Ana Maria Pacheco Rodriguez

Expediente 244/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
244/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Ana Maria Pacheco Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual acusa recibo del oficio 5735/2021, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve José Ulises Treviño García en representación de Ana María Pacheco Rodríguez, calidad que acredita al tenor del Poder Especial para representación en juicio de amparo, el cual, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es copia fiel e inalterada tomada de su original que conserva; contra actos de la Secretaría de la Función Pública Federal y de otras autoridades. Registro de demanda Fórmese expediente y regístrese con el número 244/2021-2, que es el que corresponde en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Incompetencia Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107 constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, de la demanda de amparo y anexos, se desprende que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en los siguientes: Asimismo, de los antecedentes de los actos reclamados, en lo que interesa se observa lo siguiente: De lo anteriormente inserto se desprende que, los actos reclamados por la directa quejosa se relacionan con la orden de reintegración a trabajo presencial en el Hospital General de Cerralvo, Nuevo León, en donde labora como cocinera, lo que se advierte de la copia simple de la credencial que se exhibe, expedida por los Servicios de Salud de Nuevo León, que la acredita como empleada del mencionado hospital; además, la impetrante aduce, se encuentra en resguardo laboral en su domicilio ubicado en esa población, concedido por diverso órgano jurisdiccional. En ese contexto, el acto reclamado consistente en la reincorporación al trabajo presencial de la quejosa, implica una ejecución material, la cual se llevará a cabo fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, siendo lo anterior en Cerralvo, Nuevo León, por lo que se surte la hipótesis de competencia precisada en el inciso ii), en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. Siguiendo esos lineamientos, atendiendo al lugar en donde tendrá ejecución la reinstalación de la quejosa, es indudable que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda que se recibe, lo es un Juez de Distrito en Materia Administrativa el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en virtud de que los juzgados de distrito con residencia en esa propia localidad, ejercen jurisdicción territorial en el distrito conformado por el municipio de Cerralvo. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189167, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo antes expuesto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, solicitando que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de garantías en cuestión. Con una copia certificada del escrito de demanda y constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; remítase el expediente correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que por su conducto sea turnado al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que sea el caso proveer respecto de la suspensión solicitada, como lo estipula el artículo 48 de la Ley de Amparo, en los casos que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; toda vez que en el presente asunto no se da ninguno de dichos supuestos para acordar sobre la misma, no obstante que así lo manifieste el promovente. Notificación a promovente Como se solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico al promovente, con el usuario VIRUS, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A", realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, únicamente por lo ve al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, notifíquesele la presente determinación al promovente de manera electrónica. Transparencia Así también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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