Ana María Latofski Kott
Expediente 875/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ana María Latofski Kott
Actuaciones
- Principal
notifíquese vía electrónica
- Principal
cúmplase
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ana María Latofski Kott, contra actos del Notario Público Número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 875/2021-I-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como acto destacado: Al Notario Público Número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama: [1] La elaboración en su protocolo, la autorización y la inscripción ante Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas con sede en Tampico, Tamaulipas, de la escritura número 6134, volumen 114, de 07 de enero de 2021, traslativa de dominio, que contiene el contrato de compraventa en la que la suscrita aparezco con el carácter de vendedora, respecto de la finca número 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas y [2] la solicitud del aviso preventivo que pesa sobre la finca número 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas, requerido al Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas con sede en Tampico, Tamaulipas. Del Director de la Oficina Registral en Tampico del Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas: [1] La alteración del registro de la partida de propiedad del inmueble inscrito ante éste, como finca urbana número 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas, como consecuencia de la anotación o inscripción del acto traslativo de dominio, documentado mediante la escritura pública número 6134, volumen 114, de 07 de enero de 2021 extendida por la diversa autoridad responsable y [2] la anotación o inscripción del aviso preventivo que pesa sobre la finca 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas solicitado por el notario número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama, licenciado Jorge Horacio Edgar Jones. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rti´culo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el o´rgano jurisdiccional debera´ resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los arti´culos 15 y 20 de esta Ley debera´ proveerse de inmediato. Arti´culo 113. El o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligacio´n de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Asi´, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la accio´n de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque este´n probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliacio´n, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no seri´a factible obtener una conviccio´n diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, respecto de los actos atribuidos al Notario Público Número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el arti´culo en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en relacio´n con los diversos numerales 1° y 5°, fraccio´n II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el arti´culo 103 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: [A]rti´culo 103.- Los Tribunales de la Federacio´n resolvera´n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garanti´as individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberani´a de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fraccio´n XXIII, del arti´culo 61, de la Ley de Amparo, asi´ como los diversos numerales 1°, fraccio´n I, y 5°, fraccio´n II, de la citada legislacio´n, sen~alan lo siguiente: [A]rti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.[...] Arti´culo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] Arti´culo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal cara´cter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendra´n la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los te´rminos de esta fraccio´n, y cuyas funciones este´n determinadas por una norma general. De la interpretacio´n armo´nica de los citados arti´culos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los dema´s casos en que resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. A su vez, el arti´culo 5°, fraccio´n II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendra´n la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los te´rminos de esta fraccio´n, y cuyas funciones este´n determinadas por una norma general. En tanto que la fraccio´n I, del numeral 1° de la legislacio´n de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cua´ndo se esta´ ante un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo Es preciso puntualizar los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y la clasificacio´n teo´rica de las relaciones juri´dicas de coordinacio´n y supra a subordinacio´n; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformacio´n de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Para una mejor comprensio´n de lo anterior, debe partirse, adema´s, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que establecio´ el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n en la tesis P. XXVII/97, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUE´LLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PU´BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURI´DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el nu´mero 300 aparece publicado en la pa´gina 519 del Ape´ndice al Semanario Judicial de la Federacio´n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El te´rmino 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pu´blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, este´n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos pu´blicos, por el hecho de ser pu´blica la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, ma´ximo inte´rprete de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajusta´ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervencio´n de los entes pu´blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectori´a del Estado en materia econo´mica, que a su vez modifico´ la estructura estadual, y gesto´ la llamada administracio´n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participacio´n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicacio´n generalizada de e´ste en la actualidad conduce a la indefensio´n de los gobernados, pues estos organismos en su actuacio´n, con independencia de la disposicio´n directa que llegaren a tener o no de la fuerza pu´blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trave´s de los cuales crean, modifican o extinguen por si´ o ante si´, situaciones juri´dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los o´rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les esta´n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pu´blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera juri´dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pu´blica o bien a trave´s de otras autoridades. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en te´rminos de la fraccio´n II del arti´culo 5o de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolucio´n del juicio de amparo determinan que e´ste resulta improcedente. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ha establecido como características o notas distintivas que se requieren para tener el carácter de autoridad responsable, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Elementos que dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en relacio´n con esta distincio´n entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el ana´lisis de la clasificacio´n de las relaciones juri´dicas de coordinacio´n y de supra a subordinacio´n que, como se dijo li´neas arriba, tambie´n se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinacio´n presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinacio´n surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho pu´blico, que tambie´n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuacio´n de los o´rganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este u´ltimo tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garanti´as individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Asimismo, con posterioridad, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la tesis 2a./J. 127/2015 (10a.) en la que definió con mayor amplitud las notas distintivas que corresponden a las autoridades para efectos del juicio de amparo, tal como se lee: NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo. Del criterio plasmado, se obtiene que actualmente las características de los entes para ser considerados como autoridades para el juicio de amparo, son susceptibles de conceptualizarse en las siguientes: Que el acto sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; Que el acto afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En congruencia con las notas distintivas relatadas, en la Ley de Amparo se integra el concepto de particular como autoridad, lo que es consignado en el artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y que de la ejecutoria que produjo el origen de la tesis 2a./J. 127/2015 (10a.) antes citada, se desprende la interpretación jurisprudencial para ser considerada la actuación del particular como autoridad responsable, recayendo en los siguientes parámetros: Realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, y según lo interpretó la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País en el criterio de observancia obligatoria precitado, siempre que actúe con imperio, y no como auxiliar del Estado, es decir, que tenga una relación con el quejoso de supra a subordinación. En este orden de ideas, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa [1] es propietaria del bien inmueble descrito en su demanda, [2] que del certificado informativo del inmueble, se advierte que reporta una serie de gravámenes con motivo de los créditos hipotecarios que le otorgó el Banco de Crédito Rural del Noreste S.A., [3] al pretender cancelar los gravámenes, la quejosa se percata que su finca reporta un aviso preventivo vigente a solicitud del Notario Público número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama, Tamaulipas, licenciado Jorge Horacio Edgar Jones, con motivo de un contrato de compraventa donde ella aparece como vendedora, y que se encuentra en protocolización, para su inscripción en dicha dependencia registral. De igual manera, se tiene la certeza y plena conviccio´n [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque no se puede considerar como autoridad para efectos del juicio de amparo, al Notario Público número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama, Tamaulipas, licenciado Jorge Horacio Edgar Jones, en razón de que su función se limita a dar fe y protocolizar el acto, hecho o negocio jurídico, sin que tal intervención, por sí misma, dé lugar a modificar de manera unilateral la situación jurídica del quejoso ni tampoco afectar su esfera jurídica. En efecto, la protocolización de una escritura pública no implica la existencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues al ejercer esa función en términos de la ley de notariado que rige su servicio, únicamente da fe de los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que intervienen en ellos; empero, no modifica su situación jurídica de manera unilateral ni afecta su esfera jurídica; en todo caso, es el propio acto, hecho o negocio jurídico el que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas de las partes, pero no la intervención del fedatario público. Robustece lo anterior, la tesis XXVII.3o.36 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, tomo III, de contenido siguiente: NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. Asimismo, sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.88 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo III, cuyo rubro y texto es: NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales. En consecuencia, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fraccio´n XXIII, en relacio´n al 1° fraccio´n I y 5° fraccio´n II, de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Por otra parte, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Director de la Oficina Registral en Tampico del Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas, consistentes [1] la alteración del registro de la partida de propiedad y [2] la anotación o inscripción del aviso preventivo que pesa sobre la finca 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas, por las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII y 77 de la Ley de Amparo, señalan: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la Ley". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la quejosa estima violada en su perjuicio. Por otra parte, los numerales 77, 117, 118, 119, 120, 124, 138, 139, 140 y 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, disponen lo siguiente: ARTÍCULO 77. 1. Para la preferencia entre inscripciones sobre el mismo inmueble, se atenderá a la fecha y hora de presentación de los documentos y a las anotaciones provisionales o condicionadas. 2. Se considera fecha de presentación de los documentos para los efectos de su inscripción, la del asiento de presentación del libro de entradas de la Oficina del Registro Público. 3. Se tomarán todas las medidas pertinentes para que el libro de entradas y las prioridades determinadas en el mismo, no puedan ser alteradas de modo alguno. ARTÍCULO 117. 1. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la forma expresada por el folio real respectivo. 2. Se presume también que el titular de una inscripción de derecho real que lo faculte, tiene la posesión del inmueble registrado. ARTÍCULO 118. No podrá ejercerse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o de derechos reales inscritos a nombre de personas o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. ARTÍCULO 119. Lo señalado en los artículos 115, 116, 117 y 118 anteriores, se aplicará con las limitaciones del caso en cuanto a sus efectos, cuando excepcionalmente se requieran, por razones fundadas y por una autoridad con facultades para ello, publicidades sobre folios transaccionales, de acuerdo a lo previsto en la presente ley. ARTÍCULO 120. Siempre que ante la autoridad judicial se pida la nulidad o cancelación de una inscripción o anotación, el Juez ante quien se haya solicitado lo participará al Director de la Oficina del Registro Público, quien lo notificará al Registrador para que mande asentar nota de dicha circunstancia, al margen de la misma, en la forma en que lo determine el Reglamento. ARTICULO 124. 1. Las inscripciones y anotaciones se cancelarán mediante la presentación de solicitud, acompañada del documento en que conste la extinción del derecho registrado, sea por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona, por confusión, por consentimiento de las partes, por declaración judicial o por disposición de la ley. 2. Cuando resulten de escritura pública, ésta deberá contener el consentimiento del titular del derecho inscrito, sus sucesores o representantes legítimos. 3. Tratándose de usufructo vitalicio será instrumento suficiente el certificado de defunción del usufructuario, acompañando la solicitud respectiva. ARTICULO 138. Fuera de los casos expresamente señalados, sólo por resolución judicial podrán cancelarse las inscripciones que estuvieren hechas en el Registro Público. ARTICULO 139. 1. Para la cancelación de las hipotecas basta el consentimiento expreso y debidamente comprobado del acreedor. 2. La cancelación de una hipoteca consiste en la declaración hecha al margen del registro respectivo, de quedar extinguida la hipoteca con todos sus efectos. 3. Cuando se cancele un crédito hipotecario, ya sea hecho por consentimiento del acreedor o por decisión judicial, se cancelará de oficio la cédula hipotecaria, si la hubiere, que pese sobre la finca hipotecada. 4. Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, la cédula hipotecaria solo se cancelará por orden escrita del Juzgado que ordenó su fijación, o por el consentimiento del acreedor si constare en forma auténtica. ARTICULO 140. 1. La cancelación de los embargos, secuestros o intervenciones de inmuebles, sólo se hará por orden escrita de autoridad competente o por el consentimiento del acreedor hecho constar en forma auténtica y fehaciente. 2. La cancelación de los derechos anotados en el Registro de Anotaciones Especiales, además de anotarse con relación al dominio cuando corresponda, se anotará también en los apartados del mismo. ARTICULO 141. Siempre que ante un tribunal se pida la nulidad o cancelación de una inscripción, el Juez ante quien se haya solicitado lo participará al Director de la Oficina del Registro, quien practicará un asiento dejando constancia de dicha circunstancia. De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, únicamente pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial, de tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario ejercer la vía judicial en la que podrá escucharse a los interesados; es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma; lo que no es factible hacer a través del juicio de amparo. En ese tenor, los actos que derivan de una inscripción registral, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado; de lo contrario los órganos de control constitucional se estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales. Asimismo, se desprende que para obtener la cancelación, nulidad, o cualquier cambio en la prioridad de las inscripciones realizadas por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, tendrá que realizarse por declaración judicial (salvo las excepciones de ley), para lo que deberá entablarse demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho; otorgarse la garantía de audiencia a los interesados, o probar en contrario al principio de fe pública registral, que consiste en tener como verdad jurídica el contenido de los asientos del registro. Por tanto las inscripciones hechas ante el Registro Público de la Propiedad sólo pueden ser canceladas por consentimiento de las partes o por decisión judicial. De tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario ejercer la vía judicial en la que podrá escucharse a los interesados; es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma; lo que no es factible hacer a través del juicio de amparo. En ese tenor, los actos que derivan de una inscripción registral o bien su negativa en virtud de existir una diversa, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado; de lo contrario los órganos de control constitucional se estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se acredita que la parte quejosa reclama al Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble del Comercio en Tampico, Tamaulipas, la anotación del aviso preventivo vigente que pesa sobre la finca 39639 del municipio de Altamira, Tamaulipas solicitado por el notario número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama. Por lo que, en el presente caso se trata de una autoridad administrativa que a petición de un fedatario público realizó una anotación preventiva sobre una finca, derivada de un pacto entre particulares. De ahí que, como se dijo, la validez de las anotaciones e inscripciones registrales, por ley, no pueden decidirse en el amparo, sin que previamente haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Luego, aun cuando se concluyera que el acto de autoridad aquí reclamado pudiera resultar inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos, de realizarse, importaría ordenar la cancelación de los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas jurídicamente, sea improcedente el juicio de amparo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo contenido se comparte, de rubro: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. En este contexto, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo la tesis XXXI.1 A (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que se comparte, cuyo rubro y texto son: INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías. También sustenta lo anterior en lo conducente, por las razones que la informan, el criterio contenido en la tesis VIII.2o.45 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, la cual es de rubro y contenido: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIONES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. Los actos o contratos que otorgaron y celebraron personas, que según la inscripción del registro, aparecían con derecho para ello, no pueden dejar de surtir efectos mientras la nulidad de esa inscripción no se declare judicialmente; por lo tanto, como el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas, o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia, es evidente que no puede ampararse al quejoso para que se impida que surtan sus efectos tales actos, porque esto sería en provecho del promovente del amparo, pero con evidente menoscabo de la protección jurídica que la Constitución y la ley secundaria garantizan al adquirente de un derecho que procede de buena fe y que no ha sido oído ni vencido en el juicio correspondiente. Sobre la argumentación expuesta, lo procedente es desechar la demanda de amparo la demanda de amparo promovida por Ana María Latofski Kott, contra actos del Notario Público Número 287, con ejercicio en el Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Aldama y Director de la Oficina Registral en Tampico del Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas, con fundamento en el arti´culo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Juan José Nember de la Garza y Vicente Luis de la Cruz; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se le hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J.71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDENHECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica .
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