Ana María Marroquín Vélez

Expediente 879/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
879/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Ana María Marroquín Vélez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, acusa recibo de las copias certificadas del expediente laboral J9/350/2017, de su índice, remitidas con el oficio 5762/2021, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual manifiesta no haber recibido las copias certificadas del expediente J9/350/2017, de su índice, por lo que solicita le sean remitidas para estar en aptitud de emitir el acuse correspondiente; atento a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que las constancias a que hace mención fueron devueltas mediante oficio 5762/2021, de este índice jurisdiccional y no en el diverso 5761/2021, al que hace referencia en la misiva que se atiende, tal y como se desprende del acuse que obra en autos: Lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, en la que la justicia de la Unión no amparó ni protegió a -----------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. A criterio de este juzgado, el presente asunto no tiene valor jurídico e histórico para su conservación conforme al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, no es de relevancia documental. Por otra parte, se aprecia que ya no son necesarias las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, consistentes en copia certificada del juicio laboral J9/350/2017, por lo tanto, devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 879/2020- III, promovido por ------------, propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Cuautitlán Izcalli, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil veinte, Ana María Marroquín Vélez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que ahí se detallan. SEGUNDO. De la interpretación de la demanda de amparo, se deduce que la parte quejosa estimó violado en su perjuicio el derecho humano previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional registró el asunto con el número 879/2020-III; admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (quien no formuló pedimento); seguida la secuela procesal, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede, concluyendo con el dictado de la presente determinación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, punto 3; Tercero, Fracción II, primer párrafo, y Cuarto, fracción II, segundo párrafo, todos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el Acuerdo General 53/2018 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 antes precisado. Lo anterior, toda vez que las consecuencias de las omisiones que se reclaman tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control de constitucionalidad ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa en la misma. ? La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral J9/350/2017. TERCERO. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco por sí en representación de la citada Junta aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que hace exclusivamente a la existencia del juicio laboral de origen, certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral número J.9/350/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales obran en autos, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente juicio de amparo, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, cualquiera que sea la instancia, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que no se hacen valer causales de improcedencia, y quien resuelve no advierte la actualización de alguna, que de oficio deba analizarse, se procede al estudio del fondo del asunto, respecto de la misma. QUINTO. Se procede analizar los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, los cuales se tienen por transcritos en obvio de repeticiones innecesarias y en atención a lo establecido por la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 830, mayo de dos mil diez, Materia Común, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de la protección constitucional alega, sustancialmente, que la Junta responsable viola en su perjuicio su derecho fundamental de impartición de justicia, al no cumplir con los términos procesales señalados en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se ha abstenido de dictar el laudo relativo en el expediente laboral J.9/350/2017, ocasionando con ello una dilación en el juicio. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello. El precepto de referencia a la letra establece lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Es así que, el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues, dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, para resolver el presente asunto, conviene traer a colación lo dispuesto por los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los preceptos trascritos, se obtiene que una vez concluido el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y se formulen los alegatos, el secretario certificará que no existen probanzas pendientes de desahogarse y el auxiliar, oficiosamente, declarará cerrada la instrucción, para que dentro de los diez días siguientes, formule el proyecto de resolución en forma de laudo que contendrá un extracto de la demanda, contestación, réplica y contra réplica, si fuere el caso, de la reconvención y contestación a ésta; los hechos que se controvierten; una relación de las pruebas admitidas, desahogadas además de su apreciación, señalándose los hechos que determine probados; las consideraciones que fundadas y motivadas deriven de lo alegado y probado así como los puntos resolutivos. Respecto al proyecto que formule el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y dentro de los siguientes cinco días hábiles en que hayan recibido tal documento, cualquiera de los miembros de ésta puede solicitar que se practiquen diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causa no imputables a las partes o cualquiera que sea conveniente para el esclarecimiento de la verdad; una vez que se citen las partes, la Junta señalará fecha para el desahogo de aquellas, en un término de ocho días. Dentro del plazo indicado que se otorgó a la Junta o cuando ya se hubieren desahogado las pruebas solicitadas, el Presidente de ésta citará a sus miembros para la discusión y votación, lo que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes una vez concluido el plazo para el desahogo de las probanzas de referencia. La discusión y votación del proyecto del laudo, se hará en sesión donde se dará lectura a éste, a los alegatos y observaciones formuladas; el presidente pondrá a discusión con el resultado de las diligencias, por lo que una vez que termine la discusión, se emitirán los votos correspondientes y dicha autoridad declarará el fallo y si el proyecto fuere aprobado sin adición ni modificación alguna, se elevará a categoría de laudo y finalmente, se firmará de inmediato por los miembros de la junta laboral. En síntesis, la Ley Federal del Trabajo establece un plazo de veinticinco o treinta y tres días (según si existen o no, pruebas pendientes por desahogarse), contados a partir de que se declare cerrado el período de instrucción del juicio laboral por parte de la Junta, como plazos máximos para que la responsable dicte el laudo correspondiente dentro del juicio natural. Ahora, en el presente caso, la parte quejosa esencialmente aduce que la Junta responsable ha transgredido en su contra el derecho de justicia pronta, al omitir dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral dentro de los plazos y términos que indica la Ley Federal del Trabajo, sin embargo ello es infundado, pues si bien es cierto, que de las constancias que remitió la Junta responsable, como complemento de su informe, se advierte que mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen y en consecuencia ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador, para que emitiera su proyecto de resolución, también lo es que mediante proveído de ocho de octubre dos mil veinte, la Junta responsable regularizó el procedimiento y dejó sin efectos el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en el cual la responsable certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y en consecuencia el diverso de catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior toda vez que quedaba pendiente por desahogar la prueba ofrecida por la demandada ---------, consistente en el cotejo y compulsa de la copia del contrato de trabajo por tiempo determinado celebrado por la parte actora Ana María Marroquín Vélez y la empresa demandada Impulsora Global de Mercados, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en ese sentido se ordenó su desahogo. Por lo tanto, resulta evidente que la Junta responsable se encuentra imposibilitada para dictar el laudo correspondiente, pues aún no se declara cerrada la instrucción, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo que establece que una vez concluido el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y se formulen los alegatos, el secretario certificará que no existen probanzas pendientes de desahogarse y el auxiliar, oficiosamente, declarará cerrada la instrucción, situación que en el presente asunto no acontece, pues como se mencionó anteriormente aún queda pendiente por desahogar la prueba consistente en el cotejo y compulsa del contrato de trabajo por tiempo determinado. En ese sentido, inexiste un acto violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, respecto del acto que en el presente juicio reclama. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, fundado y motivado y con apoyo además en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni protege a --------, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el diverso último de esta resolución.

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