Ana María Mariscal Espinoza
Expediente 902/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ana María Mariscal Espinoza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual transcribe el proveído de ocho de septiembre del año en curso, en el que informa que dicho órgano aceptó la competencia declinada por este Juzgado. ARCHIVO Atento a lo expuesto, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la comparecencia de treinta y uno de agosto del presente año, se advierte que la promovente ********************, ratificó el escrito aclaratorio de demanda presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención realizada en auto de diez de agosto de este año. No obstante lo anterior, la suscrita juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. Ello, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente será determinar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Asimismo, cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen:********************"COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente".********************A efecto de establecer la competencia, no sólo debe atenderse al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado, lo que será acorde con su jurisdicción. En ese orden de ideas, se destaca que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Así, la competencia constituye una condición presupuestal esencial para que sea válida y eficaz la actuación de una determinada autoridad en el desarrollo de la función estatal que genéricamente le corresponde. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla; de ahí que como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces o tribunales. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. En atención a lo expuesto, es posible establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo surge a partir de la apreciación que se haga del acto reclamado, al tomar en consideración las reglas antes señaladas, por lo que es importante realizar una distinción de cómo es que debe operar cada una de ellas, pues las dos primeras exigen ejecución material y se distinguen de lo establecido en la tercera, porque esta última no requiere dicha ejecución; y lo que caracteriza a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esta situación ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Es así, debido que se parte de la base general de competencia que establece el artículo 107, en su fracción VII, de la Constitución Federal que, como se vio, establece que el juicio de amparo que se inicie contra los actos de autoridad referidos en dicho precepto, se promoverá ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, esto es, porque la o las autoridades responsables que emitan o ejecuten el acto reclamado serán las que afecten la esfera jurídica del gobernado; sin embargo, cabe aclarar que la autoridad ejecutora será la encargada de llevar hasta su último extremo la ejecución de un acto que así lo amerite, y no así la autoridad ordenadora. En relación con lo anterior, es viable estimar que la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de amparo atiende a diversas reglas que se deben acatar, derivadas del artículo 37 de la Ley de Amparo; entonces, una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecido lo referente a si se requiere ejecución material o no, ya se está en posibilidad de determinar la competencia del juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el precepto anteriormente aludido. En otras palabras, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se tiene presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado) para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. En el caso, del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades: - La retención y/o descuento a su salario como jubilada. Ahora, en el escrito de demanda, la parte quejosa manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - Que es jubilada y percibe de manera mensual $******************** (******************** por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tal motivo, el justiciable estima que los descuentos de la cantidad que percibe son irrisorios al recibir $******************** (********************por concepto 322 y otro descuento más de otra empresa que desconoce. - Que se deposita su jubilación en la institución bancaria ********************depositándose ya realizando las deducciones y descuentos. - Que las responsables están de manera unilateral realizando descuentos ilegales. - Que se le otorgue el amparo para que se respecte su derecho constitucional par que no se le realicen descuentos a su sueldo y/o jubilación conforme al artículo 123 constitucional. Conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en reducciones al salario que percibe la parte quejosa. Ahora bien, del escrito inicial de demanda no se advierte que el justiciable señalara bajo protesta de decir verdad dónde tiene su domicilio particular. Sin embargo, en la comparecencia de treinta y uno de agoto del presente año, la promovente señaló, bajo protesta de decir verdad, ser originaria y residente de Mazatlán ********************, con domicilio particular y en el que en la fecha habita, el ubicado en *************** Incluso, de la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, se advierte que su domicilio particular es el anteriormente indicado. De manera que, si la competencia por territorio atiende al lugar en el que el justiciable tiene su domicilio por ser en el que resiente el perjuicio que reclama y por su parte, con lo manifestado por la propio quejosa, así como su identificación oficial revelan que el domicilio de la parte quejosa, es calle **********************; entonces, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para resolver la presente controversia. Sin que pase desapercibido que en el apartado intitulado como: "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- ********************, con domicilio señalado en la presente demanda de amparo indirecto en la parte superior precedente, mismo ubicado en esta ciudad de ********************, *****************No obstante, el domicilio que la justiciable refiere en la "parte superior precedente" es el procesal, tal como a continuación se evidencia: ".señalando domicilio para recibir notificaciones en ********* Incluso tal circunstancia se advierte de las diversas demandas de amparo tramitadas en este órgano jurisdiccional en las que se cita como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que se precisa. Por tanto, se considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en una circunscripción territorial distinta a la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, ********************, pues en términos de la Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos efectos se materializan, en el lugar de su domicilio. Lo que se afirma (se insiste), pues conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en deducciones a la pensión que percibe la parte quejosa por dos descuentos de créditos como concepto 322. De ahí que, resulta válido concluir que las retenciones para cubrir esos créditos y entregarlo a la institución crediticia de referencia, está intrínsecamente ligada a su domicilio por tratarse de persona jubilada, y ser el lugar donde materialmente se ejecuta ese acto. Pues es allí donde cobra vigencia la materialización de la retención ordenada, con independencia de que las autoridades responsables tengan su domicilio en ********************, ********************, ya que en el presente caso debe tomarse en consideración el lugar donde la orden de retención deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado que lo será precisamente en el lugar en el que el justiciable tiene su domicilio, tal como se advierte de lo manifestado por la propia quejosa y la jurisprudencia 2a./J.152/2009, citada por analogía con anterioridad. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de distrito, se declara incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, sin juzgar sobre la procedencia del juicio. ********************Por lo tanto, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Mazatlán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa ciudad, acompañándole los autos originales del expediente en que se actúa y copias de traslado de la misma, con el objeto de informarle el presente proveído y para lo que tenga a bien determinar.
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