Ana Maria Melchor Zamarripa
Expediente 382/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/03/2017
Partes del expediente
- Ana Maria Melchor Zamarripa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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Mexicali, Baja California, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítasele copia certificada de las constancias que solicita.
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con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de lo que indica en su escrito, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal...
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Mexicali, Baja California, primero de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa Ana María Melchor Zamarripa y al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, para que manifestaran sobre el informe de la autoridad responsable en relación al cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no habiendo hecho manifestación alguna, el suscrito Juzgador acuerda lo siguiente: Por oficio número 282-4 firmado por la Juez Tercero de lo Penal Interina, en el que en cumplimiento al fallo protector, acompañó copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 116/2014 de su índice, de las que se advierte que en veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis dejó insubsistente el acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis y restituyó la caución que garantiza la libertad provisional a favor de la aquí quejosa; asimismo, en once de enero de dos mil diecisiete, giró de nueva cuenta orden de reaprehensión en contra de la aquí quejosa, toda vez que no cumplió voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en la causa de origen, y determinó el destino de la caución que garantiza la libertad provisional, ello a efecto de cumplir con lo resuelto en la ejecutoria que se dictó en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de diecisiete de enero del año en curso, se mandó dar vista a las referidas partes, para que en el término de tres días expresaran lo que a su respectivo interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En tales circunstancias, el veinticuatro de enero del año en curso, se notificó por lista a la parte quejosa Ana María Melchor Zamarripa, el acuerdo memorado en el párrafo que antecede, asimismo, se notificó a la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, mediante oficio 709/2017, que recibió el dieciocho de enero del año en curso; sin que hubieran desahogado esa vista; por lo tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, como se estableció en el acuerdo multicitado, si de acuerdo con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplido el fallo protector. Al respecto, debe decirse que mediante resolución constitucional dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de amparo, respecto al Juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, en los siguientes términos: [.] "En tales condiciones, procede que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal en esta ciudad, en cumplimiento a la presente sentencia de amparo, realice lo siguiente: Deje sin efectos la orden de reaprehensión que emitió el diez de junio de dos mil dieciséis por cuanto hace a la quejosa Ana María Melchor Zamarripa; y, Ordene la restitución de la caución otorgada por Ana María Melchor Zamarripa, a la causa penal 116/2014, de su índice. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva en la que purgue los vicios indicados, esto es: Tomando en consideración la etapa procesal -ejecución de sentencia- determine si procede la reaprehensión de la aquí quejosa en los términos del numeral 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Determine el destino de la caución otorgada por la aquí quejosa, acorde a lo estipulado en los numerales 133 y 134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Resolución en la que, desde luego, se encuentra en aptitud de proveer un auto de naturaleza similar o diversa al del reclamado". [.] La autoridad Juez Tercero de lo Penal Interina, con sede en esta ciudad, remitió el oficio 282-4, en el que en cumplimiento al fallo protector, acompañó copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 116/2014 de su índice, de las que se advierte que en veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis dejó insubsistente el acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis y restituyó la caución que garantiza la libertad provisional a favor de la aquí quejosa; asimismo, en once de enero de dos mil diecisiete, giró de nueva cuenta orden de reaprehensión en contra de la aquí quejosa, toda vez que no cumplió voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en la causa de origen, y determinó el destino de la caución que garantiza la libertad provisional. Así, tomando en consideración lo expuesto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador considera que se restituyó a la parte quejosa los derechos humanos por cuya infracción se le concedió el amparo de la Justicia Federal, en virtud de que el Tribunal responsable dictó todos las providencias necesarias para cumplir con el fallo protector, esto es, la autoridad Juez Tercero de lo Penal Interina, con sede en esta ciudad dejó insubsistente el acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis y restituyó la caución que garantiza la libertad provisional a favor de la aquí quejosa, giró de nueva cuenta orden de reaprehensión en contra de la aquí quejosa, toda vez que no cumplió voluntariamente con la sentencia definitiva dictada en la causa de origen, y determinó el destino de la caución que garantiza la libertad provisional; motivo por el cual se concluye que ha quedado cumplido el fallo protector emitido por este Órgano Jurisdiccional, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada; en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo; además, del mismo análisis de constancias al que se ha hecho referencia, se advierte que no existe exceso o defecto en el cumplimiento. Al efecto y con apoyo en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo tiene aplicación al caso la tesis XXXVIII de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX; correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo y, en su oportunidad se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E.; y con fundamento en el cuarto párrafo del artículo antealudido; archívese este asunto como totalmente concluido, en la inteligencia de que el presente juicio de amparo y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración y el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y se considera que los mismos no son de relevancia documental; por tanto, se ordena agregar a los presentes autos únicamente el original del cuaderno de suspensión y se ordena la destrucción del duplicado. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente juicio obra un tomo de prueba que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal Interina, con sede en esta ciudad, sin embargo resulta innecesario conservar las constancias descritas; por tanto, mediante oficio con transcripción devuélvanse a la autoridad en cita. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Emmanuel Cuellar Balderas, Juez Quinto de Distrito en el Estado, ante Antonio Bio Jiménez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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Mexicali, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias que dictó en el causa penal 116/2014 de su índice; asimismo, informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que se dictó en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad responsable en cita, en vías de cumplimiento. Por otra parte, en atención a su solicitud, con fundamente en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la responsable Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley una prórroga por el termino de diez días, contados a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo; en la inteligencia de que el amparo se concedió para el efecto de que: "En tales condiciones, procede que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal en esta ciudad, en cumplimiento a la presente sentencia de amparo, realice lo siguiente: Deje sin efectos la orden de reaprehensión que emitió el diez de junio de dos mil dieciséis por cuanto hace a la quejosa Ana María Melchor Zamarripa; y, Ordene la restitución de la caución otorgada por Ana María Melchor Zamarripa, a la causa penal 116/2014 de su índice. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva en la que purgue los vicios indicados, esto es: Tomando en consideración la etapa procesal - ejecución de sentencia- determine si procede la reaprehensión de la aquí quejosa en los términos del numeral 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Determine el destino de la caución otorgada por la aquí quejosa, acorde a lo estipulado en los numerales 133 y 134 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Resolución en la que, desde luego, se encuentra en aptitud de proveer un auto de naturaleza similar o diversa al del reclamado". Apoya lo anterior la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 19, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que asciende a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 m.n.), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinada desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Isaac Serecero Aispuro, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en atención al contenido del oficio CCJ/ST/7952/2016, por el que se informó la autorización que otorgó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Gloria Lizette Dueñas Jara, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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