Ana María o Anita Pérez Mejía

Expediente 328/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
328/2018
Año
2018
Actuaciones
26
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Ana María o Anita Pérez Mejía
  • Subdirectora de Seguridad y Trámites de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    ...Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve...Agréguese el oficio número D.J.-1.0.6.1.2./9739/2019.2C.10, signado por el General de Brigada, Jefe del Estado Mayor y Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de la Secretaría de la Defensa Nacional; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, remítase copia certificada del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró firme la resolución emitida en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del mismo como totalmente concluido, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar...NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la quejosa ANA MARÍA PÉREZ MEJÍA, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de veinte de julio de dos mil dieciocho, referente a que dentro del término de veinte días compareciera a recoger los edictos y acreditara su publicación, a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados RAÚL ANTONIO Y JOSÉ ROBERTO, ambos de apellidos DE LA SANCHA RODRÍGUEZ, o bien, manifestara si tiene alguna imposibilidad para ese fin, no obstante que a la fecha ya transcurrió el término otorgado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el 5°, fracción III y con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en relación con el diverso numeral 63, fracción II de la Ley de la materia. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que obste decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, la existencia de la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; anteriormente transcrita, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca el Máximo Tribunal del país, es de observancia obligatoria para los juzgados de Distrito, también lo es que en el proveído de veinte de julio de dos mil dieciocho, se brindó a la parte quejosa el término de veinte días para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger y entregar para su publicación los edictos a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados antes descritos, o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello. Sin embargo, de las constancias que obran glosadas en el presente juicio de garantías, se desprende que la solicitante de la protección constitucional, no cumplió ninguna de las hipótesis descritas con antelación; es decir, recoger los edictos y exhibir los comprobantes de pago de la publicación de los edictos o el trámite referente a la misma, ni manifestó el impedimento que tuviera para ello para que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de tomar en cuenta las particularidades del caso, así como los indicios que demostraran dicho impedimento, para de tal manera aplicar al caso concreto la jurisprudencia antes mencionada, por lo que, como se dijo con anterioridad procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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