Ana María Lourdes Vargas Cabrera
Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana María Lourdes Vargas Cabrera
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación adquirió firmeza procesal. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 934/2022. Separación de juicios. De la lectura integral del escrito de demanda promovida por***todos de apellidos ***, se observa que las autoridades y actos reclamados, son los siguientes: - Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, a quien reprocha: la negativa de dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintidós; haciéndole un recordatorio el veintiuno de junio de dos mil veintidós. - Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.): la negativa de dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintidós; haciéndole un recordatorio el veintiuno de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, al tratarse de actos desvinculados, con apoyo en la tesis P./J. 76/97, de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA" y la diversa de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ", lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación de los autos, debido a que los actos reclamados derivan de dos escritos diferentes dirigidos a dos autoridades diversas. Por lo que deberá instrumentarse lo necesario para que en este expediente de amparo 934/2022 se tramite únicamente lo relativo a la autoridad responsable y actos reclamados por los quejosos ***, siguientes: Secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.): la negativa de dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintidós. Se ordena formar diverso expediente en el que se conocerá respecto a la autoridad y acto reclamado, consistentes en: o Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, a quien reprocha: la negativa de dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintidós; haciéndole un recordatorio el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Por lo que se ordena enviar copias certificada de la demanda de amparo y anexos, promovida por Ana María Lourdes y otros, así como las respectivas copias simples, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para su registro y posterior remisión al Juzgado de Distrito, en turno correspondiente para su tramitación. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que promueven ***, respecto al acto reclamado al secretario General del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.), consistente en la negativa de dar respuesta al escrito de petición presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En primer lugar, resulta necesario relacionar los antecedentes que a consideración de los quejosos sostienen su reclamo: 1. Los disidentes ***, afirman ser hermanos del fallecido *** quien era trabajador con nombramiento de base en el Gobierno del Estado de Oaxaca y miembro activo en el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.). 2. Con motivo del deceso de***, los impetrantes consideran que son tres de los cuatro beneficiarios de las prestaciones laborarles correspondientes, como son la vacante del puesto, pago de funeral y seguro de vida, entre otros. 3. A efecto de realizar los trámites correspondientes a tales beneficios acudieron a las secretarías de Escalafón y de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.), donde en la primera, la persona que los atendió se negó a realizar la propuesta respectiva y se quedó con la documentación de que le fue presentada, como son, el original de la cédula de adscripción de la plaza *** y el aviso de baja, negándose a devolvérselos. 4. Con motivo de lo anterior, mediante escrito de cuatro de abril de dos mil veintidós, dirigieron un escrito al secretario general del sindicato en cuestión **, que fue recibido en el aludido ente el cinco de abril de dos mil veintidós, donde le solicitaron apoyo para hacer efectivas a su favor las prerrogativas laborales de su extinto hermano, sin que a la fecha haya sido atendida tal petición; a pesar de haberle dirigido un escrito posterior recepcionado el veintiuno de junio de dos mil veintidós. 5. Circunstancia esta última, referida en el párrafo anterior, que constituye los actos reclamados que nos ocupan. Ahora bien, se puntualiza que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales; actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y ese juicio se tramita ante los tribunales de la Federación, de conformidad con el artículo 103, fracción I y 107, primer párrafo, de la Constitución Federal; numeral 1, fracción y 33 de la Ley de Amparo cuya competencia para conocer del juicio constitucional, radica entre otros, en los Juzgados de Distrito tratándose del juicio de amparo indirecto. De ese modo, resulta claro que la regla general para la procedencia del juicio de amparo, es que se reclamen actos u omisiones atribuidos a una autoridad que tenga el carácter de responsable. La referida regla general constituye el requisito mínimo indispensable para que proceda el juicio de amparo y surja la obligación del juez de control constitucional de analizar el fondo del asunto, pues de no acreditarse ese extremo, se torna improcedente ese juicio. En relación con la referida regla genérica, se puntualiza que el artículo 50, fracción 11 de la Ley de Amparo, establece que los actos de autoridad, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por ello, se requiere: a) La existencia de un ente de hecho a de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídica que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el citado numeral y misma fracción (artículo 50, fracción II de la Ley de Amparo), pero en su segundo párrafo, se prevé, de manera excepcional, que los particulares tendrán esa calidad (de autoridad responsable), si se reúnen dos condiciones: 1) que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) que sus funciones estén determinadas por una norma general. Respecto de cuándo se considera que un particular realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. XXI/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 50. FRACCIÓN 11. SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo. Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que derechos; y 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del nexo, el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables, en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse da la constatación de la función.3 De ahí que, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto reprochado por los inconformes, resulta ser un conflicto individual entre los quejosos que dicen detentar derechos debido al fallecimiento del trabajador afiliado -***- del que refieren ser familiares consanguíneos y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (S.T.P.E.I.D.C.E.O.), como particulares. Dado, los quejosos no guardan ninguna relación con el aludido sindicato, sea de coordinación ni de supra-subordinación, pues aunque están al mismo nivel de particulares ante la ley, el ente agremiado no está ejerciendo de ningún modo un acto de coerción ni mucho menos creando o modificando o extinguiendo por sí o ante sí, alguna situación jurídica que afecte la esfera legal de los disidentes. Lo anterior, es así porque, del contenido del escrito de cuatro de abril de dos mil veintidós, dirigido al secretario general del sindicato en cuestión ***, recibido el cinco de abril de dos mil veintidós, así como del diverso ocurso recepcionado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, cuya omisión a responder reclaman, se evidencia que lo pretendido por los disidentes es el reconocimiento de los derechos laborales de los que pretenden beneficiarse con el fallecimiento del trabajador afiliado al aludido sindicato. Es decir, no tienen relación alguna con el ente sindical, sin embargo, le solicitan el reconocimiento de diversos derechos porque a juicio de los quejosos, están facultados para beneficiarse de aquéllos. Siendo así, con base en lo expuesto queda claro que por la naturaleza de los actos reclamados por los quejosos, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 614 , en relación con los artículos 5°, fracción II5 y 107 fracción II6 , todos de la Ley de Amparo; ya que los actos de los cuales se duele la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad; por lo que, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata respecto a los actos reclamados que nos competen, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que lo expuesto también evidencia que, siendo exhaustivos, la petición de los promovente del amparo, en el mejor de los casos, evidenciaría un conflicto intersindical entre los peticionarios aquí quejosos y el sindicato al que se encontraba afiliado el fallecido -***-; por tanto, la petición en cuestión encuadra dentro de los asuntos que se ventilan en la vía de controversia laboral o ante el centro de conciliación Estatal. De ahí que, en términos de los artículos 103, fracción I7 y 107, primer párrafo8 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, preceptos 1, fracción I9 y 3310 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio constitucional, radica, entre otros, en los Juzgados de Distrito, tratándose del juicio de amparo indirecto; sin embargo, no basta con el señalamiento de parte de los impetrantes, para que se admita y resuelva de manera automática su demanda, sino, es necesario determinar el origen, la naturaleza de los actos reclamados, así como las autoridades responsables, para poder dilucidar cuál es la vía correcta para su cuestionamiento En ese tenor, también se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en las aludidas porciones normativas en relación con el artículo 113 de la ley en cita, por lo que se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Antecedente. Así lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por el quejoso ***s, contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 874/2020 del índice propio. Representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ***, hasta en tanto los disidentes señalen uno diverso de entre ellos. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
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