Ana María López Zitlapopoca
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/07/2021
Partes del expediente
- Ana María López Zitlapopoca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de julio de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria y se ordena archivo Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 21/2021 de su índice; por tanto, acúsese el recibo de estilo a dicho Tribunal de Alzada, respecto del testimonio dictado el dieciocho de junio de dos mil veintiuno y del expediente original del presente juicio. Atento a lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ella en contra del proveído del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, cuyo punto resolutivo establece lo siguiente: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. A fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del aludido recurso. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Admisión de recurso de queja. Visto el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja número ********************, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Interposición de recurso de queja. Visto el escrito de cuenta de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, el expediente en que se actúa, así como el diverso juicio de amparo 585/2019 del índice de este órgano jurisdiccional. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del escrito de agravios, así como el auto que al efecto se emite. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. ( Ampliación de plazos para acordar. Con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/12/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que la demanda y/o promoción(es) de este asunto se acuerda(n) dentro de los plazos ampliados; es decir, 10 días para demandas y 48 horas para promociones. Cumplimiento a prevención. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa ..., mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído del veinte de enero del presente año, y al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no formuló diversa petición en la que haya solicitado la elaboración de la escritura correspondiente a su favor en relación al bien inmueble que refiere; asimismo, precisa que el acto que reclama en el presente juicio de amparo es el proveído del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho emitido en el juicio laboral ..., ya que expresamente refirió lo siguiente: 1. No formulé petición nueva alguna a la responsable tendiente a que autorizara formular la escritura pública a mi favor respecto del bien inmueble rematado a favor del actor del juicio laboral citado. 2. En cuanto a si reclmao el Acuerdo de fecha 17 de agosto de 2018 que dicta la responsable en autos del juicio laboral ... de su índice, no solo lo reclamo si no lo impugno, ya que con su dictado, vulnera en mi perjuicio el contenido del Acuerdo de fecha 06 de marzo de 2014 que dicta en autos del juicio laboral citado. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. Parte quejosa. ..., por derecho propio. Acto reclamado. El auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ... Desechamiento. Ahora bien, dado que la parte quejosa en el diverso juicio de amparo 585/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio, también reclamó el mismo acto, tal como se advierte del cuadro siguiente: Amparos 585/2019 24/2021 Acto reclamado . El auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ... El auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ... Quejosa ... ... Autoridades responsables Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje En consecuencia, se estima que lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, puesto que el acto reclamado es el mismo que en el diverso juicio de amparo 585/2019, a saber, el proveído del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho dictado en el juicio laboral 1227/1996 del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por tanto, deben emitirse las mismas consideraciones que sustentaron el desechamiento de aquel juicio, las cuales son del tenor siguiente: Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En este contexto, cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ... Definitividad Atento a lo anterior, se advierte que de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Auto reclamado. Ahora bien, por cuanto hace al acuerdo dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ..., del índice de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la parte quejosa debió agotar el recurso de revisión antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así pues el auto antes mencionado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revisión previsto en los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo que dicen: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." Del artículo invocado se puede advertir que el recurso de revisión procede en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, así como de los convenios y de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencia precautoria. También se prevé, en lo que interesa, que la Junta Especial como órgano colegiado, conocerá del recurso interpuesto contra los actos del Presidente, en tanto que, será este último quien conozca de los recursos interpuestos contra los actos del Actuario. En el caso, el acuerdo reclamado fue emitido por el Presidente de la Junta responsable y acuerda sobre la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, de lo que se sigue que dicho acto se encuentra inmerso dentro del procedimiento de ejecución y, por ende, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. En esas condiciones, se estima que la parte quejosa, de manera previa a promover el presente juicio de amparo, debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, si se pondera que el expediente de origen se ubica en la etapa ejecutiva del laudo, tal como lo precisó la propia quejosa. En efecto, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: a. Por escrito presentado el quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis ... demandó a ..., por propio derecho y en representación de ..., el pago de diversas prestaciones laborales, de la cual tocó conocer a Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien la radicó con el número ... b. Seguidos los trámites procesales conducentes se dictó laudo condenatorio a la parte demanda, por la cual se embargó un bien inmueble de su propiedad. c. Por escrito de treinta y uno de octubre de dos mil trece, el actor cedió sus derechos de adjudicación a la hoy quejosa, mismo que fue ratificado y acordada mediante auto de seis de marzo de dos mil catorce. d. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se negó la cesión de derechos que solicitaba, pues dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado se emitió en la fase ejecutiva del laudo, por lo que es susceptible de recurrirse por la Junta a través del recurso de revisión. No se soslaya que el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé algunos casos de excepción al principio de definitividad, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o que se trate del auto de vinculación a proceso, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en ninguno de esos supuestos de excepción se ubica el presente asunto, pues el acuerdo reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, tampoco afecta la libertad personal del quejoso, ni se trata del auto de vinculación a proceso. Por otra parte, tampoco puede considerarse que la peticionaria de amparo sea persona extraña al procedimiento de origen, precisamente porque el auto reclamado se emitió respecto de la petición que hizo valer un expediente laboral. En ese sentido, es pertinente destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un tercero extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos -actor o demandado-, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, tal como se desprende de la Jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora, por regla general, los terceros extraños transitorios o accidentales a un procedimiento están exentos de observar el principio de definitividad; sin embargo, cuando entre éstos y la autoridad del proceso se genera un vínculo jurídico pierden tal carácter, lo que sucede, por ejemplo, cuando se incorporan al procedimiento para realizar alguna petición, la que es atendida mediante la emisión de un acuerdo. Sobre el particular, conviene destacar algunas de las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 84/11, en la sesión del siete de septiembre de dos mil once, en la que estableció los parámetros para determinar cuándo un tercero pierde el carácter de extraño a un procedimiento, y que en la parte conducente dice: "(.) Las partes son transitorias o incidentales cuando durante la tramitación de la causa hacen valer un derecho propio y autónomo del alegado por las partes permanentes, limitando su intervención solamente a un trámite o a una etapa de su desarrollo. Las partes transitorias o incidentales, siguiendo a Devis Echandía, están inhibidas para intervenir en cosa distinta de lo que no sea el trámite especial con ellas relacionado y para interponer recursos contra providencias distintas de aquellas en que se resuelve su situación. Por otra parte, el tercero es cualquier persona que no figura en el proceso como actor o como demandado y puede tener la connotación de tercero interesado cuando sin ser parte en un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente que puede causarle algún perjuicio irreparable. (.) En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra integrado al procedimiento, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. En esas condiciones, no puede considerarse que la peticionaria de amparo sea una persona extraña al procedimiento de origen, porque el acuerdo reclamado se emitió en relación con su solicitud de acordar sobre la cesión de derechos de adjudicación, como se mencionó en líneas que anteceden, de ahí que se encuentre en aptitud de agoar el recurso conducente. Sobre el tema en particular el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria pronunciada el diez de enero del año en curso, en el expediente Q. 258/2018, corroboró las consideras aquí sustentadas. Cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado que se precisó en el inciso a)." En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y SiSE, dese de baja el presente asunto y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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