Ana Maria Mvutu

Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Maria Mvutu
  • ANA MARIA MVUTU y Otros.
  • Antonio Mabanza Luzolo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, con el cual en atención a nuestro similar 29045, informa que el veintitrés de noviembre del año en curso (sic), se admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa, del mismo modo, se le previno en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Asimismo, mediante acta circunstanciada de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, desechó por falta de interés jurídico el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado solicitado por las impetrantes, toda vez que los quejosos Ana María Mvutu y Antonio Mabanza Luzolo, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L.M.F., A.M.F. y J.M.F., no se presentaron a las instalaciones que ocupa esa autoridad para continuar con el 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 mismo; para lo cual la citada potestad remite copia certificada de las constancias relativas, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En ese orden ideas, de las constancias certificadas que anexó la potestad responsable a su oficio de cuenta, se desprende que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre del año en curso (sic), admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa de reconocimiento de condición de refugiado, en la que se le previno para que dentro del plazo de los cinco días siguientes, comparecieran ante dicha dependencia a dar continuidad al procedimiento migratorio solicitado, para realizar lo siguiente: 1) Llenado de formulario de Registro; 2) Toma de fotografías para la emisión de constancia de trámite; 3) Recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP; y, 4) Llenado de formulario de detención de necesidades. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de que la persona extranjera no compareciera, esa Oficina de Representación se vería imposibilitada a dar continuidad al trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, esto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, numeral que a la letra dice: 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 ??????????????? (.) Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. (.). Mismo que fue notificado ese mismo día a través del correo electrónico que proporcionó la parte quejosa, para tales efectos, sin que hayan acudido a la citada dependencia. Posteriormente, mediante acta de veintitrés de noviembre de este año, hicieron constar que los quejosos no se presentaron a dar continuidad con el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que se desechó el mismo por falta de interés de la parte quejosa y la imposibilidad jurídica para continuarlo. Ahora bien, la suscrita juzgadora considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.. Lo anterior es así, ya que los actos reclamados por la parte quejosa los constituyen: La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado al señalar un plazo fuera de término establecido por la ley. La omisión de admitir a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. La expedición del citatorio de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recaído a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada en forma oral, ante la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con número de cita 243655. La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. La omisión de inscribir al registro nacional de población a la parte quejosa, así como a sus menores hijos. La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de entrega de la constancia de trámite. La omisión de prever al respecto a la devolución de la quejosa y su menor hija. Por lo que, en el caso concreto tenemos que, si la demanda de amparo fue promovida para que el referido trámite fuera admitido -lo cual sí aconteció- y, con 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 5 ??????????????? posterioridad, los quejosos Ana María Mvutu y Antonio Mabanza Luzolo, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L.M.F., A.M.F. y J.M.F., se mostraron ajenos en continuar con las etapas del mismo hasta su conclusión, orillando a la autoridad responsable a desechar su trámite, entonces cambió su situación jurídica, pues se pronunció una determinación que impide analizar la violación que le atribuye a la omisión y abstención de admitir a trámite y sustanciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Cambio de situación jurídica que implica que las violaciones atribuidas al resto de los actos reclamados deban considerarse consumados irreparablemente y, por ello no pueda analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, sin afectar la nueva situación jurídica que emana del desechamiento, la cual goza de autonomía y pone fin al procedimiento migratorio iniciado por la parte quejosa, así como sus consecuencias. Cobra aplicación la jurisprudencia 95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 50, Tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.- Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 6 cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Sin que obste, que al presente sumario constitucional comparecieron la personas menores de edad identificadas con iniciales L.M.F., A.M.F. y J.M.F., representadas por sus progenitores Ana María Mvutu y Antonio Mabanza Luzolo, lo cual implica que lo aquí determinado en ningún modo transgrede el interés superior del menor, ni los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 7 ??????????????? Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Además, apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012592, de título, subtítulo y texto: INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 8 esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. Por las razones expuestas, en razón de que existe un cambio de situación jurídica, es evidente que surge la causa de improcedencia analizada, con apoyo además en el dispositivo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta y seis minutos del cuatro de diciembre del año en curso.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para que rindiera el informe justificado solicitado en el presente asunto, sin que a la fecha lo haya hecho, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte del acuse de recibo del oficio con el que se solicitó el mismo que obra a foja treinta y seis. Por lo tanto, para que este órgano de control Constitucional, se encuentre en aptitud de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a dicha potestad para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se notifiquen del presente proveído, informen acerca de los actos que reclaman los quejosos Ana María Mvutu y Antonio Mabanza Luzolo, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales L.M.F., A.M.F. y J.M.F., y remita copias certificadas, debidamente foliadas y selladas de las constancias que soporten la constitucionalidad de los actos que se le reclaman. Apercibida que de no cumplir en el término indicado, o de no informar el impedimento legal que tuvieren para ello, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con los artículos 237, fracción l1 y 2592 de la Ley de Amparo [específicamente a la persona física que ostente el cargo público correspondiente].

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que concede el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad, para que rinda su informe justificado, solicitado en proveído de cuatro de octubre del año en curso. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por tanto, a fin de no dejar a la citada autoridad responsable en estado de indefensión, con fundamento en el párrafo segundo del precepto antes invocado, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está señalada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta y seis minutos del cuatro de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo ese acto procesal. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes.

  4. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del once de octubre de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia incidental en el juicio de amparo ********************promovido por******************** y ********************, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales ********************, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en esta ciudad; sin la comparecencia personal o virtual de las partes...Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140 y 144 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, RESUELVE: ÚNICO. Se concede a******************** y ********************, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales ********************, la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridad señalada en el considerando único del presente fallo, en los términos ahí especificados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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