Ana María Hernández Olivas
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana María Hernández Olivas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de agosto de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 596/2022-II, promovido por *******, contra actos del Juez de Primera instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día siguiente hábil, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes reclama las órdenes de aprehensión y detención, así como su ejecución; además de la omisión por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado en esas oficinas el cuatro del julio del presente año. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente asunto, se desprende que el quejoso se duele de: Las órdenes de aprehensión y detención emitidas en su contra, así como su respectiva ejecución. La omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el cuatro de julio del presente año, ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados, la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Norte en representación del Fiscal de Distrito Zona Norte, el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, el Director de Análisis Jurídicos de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, y el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, negaron categóricamente la existencia de los actos endilgados, relativos a las órdenes de aprehensión y detención emitidas en su contra, así como su respectiva ejecución. Lo anterior sin que la parte quejosa, por sí ni por conducto de su autorizado en amplios términos, haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar las negativas de las responsables; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal, fue omisa en pronunciarse respecto al acto que se le endilga, a saber, la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el cuatro de julio del presente año, ante esas oficinas; de ahí que en términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete del actual y se presume su existencia. Lo anterior es así, pues anexo a su demanda de amparo, la quejosa exhibió el escrito presentado ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en el cual obra sello de recibido a las diez horas del cuatro de julio del año que transcurre. Quinto. Actualización de causal de improcedencia. Esta Juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia contempladas en la fracción Xll, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción l, de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Ahora bien, la parte quejosa reclama que el cuatro de julio de dos mil veintidós, presentó un escrito ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, peticionando le informara si se ha librado orden de aprehensión en su contra. En este sentido, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término a quien elevó su petición. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere al dispositivo invocado con -breve término-, pues éste debe entenderse como aquél en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. En efecto, de la demanda que nos ocupa, según el dicho de la quejosa, le causa agravio que la autoridad designada como responsable haya hecho caso omiso a su petición planteada, violándose con ello lo establecido en el artículo 8° constitucional; empero, dicha actuación de ninguna manera puede concluirse que le ocasione un perjuicio en su esfera de derecho, pues del escrito anexo a la demanda, la petición se realizó el cuatro de julio de dos mil veintidós, mientras que el escrito de demanda de amparo se presentó el cinco de julio de dos mil veintidós. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su numeral 7, establece que la autoridad ante quien se ejerza el derecho de petición en los términos del artículo 8º de la Constitución Federal, comunicará su proveído al peticionario a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo que disponga la ley para casos especiales. Atento a ello, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había transcurrido el plazo establecido de quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito, para que la autoridad diera contestación a tal petición, ya que, desde la presentación de ésta, a la de la promoción de la demanda de amparo únicamente transcurrió un día hábil, de ahí que la substanciación de este juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En sustento a lo anterior se cita la tesis XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, que a la letra dice: DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia P./J. 5/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2019191, Décima Época, Materias Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 9, del rubro y texto: PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo que ponderó en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 31/97 y 14/2001, a la contradicción de tesis 350/2009, y a la acción de inconstitucionalidad 87/2015, respecto de los alcances e implicaciones del federalismo, de la diversidad y del pluralismo, inclusive en el ámbito de los derechos humanos, en lo que concierne a la definición de los niveles de protección de las normas sobre derechos y libertades, así como respecto a que los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e, incluso, ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos a los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta que, en esa materia, las entidades federativas gozan de un margen decisorio, al estar acotadas a actuar sin rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación a derechos humanos, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, así como a que, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, éstos se representan primeramente a través de principios o mandatos de optimización. A partir de ello, se concluye que el Constituyente de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, para emitir el artículo 7 de la Constitución Política de esa entidad, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles a fin de que las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de los organismos autónomos locales, den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas (a que alude el artículo 8o. de la Constitución General de la República), porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, en principio, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8o. citado. Luego, incluso si se analizara la norma local al tenor del artículo 1o. de la Carta Magna, en su vigencia actual, resultaría correcta, pues al final fue emitida en aras de proteger y garantizar el derecho humano de petición en el ámbito de competencia de la autoridad que la emitió. A mayor abundamiento, esta Juzgadora toma en consideración que la justiciable peticionó a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se le informara si existía orden de aprehensión librada en su contra, así como que los informes rendidos y que obran en autos, se desprende que dicho mandamiento de captura, a la fecha en que estos fueron elaborados, no existía orden de captura en contra de la quejosa; lo que de suyo lleva implícita la respuesta a su solicitud. En las relacionadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en la fracción Xll del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción l, y lo procedente es sobreseer respecto al acto materia de estudio en este considerando. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 596/2022-II, promovido por *******, en contra de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, en atención a las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 596/2022-II, promovido por *******. Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes reclama las órdenes de aprehensión y detención, así como su ejecución. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Mediante auto de siete de julio de dos mil veintidós se dio apertura a este incidente de suspensión, tal como fue ordenado en el expediente principal del que se deduce; se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 49 en relación con el 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir sus informes previos, el Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el Director de Análisis Jurídicos de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, y el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, ambos con sede en esa ciudad capital, negaron categóricamente los actos que les fueron endilgados. Sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna, por sí o por conducto de sus autorizados, para desvirtuar tal negativa; de modo que, tienen por inexistentes los actos de referencia, reclamados a las citadas autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******, en contra de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución incidental. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho, por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
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