Ana María Herrera Mendoza
Expediente 149/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ana María Herrera Mendoza
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, ya transcurrió para la parte quejosa; por tanto, se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
PRAL 149/2017-II Notifico por medio de lista a la parte quejosa Ana María Herrera Mendoza, el proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Visto el escrito signado por la quejosa Ana María Herrera Mendoza, por el que en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, refiere señalar como acto reclamado la falta de audiencia dentro del trámite administrativo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se canceló la pensión por viudez de la cual era beneficiaria respecto de los derechos laborales del extinto trabajador Juan Manuel Corona García, y por ende, la cancelación de la citada pensión. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del diverso 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte inconforme deriva del hecho consistente en que contra el acto reclamado consistente en la falta de audiencia al procedimiento llevado a cabo por el instituto responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa debió agotar los mecanismos ordinarios de defensa que establece la ley ordinaria, previamente a la interposición de la instancia constitucional. El precepto en mención establece: ... El artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en materia administrativa, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo, en el entendido de que sólo será exigible el agotamiento de un recurso si éste se encuentra previsto en la ley que resulte aplicable. En efecto, la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición de los recursos ordinarios se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; y 2) con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio. ... Así, del precepto legal invocado y su correlativa interpretación se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, contra resoluciones administrativas respecto de las cuales la ley conceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En ese tenor, únicamente en aquellos supuestos en los que la ley del acto prevea un medio ordinario de defensa, pero para el otorgamiento de la suspensión se prevean requisitos adicionales a los establecidos en la Ley de Amparo, no habrá necesidad de agotar el juicio, recurso o mecanismo legal que proceda. Sentado lo anterior, resulta conveniente traer a colación el contenido de los artículos 2 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como del numeral 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecen: ... Sobre tales bases, si los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten la falta de audiencia dentro del trámite administrativo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se canceló la pensión por viudez de la cual era beneficiaria respecto de los derechos laborales del extinto trabajador Juan Manuel Corona García, y por ende, la cancelación de la citada pensión, debió controvertir dichos actos a través del juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tan es así, que en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la parte quejosa está en aptitud de alegar que la falta de audiencia en el procedimiento por el que se canceló la pensión por viudez de la que era beneficiaria, o que lo fue notificado ilegalmente, en cuyo caso se observarán las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. El término para ampliar la demanda, será de veinte días, contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación. De ahí que, el juicio contencioso administrativo constituya la vía idónea para reclamar tanto la cancelación de la pensión por viudez de la que es beneficiaria, así como la falta de audiencia al procedimiento, puesto que se prevé la posibilidad de ampliar la demanda, siempre que el actor manifieste bajo protesta de decir verdad, que tal comunicación no le fue efectuada o que su caso que no se realizó en los términos legales. Ello es así, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si contra el acto de autoridad impugnado por el promovente, existe algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, éste debe ser agotado previamente sin distinción alguna; en consecuencia, es suficiente que la ley del acto lo contenga para que esté a disposición del interesado y pueda interponerlo, de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino que se encuentra obligado en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es determinante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior conduce a estimar que la parte agraviada no puede abandonar la defensa ordinaria establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y promover el juicio de amparo, sino que debe agotar los medios de defensa anteriores a la instancia constitucional, es decir, la promovente debió combatir la falta de audiencia al trámite administrativo por el que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, canceló la pensión por viudez de la cual era beneficiaria respecto de los derechos laborales del extinto trabajador Juan Manuel Corona García, así como la cancelación misma, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que constituyen una resolución en materia de pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos de lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 3 de la citada ley orgánica, ya que en esa sede puede lograr la nulificación, revocación o modificación de los actos que pretende impugnar en la vía constitucional. Sin que el juicio contencioso administrativo prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, conforme lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: ... En ese sentido, del análisis comparativo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que aquel numeral, para el otorgamiento de la suspensión, no prevé mayores requisitos que los previstos en este último para la concesión de la medida cautelar señalada, pues ambos establecen como requisitos para su otorgamiento: 1) que la solicite el agraviado; 2) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Consecuentemente, debe concluirse los actos reclamados debieron controvertirse a través del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, la jurisprudencia transcrita no resulta aplicable al caso concreto, en razón de que fue emitida conforme a una legislación esencialmente diferente a la que se encuentra vigente, como lo revela el siguiente cuadro comparativo: Artículo vigente antes de la reforma publicada en el D.O.F. el 10 de diciembre de 2010 Reforma publicada en el D.O.F. el 10 de diciembre de 2010 Artículo 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos. I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio. II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión. III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión. IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo. V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas. VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite. VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este Capítulo. IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable. b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda. XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme. XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada. Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal. XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida. Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Lo anterior pone de manifiesto que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo reformado mediante Decreto publicado el diez de diciembre de dos mil diez, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados que los que establece la Ley de Amparo, publicada mediante Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece. Asimismo, debe destacarse la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que estableció que para el caso de la determinación y cálculo de incrementos a la pensión, el juicio de amparo es improcedente, pues debe acudirse al juicio contencioso administrativo; luego, si en el presente expediente la materia del acto reclamado lo es la cancelación de una pensión por viudez a cargo del erario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dicho criterio que es aplicable en el presente caso por las razones que la informan. Lo anterior, se encuentra visible en la jurisprudencia consultable en el libro XXI, junio de 2013, tomo 1, página 988, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2003874, que a la letra dice: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo". En las relatadas circunstancias, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ana María Herrera Mendoza.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Vista la demanda de cuenta que promueve Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 149/2017-II. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran el establecido en la fracción IV, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y dado que con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; Precise si el acto reclamado lo constituye la determinación administrativa de la delegación responsable por la que se canceló la pensión por viudez de la cual es beneficiaria respecto de los derechos laborales del extinto trabajador Juan Manuel Corona García, así como su la falta de notificación, o en su caso, el señalado expresamente en su demanda de amparo. Lo anterior, así se requiere, dado que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado refiere señalar "La falta de audiencia dentro del trámite administrativo que el instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, llevo a cabo para la cancelación de la pensión por viudez, de la cual es beneficiaria la suscrita respecto de los derechos laborales del extinto trabajador JUAN MANUEL CORONA GARCÍA", sin embargo, en sus antecedentes del acto reclamado manifestó que el dos de febrero de la presente anualidad al presentarse en el departamento de pensiones del instituto responsable, le fue informado por el encargado del departamento que habían cancelado su pensión por anomalías en sus documentos; doliéndose de dicha cancelación en sus conceptos de violación, de ahí que no se tenga la certeza de cuál es su acto reclamado. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo requerimiento precisado dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de amparo vigente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo, asimismo, como autorizados únicamente para tal efecto a Ernesto Josué Lean Lira y Norberto Emilio Piedras León, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Asimismo, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.
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