Ana Maria Jimenez Salgado
Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Maria Jimenez Salgado
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 155/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veinte de febrero del año actual, en que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es destruible en un plazo de tres años por virtud de que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 155/2023. Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en esta ciudad. Se provee: Regístrese en el libro de gobierno con el número 155/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. En el caso en estudio se tiene que la parte quejosa reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo siguiente: "(.) LA OMISIÓN DE HACER EL REAJUSTE DE LA PENSIÓN POR ASCENDENCIA EN LOS INCREMENTOS QUE HA HABIDO DESDE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 9 DÍA EN QUE FALLECIÓ MI EXTINTO HIJO DE NOMBRE ALFREDO ERAZO JIMÉNEZ, ASÍ COMO EL PAGO GLOBAL, DESDE EL DÍA 1° DE NOVIEMBRE DE 2019 Y QUE INDEBIDAMENTE SE ME ESTÁ DEPOSITANDO UNA PARTE PROPORCIONAL DE LA PENSIÓN DECRETADA MEDIANTE LAUDO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, RESOLUCIÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2011 Y INTERLOCUTORIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y NO COMO INDEBIDAMENTE ME HA ESTADO DEPOSITANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL". En los antecedentes del acto reclamado, advertidos de la lectura íntegra del escrito de demanda, precisa lo siguiente: Que el quince de septiembre de dos mil nueve, falleció su hijo ... Que en el expediente laboral 692/2010, tramitado ante la Junta Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el laudo dictado el treinta de septiembre de dos mil once, se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a ambos padres, la aquí quejosa y su cónyuge, la pensión de ascendientes por el deceso de su hijo. Que en cumplimiento del laudo condenatorio, con motivo del incidente respectivo, llevaron a cabo los trámites para que se le pagaran las prestaciones en dinero y en especie de la pensión decretada en su favor. Que el primero de noviembre de dos mil diecinueve, falleció su esposo ... Que con motivo del fallecimiento de su cónyuge, el Instituto Mexicano del Seguro Social debe hacerle el pago global de la pensión de su hijo, y no solo el cincuenta por ciento (50%) que se le había venido depositando y que, al no hacerlo así, se le priva de la parte proporcional del servicio médico y medicamentos a que tiene derecho. A partir de lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en los diversos numerales 1o y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al no revestirle a la señalada como responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Los ordinales 61, fracción XXIII, y 1o, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los numerales transcritos se advierte, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales; y, que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Cabe señalar, que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, por lo que en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las notas distintivas de los actos de autoridad para dar certeza de cuáles deben considerarse como tal, al realizar el análisis correspondiente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro digital: 161133, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Luego, se considera "autoridad responsable", para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular), únicamente cuando se vinculen con el solicitante de amparo en una relación de supra a subordinación, en la que dicho promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria, al entenderse por relaciones de supra a subordinación a aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Empero si una pensionada insta la acción constitucional en contra de la, que refiere, omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de reajustar su pensión de ascendiente por la muerte del otro beneficiario, sin siquiera previamente haber demandada en la vía correspondiente la procedencia de esa pretensión; tal acto no puede concebirse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino proveniente de una relación de carácter laboral, porque la solicitud relacionada a una pretensión vinculada con el pago de pensiones, debe realizarse ante las instancias laborales. Ello, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social, definiendo que, cuando actúa con este último carácter, no lo hace en su calidad de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque si bien dicho instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones que le sean solicitadas, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Criterio que también aplica a los reclamos que hace la pensionada por ascendencia de ese instituto, respecto de las prestaciones a las que considera tener derecho, por virtud de la vigencia o no de esa pensión respecto del otro beneficiario, de acuerdo con lo que al respecto establezca la ley, pues tiene frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, el carácter de asegurada. Por ello, no queda más que concluir que en actos como el reclamado en la demanda que nos interesa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo y contra tales actos no procede el juicio de derechos humanos en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. No se pasa por alto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015 determinó, en lo que aquí interesa, que el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de sus asegurados o beneficiarios, por lo que, cuando se atribuye al citado organismo la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto de manera excepcional y sólo en aras de privilegiar el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del mencionado derecho fundamental, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público de dicho organismo emita una respuesta a la petición. Sin embargo, también puntualizó, que respecto de la respuesta formulada en su oportunidad por el instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición, de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A (vigente en esa época) de la Ley Federal del Trabajo. Las anotadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), publicada en el Libro 31, Tomo II, junio de 2016, página 898, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2011948, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de junio de 2016, cuyos rubro y texto establecen: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Ello sirve para considerar que, en la especie, tratándose de dicho acto reclamado, no se amerita, para actuar en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, un estudio meticuloso, profundo y exhaustivo, que además requiera del conocimiento del informe justificado y de las pruebas que puedan allegarse en autos -todo lo cual es propio de la sentencia definitiva-, cuenta habida de que, como se sabe, por manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierte en forma notoria y clara de la demanda de amparo, mientras que por indudable aquello que no pueda ponerse en duda, en razón de que no es susceptible de desvirtuarse durante el juicio y, por ende, no es posible llegar a una conclusión diversa en sentencia, entonces debe concluirse que la referida causal cumple con tales expectativas, ya que, por una parte el origen patronal-laboral del acto reclamado emerge sin dificultad de la narración de hechos del quejoso y, por otra, al referirse a una cuestión de derecho y no de hecho, la consecuencia sería, que no es susceptible de desvirtuarse durante el trámite del juicio de amparo ni, por tanto, arribar a una convicción diversa al momento de dictarse resolución. Conviene destacar que, tanto la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 899-A, 899-B, 899-C, 899-D, 899-E, 899-F y 899-G, como los artículos 294 y 295, de la Ley del Seguro Social otorgan el carácter de derechos laborales, a los que pudieran tener los pensionados o los jubilados del instituto en cuestión, pues establecen que tales derechos, en casos de no ser reconocidos, puedan deducirse ante los tribunales laborales correspondientes. De los numerales de la legislación de seguridad social se advierte, que son impugnables, mediante el recurso de inconformidad (el cual es optativo como se verá más adelante), los actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social; y que tratándose de reclamos hechos por los asegurados y sus beneficiarios, éstos deben tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral. Lo que constituye un elemento de gran relevancia para establecer, que los actos de que se trata deben considerarse de naturaleza laboral. A ello se añade que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en supuestos similares, les ha dado a los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, matices de carácter laboral. Consideraciones que encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, ya mencionada. Asimismo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, visible en dicho Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, (sic) Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, novena época, con número de registro digital: 170182, que dice: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: 'SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.', sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en los diversos numerales 1o y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo instada por ********************. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a********************, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza la expedición de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, sin que tenga que mediar petición, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Asimismo, atendiendo a los medios tecnológicos con los que actualmente se cuenta y en correlación a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 3/2022, también se autoriza la expedición de copias certificadas de forma electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como su envío por correo electrónico, previo escrito en el que lo hagan de conocimiento; con la restricción ya anotada, siempre y cuando las constancias estén integradas al expediente electrónico. En cualquiera de los supuestos, se deberá dejar razón de recibido para debida constancia legal. Protección de datos personales De igual forma, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Transparencia y acceso a la información Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 413/2021. Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Se integra recurso de revisión. Visto lo de cuenta; del estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, remítase el expediente original del presente juicio de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Por tanto, en cumplimiento al proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, dejándose al efecto copia certificada de las constancias conducentes. Notifíquese.
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