Ana María Nava Navarro

Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
919/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Ana María Nava Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de quince junio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibo el escrito de cuenta de *** autorizado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, por medio del cual solicita autorización para el acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 35, 36, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios para el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, dado que el usurario "lopezvictoriano" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de acceder al expediente electrónico dentro del presente juicio de amparo. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente por ministerio de Ley de la Junta Especial Número Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual remite copias certificadas de las constancias de notificación realizadas en el juicio laboral 1316/2020, de su índice. Al respecto, se tienen por recibidas las aludidas constancias para obren como correspondan, toda vez que mediante auto de quince de junio de dos mil veintidós se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, de la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual rinde informe justificado correspondiente por conducto de su Presidente por Ministerio de Ley. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en el juicio laboral ********************, del que deriva este amparo, el cinco de abril de dos mil veintidós, se acordó el escrito de ********************, apoderado legal de la parte actora ******************** (aquí quejosa), a quien se le tuvo formulando sus manifestaciones, asimismo, se ordenó a la secretaria actuante certificara si restaban o no pruebas pendientes por desahogar; certificación que se asentó en la misma fecha, con la que se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que transcurrido el término no lo hicieren y hubiere pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas; ello con fundamento en los artículos 735, 738 y 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar laudo el juicio laboral ********************; deviene inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, trece de mayo de dos mil veintidós. Se afirma lo anterior, porque en el presente juicio se reclama una abstención u omisión por parte de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento de estar obligada a actuar no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos, que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: "VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de título: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." Ahora bien, en el caso concreto, en el expediente laboral ********************, el cinco de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó el escrito de ********************, apoderado legal de la parte actora ******************** (aquí quejosa), a quien se le tuvo formulando sus manifestaciones, asimismo, se ordenó a la secretaria actuante certificara si restaban o no pruebas pendientes por desahogar; certificación que se asentó en la misma fecha, con la que se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que transcurrido el término no lo hicieren y hubiere pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas; ello con fundamento en los artículos 735, 738 y 885 de la Ley Federal del Trabajo. Así, se considera que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no está en aptitud de dictar laudo dentro del expediente laboral ********************, dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -trece de mayo de dos mil veintidós-, no se había declarado cerrada la instrucción conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, sino que el cinco de abril de dos mil veintidós, únicamente se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días expresaran su conformidad con la certificación de que no restaban pruebas por desahogar, bajo el apercibimiento que transcurrido el término no lo hicieren y hubiere pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas. Lo que revela que al momento de la presentación de la demanda de amparo, el juicio laboral de origen no se encontraba en estado procesal de dictar el laudo respectivo, es decir, que se hubiere decretado el cierre de la instrucción y únicamente estuviere pendiente el dictado de la resolución correspondiente, habiendo ya transcurrido los plazos que la ley establece para dictar el laudo; pues no existe constancia alguna que demuestre que dentro del juicio laboral de origen se haya ordenado el cierre de instrucción. Con independencia que la quejosa manifieste que las partes renunciaron al derecho a formular alegatos, pues dicha renuncia no constituye por sí sola el cierre de instrucción del juicio. De ahí que el acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo el juicio laboral ********************; sea inexistente. En consecuencia, se SOBRESEE en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo adicional, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, de rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y de autos se desprende la inexistencia de la omisión reclamada. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta el motivo de sobreseimiento que se actualizó, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer las referidas circunstancias, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS TREINTA Y UN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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