laborar el día once de febrero de dos mil dos." 3. Atendiendo los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, así como lo expuesto en la ejecutoria constitucional, la responsable: a) Prescindió de considerar que son legales las repreguntas diez y doce [consideraciones reproducidas en líneas anteriores] (Cumplimiento del lineamiento "III", inciso "a"). b) Valoró de manera íntegra el resto de las preguntas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 22] y repreguntas [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13] que fueron calificadas de legales, así como las respuestas que vertieron las atestes que ofrecieron los demandados [Silvia Muñoz Hernández, Merced Hernández Vázquez y Marcela Dolores Alemán Figueroa] (páginas 18-26 del laudo que se revisa); hecho lo anterior, determinó negarle valor probatorio a la citada prueba testimonial, lo que hizo en los siguientes términos (Cumplimiento del lineamiento "III", inciso "b"): "Ahora bien, esta autoridad determina negarle valor probatorio a la presente prueba testimonial en primer lugar porque como se ha evidenciado en lo estudiado en la repregunta número 11, dadas las contradicciones de dos de los tres testigos en cuanto a sus testimonios respecto de la renuncia verbal que manifestó la parte demandada. Y segundo lugar porque del análisis de la presente prueba se advierte que no existe evidencia alguna de que los testigos hayan dicho la dirección del lugar en donde supuestamente acontecieron los hechos, pues si bien en las preguntas directas 6, 10, 11 y 12 se hace referencia al centro de trabajo, lo cierto es que en ningún momento se establece la dirección de exacta del centro de trabajo, y aun y cuando en las repreguntas marcadas con los números 1, 5 y 7 se habla de la negociación de la "Papelería y Centro de Copiado Buenos Aires", tampoco se establece la dirección de la misma, por lo que no obstante que las repreguntas hablan de dicha negociación durante toda la prueba testimonial nunca se estableció su ubicación exacta en las preguntas directas ni repreguntas, ni mucho menos en las respuestas de los testigos para así determinar que los hechos que refieren los testigos ocurrieron en Avenida Cinco de mayo número dos Colonia Centro de la Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, como la parte demandada lo manifestó, pues los testigos se limitaron a manifestar que se encontraban en el trabajo y en la papelería buenos aires, sin que se delimite detalladamente la ubicación del lugar en donde se encontraban, dato que debió ser aportado en el desahogo de esta prueba para poder concederle valor probatorio pues si bien las partes no controvierten el lugar donde se encuentra el centro de trabajo en su respectiva demandada y contestación a la misma, esto no implica que los testigos estén eximidos de circunstanciar debidamente el lugar en donde se encontraban al momento de los hechos testificados. Por lo que ante tal omisión esta Junta determina que la prueba testimonial en estudio aportada por la parte demandada no es circunstanciada debidamente en cuanto al lugar de los hechos y por lo tanto carece de valor probatorio. Se apoyan dichas consideraciones en los siguientes criterios jurisprudenciales y tesis aisladas." 4. Finalmente, con libertad de jurisdicción, y analizando el contenido el caudal probatorio que obra en los autos del expediente laboral de origen, la responsable resolvió condenar a los demandados a pagar a la trabajadora la cantidad de $62,765.30 (sesenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.), por concepto de . Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Desahogo de vista de los quejosos. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, los quejosos expresaron en el punto primero, en esencia: < En el considerando V del laudo la responsable dijo que determinaría el salario de la trabajadora con base en las pruebas ofertadas, empero, al momento de analizar la testimonial no analiza el estipendio, sino la fecha en que la actora empezó a laborar, lo que hace incongruente y confuso el laudo, ya si está acreditado el sueldo tanto con las documentales aportadas, máxime que la actora no ofreció prueba en contrario. < En el considerando VI la Junta refirió que analizaría el tema respecto de la jornada de labores de la actora, sin embargo, en la valoración de la prueba de instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, termina analizando el salario de la actora, lo cual resulta incongruente y confuso. < En el considerando VII la responsable determinó la fecha de ingreso de la actora, pasando por alto que la misma trabajadora confesó que ingreso a trabajar para los demandados el quince de junio de dos mil ocho, menoscabando la prueba testimonial con la cual los demandados pretendieron acreditar la fecha de ingresó de la trabajadora; agregan, que incongruentemente la Junta determinó que la actora ingresó a prestar sus servicios el doce (sic) de febrero de dos mil dos, lo que es absurdo. Sin embargo, tales manifestaciones resultan inatendibles, en virtud de que tales temas no fueron motivo de concesión sino de reiteración, lo que como se dijo en líneas anteriores, la responsable lo hizo de manera legal en los siguientes términos: salario ($79.07), jornada de trabajo (de lunes a sábado de las ocho a las veintiún horas, con dos horas para tomar alimentos) y fecha de ingreso (once de febrero de dos mil dos). En la foja 224 y en los puntos segundo, tercero y cuarto del escrito de manifestaciones, los quejosos exteriorizaron, sustancialmente: < Existe oscuridad en los resultandos y en los considerandos que lo hace confuso, pues la responsable aborda un tema y termina analizando otro. < La responsable adiciona hechos novedosos y califica de insidiosas las repreguntas, por lo que ilegalmente les otorgó valor probatorio. < En el considerando VIII Junta responsable introdujo de mala fe un hecho novedoso en relación a la hora de los hechos de tres de noviembre de dos mil quince, ya que en todo momento se expresó y se reiteró por las partes, que los hechos de la renuncia y/o despido ocurrieron a las nueve horas con quince minutos en el centro de trabajo ("papelería Buenos aires", ubicada en avenida Cinco de Mayo, número dos, colonia Centro de Calpulalpan, Tlaxcala), pero que de forma absurda e inverosímil refiere que no se acreditó la circunstancia de la hora porque dice que los quejosos establecieron como hora de los hechos a las nueve horas con treinta minutos, lo que es falso y la junta miente e infringe con ello los principios de verdad sabida y buena fe guardada que debe contener un laudo. < Existe parcialidad y sesgo hacia la actora por parte de la Junta al valorar preguntas y respuestas de las atestes que ofrecieron, es decir, tergiversó e interpretó erróneamente dicha probanza, con la finalidad de perjudicarlos, esto es, no valoró adecuadamente el desahogo de la testimonial con todos los medios de convicción aportados y con lo expresado por la actora en la demanda. < La Junta calificó de legales repreguntas totalmente ajenas a la litis, unas y otras por ser confusas; y con las respuestas dadas por los atestes hizo un pronunciamiento totalmente absurdo. < Las repreguntas marcadas con los arábigos "8 y 11" debieron ser desechadas por la Junta responsable por cuestiones ajenas a la litis, confusas e insidiosas. Puesto que expresan situaciones que no fueron materia de concesión y diversas cuestiones. Derivado de lo expuesto son inatendibles los argumentos que expresan Estos argumentos tienden a controvertir la legalidad del laudo dictado en cumplimiento, por tanto, resultan inatendibles, dado que son aspectos que no se delimitaron en el fallo protector, por ende, no es observable su estudio en esta resolución, no obstante, queda expedito el derecho de los quejosos para reclamar tales cuestiones en la vía que consideren pertinente. Sustenta lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Finalmente, son inatendibles los señalamientos de los puntos quinto y sexto del ocurso de manifestaciones, relativas al retardo de la Junta de remitir el amparo que promovieron el dos de diciembre de dos mil veinte y de que el apoderado de la actora fungió como presidente de la Junta responsable por casi ocho años así, por lo que tiene "influencia en cómo se resuelve el asunto". Es así, dado que la vista que se dio a las partes fue con la finalidad de que realizaran manifestaciones respecto al defecto o exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no así para cuestiones ajenas a lo resuelto en dicha sentencia; en secuencia, este Tribunal Colegiado está impedido para atender las cuestiones descritas en líneas precedentes, dado que abordan causas distintas al cumplimiento del fallo protector, por ello, son inatendibles. En esa tesitura, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

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