Ana María Juárez Del Campo
Expediente 1576/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/07/2023
Partes del expediente
- Ana María Juárez Del Campo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, devuelve los autos originales del juicio de amparo número 1576/2022, glósese el cuaderno de antecedentes y, como esta ordenado en auto de once de octubre de dos mil veintidós, devuélvase los autos al archivo de este juzgado federal.
- Principal
SE REMITE CONSTANCIA A COLEGIADO...
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*Delegada de las Autoridades responsables del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, remite copia certificada de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Dese vista a la quejosa...
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AVISO.- Por este conducto y en términos de lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA GILBERTO TINOCO MEJIA de lo resuelto en el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós que en síntesis refiere: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el ocho de agosto pasado, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de tres de diciembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco (sin importar que no haya sido señalada como responsable): b1) Aplique a la parte quejosa la cuota de $484.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), misma que es la cantidad mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso h) reclamado. b2) Por consiguiente, deberá devolver las cantidades que, descontando el citado monto, pagaron los quejosos Gilberto Tinoco Mejía y Eila Paulina Torres Buenrostro, por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad, mediante recibo oficial número A037249342 y A037249341, respecto de las escrituras públicas que en ellos se detallan, por los cuales pagaron una cantidad superior a la cuota mínima establecida en el dispositivo combatido." Mediante acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Luego, el trece de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio de la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por medio del cual remitió copia certificada de las órdenes de pago 1996923 y 1996926 emitidas en cumplimiento con la devolución ordenada en la presente ejecutoria, con firmas de recibido y anexos de los que se advierte que el apoderado especial de los quejosos compareció a dicha dependencia a efecto de recoger los cheques emitidos con motivo de la concesión del amparo; cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad. Archívese el expediente como asunto concluido, en términos del cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, vigente a partir del veintiséis de marzo siguiente, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y gestión ambiental, no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o bien relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, no trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico y no versa sobre materia agraria. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el diverso artículo 18, fracción I, incisos a), del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el presente juicio es susceptible de depuración. Por tanto, el órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, hecho lo anterior de procederá a su depuración o destrucción, según sea el caso. En tales condiciones, se ordena notificar personalmente a las partes el presente acuerdo, a efecto de que, si es su deseo, acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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