Ana Maria Jimenez Torres

Expediente 1038/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1038/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Ana Maria Jimenez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa el veintidós de marzo del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por el subdirector de Administración de Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, sin que a la fecha en que se emite el presente auto haya indicado algo al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a/J 26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado del DIRECTOR LOCAL EN GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, con residencia en Celaya, Guanajuato, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia (foja 42 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó la parte promovente del amparo el treinta de noviembre de dos mil diecisiete -origen del expediente GUA-L-0890-09-04-18. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante (foja 42 frente). Por lo cual una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se requirió su cumplimiento al director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; así como a su superior jerárquico director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco. Motivo por el cual el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, envió el oficio registrado con el número 2403, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, al que adjuntó constancia con la que acredita que mediante oficio B00.812.02/00449, de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, resolvió: PRIMERO.- Se NIEGA autorizar a ***, la solicitud de transmisión de derechos total y definitiva por simple cambio de titular sin que se modifiquen las características constructivas y de operación del título de concesión número 08GUA104351/AMGE98, conforme a los razonamientos y fundamentos de derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO.- Se NIEGA autorizar a ***, la prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA104351/AMGE98, conforme a los razonamientos y fundamentos de derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO.- Se hace del conocimiento a *** por medio de su representante legal, que la presente resolución tiene carácter definitivo y puede ser impugnada a través del recurso de revisión a que alude los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales; de acuerdo a lo establecido en el artículo fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (fojas 61-63). De las documentales remitidas por la autoridad responsable en el oficio mencionado, se advierte que notificó el citado oficio a la parte quejosa, por lo que esta última quedo plenamente enterada de su contenido el siete de marzo del presente año. En virtud de lo anterior, se tiene que la autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada en el escrito de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de transmisión de derechos que tramitó la parte quejosa, lo que sumado al hecho de haberse enterado de ello por notificación personal que se hizo el siete de marzo del presente año. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo. En virtud de que la parte quejosa adjuntó un documento que contiene sello original, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa el veintidós de marzo del presente año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por el subdirector de Administración de Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, sin que a la fecha en que se emite el presente auto haya indicado algo al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a/J 26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el treinta de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado del DIRECTOR LOCAL EN GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, con residencia en Celaya, Guanajuato, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia (foja 42 vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó la parte promovente del amparo el treinta de noviembre de dos mil diecisiete -origen del expediente GUA-L-0890-09-04-18. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante (foja 42 frente). Por lo cual una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, se requirió su cumplimiento al director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad; así como a su superior jerárquico director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco. Motivo por el cual el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, envió el oficio registrado con el número 2403, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, al que adjuntó constancia con la que acredita que mediante oficio B00.812.02/00449, de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, resolvió: PRIMERO.- Se NIEGA autorizar a ***, la solicitud de transmisión de derechos total y definitiva por simple cambio de titular sin que se modifiquen las características constructivas y de operación del título de concesión número 08GUA104351/AMGE98, conforme a los razonamientos y fundamentos de derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO.- Se NIEGA autorizar a ***, la prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA104351/AMGE98, conforme a los razonamientos y fundamentos de derechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. TERCERO.- Se hace del conocimiento a *** por medio de su representante legal, que la presente resolución tiene carácter definitivo y puede ser impugnada a través del recurso de revisión a que alude los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales; de acuerdo a lo establecido en el artículo fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (fojas 61-63). De las documentales remitidas por la autoridad responsable en el oficio mencionado, se advierte que notificó el citado oficio a la parte quejosa, por lo que esta última quedo plenamente enterada de su contenido el siete de marzo del presente año. En virtud de lo anterior, se tiene que la autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada en el escrito de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la solicitud de transmisión de derechos que tramitó la parte quejosa, lo que sumado al hecho de haberse enterado de ello por notificación personal que se hizo el siete de marzo del presente año. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo. En virtud de que la parte quejosa adjuntó un documento que contiene sello original, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelto el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser depurado. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. Por tanto, previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente Juicio de Amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio recibido vía correo electrónico enviado por el jefe de proyecto de lo consultivo y encargado de despacho de la dirección de asuntos jurídicos, en ausencia del director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, por medio del cual hace del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional, que emitió memorando número BOO.812.04.01.-779/2019 de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, en el que solicita al director Local de la Comisión Nacional del Agua, a dar cumplimiento a la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo, para lo cual exhibe documentación, misma que se ordena agregar para que surta sus efectos legales. No es obstáculo para lo anterior, que el oficio de cuenta, haya sido recibido vía correo electrónico en este Juzgado de Distrito, pues en este acto se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 210 A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2. Es aplicable al caso la Tesis: I.3o.P.41 P (10a.), publicada en la página 2049 del Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2011039, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el responsable de la unidad jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa que ya cuenta con proyecto de resolución respecto de la solicitud de trámite relativa a la transmisión de derechos y prórroga de vigencia del título de concesión ***, y que actualmente la Subdirección de Administración del Agua, se encuentra realizando gestiones para la firma de dicha resolución, lo que una vez realizado lo hará del conocimiento de este juzgado, para tal efecto anexa correo electrónico; asimismo, solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. SE CONCEDE PRÓRROGA. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede el término de diez días hábiles contados a partir de que reciba el oficio de notificación correspondiente, para que la autoridad responsable proceda a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo en los términos indicados y remita constancia que así lo acredite. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, o no exponer el motivo legal que le impida hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; es decir, se le impondrá una multa; y, que de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución, que pude culminar con la separación del puesto y su consignación de la autoridad contumaz. Finalmente, se ordena notificar al Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, en su calidad de superior jerárquico, que se le concedió a la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, residente en esta ciudad, un término de diez días hábiles, para cumplimentar la ejecutoria emitida en el juicio constitucional en que se actúa.

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