Ana María Herrera Mendoza

Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
869/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Ana María Herrera Mendoza
  • Florentino Alvarado Mendoza
  • Pilar Alvarado Mendoza
  • Abel Sergio Herrera Mendoza
  • Artemio Alvarado Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devuélvase a la autoridad Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el original del toca de apelación 165/2021 y la copia certificada del expediente 505/2018; sin que sea necesario que acuse de recibo dado que la constancia de notificación que al efecto se recabe por el fedatario adscrito a este juzgado, se considerará con ese efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 869/2021, promovido por Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda. Acto que consideró violatorio de los artículos 8, 13, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veintidós de septiembre dos mil veintiuno, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 869/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a quien le asistiera el carácter de tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a Artemio, Pilar, Florentino y María Nelly Guillermina, todos de apellidos Alvarado Mendoza, y a Abel Sergio Herrera Mendoza. A las diez horas con nueve minutos del veintisiete de octubre de este año, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: - La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, mediante la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que se desechó el recurso de queja enderezado en contra de la resolución que desechó el incidente penal promovido dentro del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas junto con el informe justificado, consistentes en el original del toca de apelación 165/2021, y copia certificada del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. De las constancias aludidas se observa que la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, se notificó a la quejosa personalmente el treinta de agosto del citado año. De conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación. De manera que la notificación realizada a la parte quejosa, surte efectos el mismo día en que se realizó, en tanto que el código procesal en mención no especifica lo contrario. Así, el término de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintiuno. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de septiembre del año próximo pasado, es oportuna su presentación. QUINTO. Causa de improcedencia fundada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Acto reclamado no es de ejecución irreparable. De oficio este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y, por tanto, no es un acto de ejecución irreparable. De conformidad con las normas mencionadas, por actos de ejecución irreparable dentro de juicio se entienden comprendidos únicamente aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos procesales que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de un juicio que resulten de imposible reparación. Por consiguiente, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de ejecución irreparable, se deberá atender a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, se reclama la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, mediante la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que se desechó el recurso de queja enderezado en contra de la resolución que desechó el incidente penal promovido dentro del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios. Por ende, para determinar si el acto reclamado es de ejecución irreparable y, por ende, si en su contra procede el juicio de amparo, corresponde verificar la naturaleza del incidente penal conforme a la legislación procesal aplicable. En ese sentido el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala -en los artículos 737 a 741- establece que en un asunto civil se podrá decidir en la vía incidental, si debe tomarse en consideración o no para el dictado de la sentencia, una prueba o acto señalado como delictuoso, que este incidente suspende el procedimiento y que si se declara que hay delito, lo actuado será nulo a partir de la denuncia del hecho delictuoso, sólo en tanto haya influido en lo actuado y resuelto en el juicio. Como se puede ver, el incidente penal sirve para restar valor o anular alguna actuación que se señale como delictuosa, a fin de que no sea tomada en cuenta para resolver el juicio de que se trate; por lo que puede decirse que esta actuación solo tiene efectos dentro del juicio, es decir, su trascendencia se limita a los derechos procesales en juego durante la tramitación de un litigio civil. Apoya lo anterior la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 215479, que dice: "INCIDENTE PENAL. NATURALEZA DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se infiere que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que tienen un origen delictuoso y que por tanto no pueden ser opuestos en perjuicio de quien hace valer el incidente." Conforme a lo anterior, puede establecerse que el acto reclamado -resolución que desechó el recurso de revocación- está vinculado con una determinación procesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos relacionados con la exclusión de algún medio de prueba o actuación que pueda constituir un delito. Al respecto es dable citar la tesis aislada del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 222342, de contenido: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE EL DESECHAMIENTO ILEGAL DE UN INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. El desechamiento ilegal de un incidente penal, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento previstas en las ocho primeras fracciones del artículo 159 de Ley de Amparo, debe conceptuarse como una violación procesal impugnable a través del juicio de amparo directo, pues constituye un caso análogo al previsto en la fracción IX de la citada disposición. Esto es así, porque igual estado de indefensión se causa a una persona a la que no se le admite el aludido incidente penal; que a quien se le desecha un recurso, si en uno u otro caso versan sobre providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones del mencionado artículo 159 de la Ley de la materia." De igual manera, sirve de sustento a la conclusión alcanzada la diversa tesis aislada con número registro digital 208461, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. EL DESECHAMIENTO TACHADO DE ILEGAL CONSTITUYE UNA VIOLACION DE PROCEDIMIENTO QUE DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracciones IX y XI de la Ley de Amparo dicen: en los juicios seguidos ante Tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo: XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. En las condiciones precedentes, puede sostenerse que el desechamiento de un incidente penal, si se decreta ilegalmente, produce indefensión porque priva al sujeto de la oportunidad de acreditar que el acto o la prueba no pueden surtir efectos en su contra, debido a que son el resultado de un delito, lo que aunado a que por tales motivos se afectan partes sustanciales del procedimiento, la conducta de mérito es susceptible de ser considerada como una causa análoga a la que prevé la fracción XI, del artículo 159, de la Ley de Amparo, de donde resulta que en términos del 158, siguiendo los lineamientos del 161 del mismo ordenamiento, debe reclamarse como una violación al procedimiento, en el amparo directo que en su caso y oportunidad se solicite contra la sentencia definitiva, siempre y cuando se hayan tomado en cuenta en ésta el acto o la prueba que se califican como delictuosos, ya que de otra manera, no podría sostenerse que se afectan los intereses del agraviado." Así, el acto reclamado no ocasiona a la parte quejosa algún perjuicio de ejecución irreparable toda vez que la actuación con la que está vinculado -desechamiento de un incidente penal- constituye un acto procesal que no es irreparable y, por ende, no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que la parte quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como el desechamiento del incidente penal, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, es dable sostener que en la especie la determinación reclamada sólo produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si ello trascendió al resultado del fallo. Es decir, debe esperarse a que se resuelva el juicio sucesorio de origen a fin de determinar si el desechamiento del incidente penal trastocó algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Máxime que, incluso, al resolverse el juicio sucesorio de origen, existe la posibilidad de que la parte quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que estará en posibilidad de acudir, una vez agotado el recurso ordinario, al amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado antes mencionado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, respecto del acto reclamado y autoridad responsables precisados en el considerando tercero de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el quinto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a los terceros interesados; y, por oficio a la autoridad responsable. ***

  3. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 869/2021, promovido por Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que precisó en su demanda. Acto que consideró violatorio de los artículos 8, 13, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El veintidós de septiembre dos mil veintiuno, la demanda de amparo se radicó bajo el expediente 869/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado correspondiente; se reservó emplazar a quien le asistiera el carácter de tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a Artemio, Pilar, Florentino y María Nelly Guillermina, todos de apellidos Alvarado Mendoza, y a Abel Sergio Herrera Mendoza. A las diez horas con nueve minutos del veintisiete de octubre de este año, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: - La resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, mediante la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que se desechó el recurso de queja enderezado en contra de la resolución que desechó el incidente penal promovido dentro del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, por lo que se tiene por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas junto con el informe justificado, consistentes en el original del toca de apelación 165/2021, y copia certificada del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. De las constancias aludidas se observa que la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, se notificó a la quejosa personalmente el treinta de agosto del citado año. De conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación. De manera que la notificación realizada a la parte quejosa, surte efectos el mismo día en que se realizó, en tanto que el código procesal en mención no especifica lo contrario. Así, el término de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintiuno. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de septiembre del año próximo pasado, es oportuna su presentación. QUINTO. Causa de improcedencia fundada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. Acto reclamado no es de ejecución irreparable. De oficio este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y, por tanto, no es un acto de ejecución irreparable. De conformidad con las normas mencionadas, por actos de ejecución irreparable dentro de juicio se entienden comprendidos únicamente aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos procesales que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de un juicio que resulten de imposible reparación. Por consiguiente, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de ejecución irreparable, se deberá atender a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, se reclama la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca civil de queja 165/2021, mediante la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto en el que se desechó el recurso de queja enderezado en contra de la resolución que desechó el incidente penal promovido dentro del expediente 505/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Luisa Mendoza o Ma. Luisa Mendoza o Luisa Mendoza Palacios. Por ende, para determinar si el acto reclamado es de ejecución irreparable y, por ende, si en su contra procede el juicio de amparo, corresponde verificar la naturaleza del incidente penal conforme a la legislación procesal aplicable. En ese sentido el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala -en los artículos 737 a 741- establece que en un asunto civil se podrá decidir en la vía incidental, si debe tomarse en consideración o no para el dictado de la sentencia, una prueba o acto señalado como delictuoso, que este incidente suspende el procedimiento y que si se declara que hay delito, lo actuado será nulo a partir de la denuncia del hecho delictuoso, sólo en tanto haya influido en lo actuado y resuelto en el juicio. Como se puede ver, el incidente penal sirve para restar valor o anular alguna actuación que se señale como delictuosa, a fin de que no sea tomada en cuenta para resolver el juicio de que se trate; por lo que puede decirse que esta actuación solo tiene efectos dentro del juicio, es decir, su trascendencia se limita a los derechos procesales en juego durante la tramitación de un litigio civil. Apoya lo anterior la tesis aislada del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 215479, que dice: "INCIDENTE PENAL. NATURALEZA DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 635 y 636 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se infiere que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que tienen un origen delictuoso y que por tanto no pueden ser opuestos en perjuicio de quien hace valer el incidente." Conforme a lo anterior, puede establecerse que el acto reclamado -resolución que desechó el recurso de revocación- está vinculado con una determinación procesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos relacionados con la exclusión de algún medio de prueba o actuación que pueda constituir un delito. Al respecto es dable citar la tesis aislada del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro digital 222342, de contenido: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE EL DESECHAMIENTO ILEGAL DE UN INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. El desechamiento ilegal de un incidente penal, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento previstas en las ocho primeras fracciones del artículo 159 de Ley de Amparo, debe conceptuarse como una violación procesal impugnable a través del juicio de amparo directo, pues constituye un caso análogo al previsto en la fracción IX de la citada disposición. Esto es así, porque igual estado de indefensión se causa a una persona a la que no se le admite el aludido incidente penal; que a quien se le desecha un recurso, si en uno u otro caso versan sobre providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones del mencionado artículo 159 de la Ley de la materia." De igual manera, sirve de sustento a la conclusión alcanzada la diversa tesis aislada con número registro digital 208461, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "INCIDENTE PENAL EN UN JUICIO CIVIL. EL DESECHAMIENTO TACHADO DE ILEGAL CONSTITUYE UNA VIOLACION DE PROCEDIMIENTO QUE DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracciones IX y XI de la Ley de Amparo dicen: en los juicios seguidos ante Tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo: XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. En las condiciones precedentes, puede sostenerse que el desechamiento de un incidente penal, si se decreta ilegalmente, produce indefensión porque priva al sujeto de la oportunidad de acreditar que el acto o la prueba no pueden surtir efectos en su contra, debido a que son el resultado de un delito, lo que aunado a que por tales motivos se afectan partes sustanciales del procedimiento, la conducta de mérito es susceptible de ser considerada como una causa análoga a la que prevé la fracción XI, del artículo 159, de la Ley de Amparo, de donde resulta que en términos del 158, siguiendo los lineamientos del 161 del mismo ordenamiento, debe reclamarse como una violación al procedimiento, en el amparo directo que en su caso y oportunidad se solicite contra la sentencia definitiva, siempre y cuando se hayan tomado en cuenta en ésta el acto o la prueba que se califican como delictuosos, ya que de otra manera, no podría sostenerse que se afectan los intereses del agraviado." Así, el acto reclamado no ocasiona a la parte quejosa algún perjuicio de ejecución irreparable toda vez que la actuación con la que está vinculado -desechamiento de un incidente penal- constituye un acto procesal que no es irreparable y, por ende, no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que la parte quejosa resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como el desechamiento del incidente penal, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio. Por tanto, es dable sostener que en la especie la determinación reclamada sólo produce una afectación de índole procesal que no vulnera derechos sustantivos de forma inmediata, sino que tiene que esperarse el fallo final para advertir si ello trascendió al resultado del fallo. Es decir, debe esperarse a que se resuelva el juicio sucesorio de origen a fin de determinar si el desechamiento del incidente penal trastocó algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Máxime que, incluso, al resolverse el juicio sucesorio de origen, existe la posibilidad de que la parte quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; lo cual reafirma el razonamiento aquí planteado, pues con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que estará en posibilidad de acudir, una vez agotado el recurso ordinario, al amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado antes mencionado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ana María Herrera Mendoza, por propio derecho, respecto del acto reclamado y autoridad responsables precisados en el considerando tercero de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el quinto considerando de ésta. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando del presente fallo, al hacerse público deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por lista a los terceros interesados; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veinticinco de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Roberto César Morales Corona, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veintiuno. ? Estados de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días concedido a las partes en proveído de quince de los actuales para que se impongan del contenido de las constancias que remitió el secretario de acuerdos de la autoridad responsable en términos de los artículos 75 y 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. ? Pruebas y alegatos. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas de su parte las pruebas que refiere en el escrito de cuenta como documental pública y la presuncional legal y humana, en los términos que refiere. Relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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