Ana María Hernández Figueroa

Expediente 67/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
67/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Ana María Hernández Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del siete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; por tanto, archívese como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y colóquese en la carátula la tarjeta informativa correspondiente. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no las allegó. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) bajo el número 67/2023-II. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en devolverle la cantidad de ***, por concepto de viudez, a través del oficio ***. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de referencia. Dicho precepto dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad judicial debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ahora bien, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, la parte impetrante tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 58, fracción II, inciso a) numeral 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia". Del artículo transcrito se aprecia que procede el recurso de queja cuando se reclame el incumplimiento de una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, se reitera que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en devolverle la cantidad de ***, por concepto de viudez, a través del oficio ***. Ahora bien, de la narración de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la peticionaria manifestó que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho demandó la nulidad de la resolución negativa ficta al escrito presentado al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que solicitó la concesión de la pensión por concubinato por muerte del pensionado. Posteriormente, el dieciséis de mayo del citado año, se admitió a trámite su demanda y seguido sus etapas procesales el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho se dictó la sentencia definitiva en la que, a decir de la quejosa, se resolvió lo siguiente: La actora acreditó los hechos constitutivos de su acción en consecuencia. SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, descrita en el resultando 1° de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos señalados en el último considerando de la misma. SE CONDENA A LA AUTORIDAD se le otorgue la pensión de concubinato solicitada y se ordena realizar el pago correspondiente desde la fecha en que se generó su derecho a percibirla. Posteriormente, el treinta y uno de enero del año en curso, la promovente solicitó a la autoridad responsable el pago retroactivo de las pensiones y la liquidación de pago por la cantidad de ***; sin embargo, el diez de febrero de dos mil veintitrés recibió un correo electrónico por parte de la autoridad responsable en el que se le informó la imposibilidad de realizar la devolución de dicha cantidad. En ese sentido, se considera que el recurso de queja es el medio de impugnación que procede previo a promover el juicio de amparo cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, lo anterior es así, dado que constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, como en el caso acontece y, más aun constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, en virtud de los mecanismos que prevé para ello, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e incluso la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo, y que por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de medidas de apremio en caso de contumacia y la comunicación de esta por conducto de su superior jerárquico ante su incumplimiento; circunstancia por la que resulta incuestionable que la quejosa, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, con registro digital: 2024468, del rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por encontrase dentro de la jurisdicción de este órgano de control y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, a las que faculta en términos amplios, deberán contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que, conforme a la certificación inicial, cuenta con el registro correspondiente; se instruye a la. Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Citatorio. Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del siete de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) bajo el número 67/2023-II. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en devolverle la cantidad de ***, por concepto de viudez, a través del oficio ***. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de referencia. Dicho precepto dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad judicial debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ahora bien, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, la parte impetrante tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 58, fracción II, inciso a) numeral 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia". Del artículo transcrito se aprecia que procede el recurso de queja cuando se reclame el incumplimiento de una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, se reitera que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable en devolverle la cantidad de ***, por concepto de viudez, a través del oficio ***. Ahora bien, de la narración de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la peticionaria manifestó que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho demandó la nulidad de la resolución negativa ficta al escrito presentado al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que solicitó la concesión de la pensión por concubinato por muerte del pensionado. Posteriormente, el dieciséis de mayo del citado año, se admitió a trámite su demanda y seguido sus etapas procesales el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho se dictó la sentencia definitiva en la que, a decir de la quejosa, se resolvió lo siguiente: La actora acreditó los hechos constitutivos de su acción en consecuencia. SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, descrita en el resultando 1° de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos señalados en el último considerando de la misma. SE CONDENA A LA AUTORIDAD se le otorgue la pensión de concubinato solicitada y se ordena realizar el pago correspondiente desde la fecha en que se generó su derecho a percibirla. Posteriormente, el treinta y uno de enero del año en curso, la promovente solicitó a la autoridad responsable el pago retroactivo de las pensiones y la liquidación de pago por la cantidad de ***; sin embargo, el diez de febrero de dos mil veintitrés recibió un correo electrónico por parte de la autoridad responsable en el que se le informó la imposibilidad de realizar la devolución de dicha cantidad. En ese sentido, se considera que el recurso de queja es el medio de impugnación que procede previo a promover el juicio de amparo cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, lo anterior es así, dado que constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, como en el caso acontece y, más aun constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, en virtud de los mecanismos que prevé para ello, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e incluso la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo, y que por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de medidas de apremio en caso de contumacia y la comunicación de esta por conducto de su superior jerárquico ante su incumplimiento; circunstancia por la que resulta incuestionable que la quejosa, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, con registro digital: 2024468, del rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA". En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por encontrase dentro de la jurisdicción de este órgano de control y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que, a las que faculta en términos amplios, deberán contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que, conforme a la certificación inicial, cuenta con el registro correspondiente; se instruye a la. Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

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